En los márgenes de la geopolítica imperial, miles de migrantes venezolanos y venezolanas siguen pagando con sus cuerpos y su libertad las consecuencias de una política criminal que Estados Unidos extiende más allá de sus fronteras.
Hoy, centenares de ciudadanos, en su mayoría de nacionalidad venezolana, están detenidos en El Salvador, secuestrados por un régimen carcelario que responde más a las órdenes de Washington que a los intereses de su propio pueblo.
En marzo de 2025, la administración de Donald Trump —en su intento desesperado por demostrar mano dura migratoria en plena campaña— utilizó una ley del siglo XVIII, la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, para justificar la expulsión de más de 260 migrantes venezolanos hacia El Salvador. La operación, ejecutada con total opacidad y sin garantías legales, convirtió a estos ciudadanos en rehenes de un acuerdo sombrío entre Bukele y Estados Unidos.
¿Qué delito cometieron? Ninguno. Pero a pesar de ello son tratados como criminales y encerrados en la megacárcel CECOT, esa vitrina del autoritarismo que Bukele muestra como trofeo.
Maduro no tardó en denunciar estos hechos como lo que son: “secuestraron a un grupo de venezolanos y se los llevaron a un campo de concentración en El Salvador”
El presidente Nicolás Maduro no tardó en denunciar estos hechos como lo que son: “secuestraron a un grupo de venezolanos y se los llevaron a un campo de concentración en El Salvador”. Y agregó que su gobierno trabaja para repatriarlos y exigir justicia.
Esta no es una acción aislada. Es parte de una arquitectura de tercerización del castigo, donde Estados Unidos impone medidas coercitivas unilaterales e ilegales y bloqueos económicos a quienes no se arrodillan ante el imperio y paga a gobiernos como el de Bukele para que encarcelen. Es una externalización del muro, en versión tropical y penitenciaria.
Frente a esta infamia, el gobierno bolivariano ha intensificado el Plan Vuelta a la Patria. Desde la creación de este plan, más de 1,2 millones de venezolanos han sido repatriados de manera voluntaria, según informó recientemente el canciller Yván Gil. Apenas en marzo, 306 personas regresaron desde México en un vuelo humanitario. Y como símbolo de dignidad rescatada, el Estado venezolano logró la repatriación de Maikelys Antonella, una niña de dos años que había sido separada de sus padres deportados. El presidente Nicolás Maduro calificó la acción como “un acto profundamente humano” y reafirmó el compromiso del Gobierno con la reunificación familiar. La niña, retenida por meses bajo custodia migratoria extranjera, fue finalmente devuelta al seno de su familia tras una intensa gestión diplomática. Su liberación no solo es un acto de justicia, sino también un grito contra la deshumanización de la infancia en manos de políticas migratorias inhumanas.
Mientras los medios hegemónicos callan y los organismos internacionales miran hacia otro lado, la solidaridad y la dignidad siguen siendo bandera de lucha.
En este contexto, es inadmisible el silencio de la comunidad internacional. La ONU, y en particular su Alta Comisionada para los Derechos Humanos, tiene la responsabilidad de denunciar estas violaciones flagrantes al derecho internacional humanitario. La detención arbitraria, el trato degradante y la externalización del castigo migratorio deben ser condenados sin ambigüedades. La organización no puede seguir actuando con tibieza ante la criminalización de migrantes inocentes por parte de potencias que violan sistemáticamente los derechos humanos.
Los migrantes no son criminales. Son víctimas del imperio y de sus cómplices. Y como pueblo, tenemos la obligación de alzar la voz. Porque ningún ser humano es ilegal. Porque ningún venezolano merece ser moneda de cambio entre Trump y Bukele.
No podemos permitir que la indiferencia se imponga sobre la justicia. O denunciamos con fuerza este atropello, o seremos cómplices silenciosos de un crimen infame. El silencio no es neutralidad: es colaboración con el verdugo.
