En el número 7 de la calle Tribulete, en pleno Lavapiés, no se rinden. Después de más de un año de movilización sostenida, los vecinos del edificio han dado un salto histórico al interponer la primera querella colectiva por acoso inmobiliario que se presenta en el Estado. La acción judicial, dirigida contra la socimi Elix Rental Housing —vinculada al fondo de inversión AltamarCAM Partners—, marca un precedente clave en la lucha contra la especulación urbanística en Madrid y pone en el centro la capacidad de organización y resistencia de los barrios.
La querella, presentada el pasado 22 de mayo con el respaldo del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, acusa a la empresa de recurrir sistemáticamente a prácticas de mobbing inmobiliario con el objetivo de forzar la salida de las más de 50 familias que aún residen en el edificio. Desde la compra del bloque en marzo de 2024, los residentes denuncian haber sufrido amenazas, cortes de suministros, obras agresivas sin previo aviso y una presión constante para abandonar sus casas, pese a estar al día en sus alquileres.
“El caso de Tribulete no es un episodio aislado. Representa una forma de actuar extendida entre fondos y socimis que compran bloques enteros para transformar vivienda de alquiler asequible en pisos turísticos o residencias temporales a precios inasumibles para el vecindario”, explica Alejandra Jacinto, abogada del Colectivo Ronda y una de las letradas que ha impulsado la querella.
El edificio, gestionado durante décadas por una familia rentista con contratos tradicionales y precios estables —algunos entre 550 y 900 euros—, fue vendido a Elix, una sociedad constituida específicamente para intervenir en el mercado de la vivienda madrileña con fines lucrativos. Desde entonces, la convivencia se ha deteriorado bajo lo que los vecinos describen como una campaña de hostigamiento, que ha requerido incluso la intervención policial en varias ocasiones.
Lo que diferencia esta querella es su dimensión colectiva y su potencial impacto jurídico. “Estamos hablando de un delito contra la integridad moral, recogido en el artículo 173.1 del Código Penal, pero además estamos planteando que puede ser cometido por una persona jurídica, como una socimi”, subraya Jacinto. Entre las medidas solicitadas se encuentra la suspensión cautelar de las obras, que podrían ser parte de una estrategia de desgaste para vaciar el edificio sin necesidad de recurrir a procesos judiciales individuales de desahucio.
La organización vecinal ha sido determinante. Desde que comenzó el conflicto, Tribulete 7 se ha convertido en un símbolo de la resistencia popular a la gentrificación: conciertos en la calle, asambleas abiertas, acciones performativas y hasta un funeral simbólico por la muerte de los barrios han jalonado un proceso de empoderamiento colectivo que ahora se expresa también en los tribunales.
“Que esta querella exista solo ha sido posible porque las vecinas han decidido no rendirse. Porque han dicho: no nos vamos. Y eso, en un contexto como el actual, es una afirmación profundamente política”, ha afirmado Lucas Vaquero, portavoz del Sindicato de Inquilinas. La iniciativa no solo busca frenar el desalojo de Tribulete 7. Pretende abrir camino a otras luchas similares que se desarrollan en la ciudad: desde Lavapiés hasta Arganzuela o Chamberí, son cada vez más los casos en los que inquilinos denuncian presiones y maniobras para forzar su salida. El resultado de este proceso podría marcar un antes y un después en la defensa del derecho a la vivienda en un Madrid sometido a la lógica del mercado.
