El Juzgado Mercantil número 2 de Barcelona ha desestimado la demanda de Just Eat contra Glovo, en la que la multinacional exigía 295 millones de euros por competencia desleal al considerar que su rival operaba con repartidores falsos autónomos. Pero más allá del contenido económico y jurídico del caso, la sentencia se ha convertido en una inesperada tribuna ideológica: el magistrado Álvaro Lobato dedica buena parte del fallo a una encendida defensa del modelo laboral de Glovo y a criticar duramente tanto a las inspectoras de Trabajo como al marco regulatorio español.
El juez sostiene que el modelo de autónomos aplicado por Glovo desde 2019 “garantiza sobradamente la autonomía e independencia de los riders” y que los contratos suscritos desde entonces permiten a los trabajadores “configurar una relación jurídica autónoma”. En su opinión, el de Glovo es un negocio “innovador, tecnológicamente avanzado”, que colisiona con un marco laboral “controvertido y obsoleto”.
Más aún, Lobato ensalza abiertamente el sistema de Glovo frente al empleo asalariado: “Es difícil imaginar una empresa en régimen de trabajo asalariado que conceda a sus trabajadores tan extraordinario grado de autonomía para organizar libremente su trabajo y disponer de su tiempo”.
Frente a los numerosos fallos judiciales y pronunciamientos de Inspección de Trabajo que han concluido que los riders de Glovo son falsos autónomos, el juez da plena validez al nuevo sistema de contratación y rechaza que haya habido una ventaja competitiva ilegítima. Incluso ironiza sobre las denuncias de Just Eat al afirmar: “No hay nadie más indicado que los propios afectados para decidir lo que mejor les conviene, excepto algún iluminado y omnisciente burócrata que parece gozar de un privilegiado acceso a la Verdad”.
El tono más polémico del fallo llega al valorar el testimonio de las inspectoras de Trabajo que comparecieron como testigos en el juicio. Según Lobato, sus declaraciones “debieran relativizarse porque adolecen de un indiscutible sesgo de grupo”, y afirma que reflejan “el eco nostálgico de la España sindicalizada, ‘el mundo de ayer’ administrado y burocrático”. Va más allá al acusarlas de dejarse llevar por “atajos heurísticos y sesgos conductuales” en sus procesos de decisión, “contaminados por tendencias psicológicas que tienen profundos anclajes biológicos”.
La resolución recuerda que el juez solo debía pronunciarse en el ámbito mercantil, no laboral, y defiende que los modelos de negocio de Just Eat y Glovo no son comparables. Según el fallo, Just Eat opera mayoritariamente en el mercado físico, mientras que Glovo concentra su actividad en el reparto a domicilio. También niega que la contratación de autónomos generara un ahorro injustificado de costes. “La premisa es incoherente con los datos aportados por la demandante”, señala.
El juez incluso atribuye parte de las dificultades del sector a factores externos, como la pandemia o la guerra de Ucrania, que dispararon los costes operativos.
Las valoraciones del magistrado han generado reacciones políticas. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, respondió en redes sociales: “A mí me preocupan más los ecos de la Justicia radicalizada que los de la España sindicalizada. Ninguna empresa por encima de la ley”.
Pese al varapalo judicial, Just Eat mantiene su modelo basado en la contratación laboral o la subcontratación con empresas que asumen esa relación. La empresa denunciante había estimado en más de 645 millones el ahorro de Glovo por operar con riders autónomos. Glovo, por su parte, ha iniciado recientemente un proceso para regularizar la situación laboral de sus repartidores, aunque aún mantiene litigios abiertos por su modelo anterior.
