En el último índice de Transparencia Internacional sobre corrupción del año 2025, España ocupa el puesto 51 de 189 países. Otros Estados de la Unión Europea con más corrupción que España serían, por orden, Italia, Polonia, Grecia, Malta, Eslovaquia, Croacia, Rumanía, Bulgaria y Hungría.
En España siempre ha existido la cultura de la impunidad, una enfermedad social que se consolidó durante el franquismo, cuando dicha impunidad protegía los graves crímenes cometidos por la dictadura. Si crímenes internacionales como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad o las torturas permanecían en la absoluta impunidad, cómo no iban a quedar sin persecución otros delitos como los económicos o relacionados con la corrupción cometidos por los sectores económicos y sociales que sustentaron el franquismo.
La cultura de la impunidad se asimilaba y desarrollaba ampliamente en las comisarías y batallones durante la dictadura de Franco. En la Transición, los hijos de los generales, acostumbrados a convivir con la impunidad, salen de los cuarteles y comienzan a sentarse en consejos de administración de empresas.
A más desregulación, más ausencia de controles y, por tanto, más facilidad para poner en marcha prácticas corruptas que resulten impunes
La ley de la selva y la corrupción
En las sociedades capitalistas contemporáneas, uno de los principales objetivos de la actividad económica es la maximización de los beneficios empresariales producidos por las plusvalías del trabajo. Las prácticas de corrupción también provocan inmensos beneficios y son parte intrínseca de la forma de producción, en especial motivado por la proliferación, desde la década de los 80 del pasado siglo, de las medidas de desregulación propias de las políticas neoliberales. A más desregulación, más ausencia de controles y, por tanto, más facilidad para poner en marcha prácticas corruptas que resulten impunes.
A fin de cuentas, el neoliberalismo defiende la imposición de la ley del más fuerte económicamente hablando, una ley de la selva en la que la corrupción encaja plenamente.
Nuestro Código Penal también supone una dificultad para la persecución de los delitos de corrupción, máxime cuando se cometen por grandes grupos económicos o empresariales. Las prescripciones alcanzan entre 5 y 10 años salvo la posible acreditación de delitos continuados. Las penas también son reducidas. La pena de prisión máxima en nuestro Código Penal por delitos de corrupción es de 6 años (blanqueo de capitales, cohecho, fraude y exacciones ilegales), una sanción equivalente a la que podría llegar a ser impuesta hoy día por un hurto multirreincidente, según la reforma aprobada en abril de 2026 con los votos a favor de PP, Vox y Junts. A la vista está la disparidad en los criterios de ponderación de la gravedad de los ilícitos penales, según los cometan personas poderosas vinculadas a los grandes grupos económicos o delincuentes habituales de poca monta, personas empobrecidas o personas en situación de exclusión, delitos habitualmente conocidos como de “roba gallinas”.
En décadas pasadas, la lucha contra la corrupción se vinculó fundamentalmente a la promoción del desarrollo económico, especialmente en programas impulsados para acabar con la pobreza. Pero hoy la sociedad civil de los países desarrollados es consciente de que los impactos de la corrupción también son visibles en sistemas sociales, económicos y políticos donde la pobreza se ha ido reduciendo.
En España los casos de corrupción se han multiplicado en las últimas décadas, o al menos se han difundido con un alcance que antes no era habitual. Los indicadores vinculados a la percepción pública, a las investigaciones y condenas judiciales, o a las investigaciones provenientes del periodismo y la sociedad civil, al igual que el estudio antes citado de Transparencia Internacional, señalan que España muestra niveles de corrupción política sensible e inaceptablemente más elevados que otros países de nuestro entorno.
En los últimos 30 años la corrupción ha costado más de 100.000 millones de euros a la sociedad española, 60.000 de ellos realizadas por personas vinculadas al PP
En los últimos 30 años la corrupción ha costado más de 100.000 millones de euros a la sociedad española, 60.000 millones solo por las prácticas corruptas realizadas por personas vinculadas al Partido Popular, según se deriva de los procedimientos judiciales abiertos contra dirigentes de este partido. Son cantidades ingentes que finalmente han sido detraídas de los presupuestos públicos de distintas administraciones, por lo que no han podido ser utilizadas en políticas sociales.
La Querella a Bárcenas de IU
El PCE, a través de Izquierda Unida y siempre en alianza con distintas organizaciones sociales y colectivos de juristas, ha impulsado desde hace décadas acciones penales persiguiendo la corrupción e intentando romper el muro de impunidad que protege estas abominables prácticas. Con la “Querella Bárcenas” iniciamos una época que ha acabado con multitud de actuaciones judiciales contra la corrupción en el Partido Popular y que ha conseguido distintas sentencias en las que se ha declarado la responsabilidad penal y civil del PP por casos de corrupción, lo que a su vez incluso provocó la moción de censura que acabó con el gobierno de “M. Rajoy”.
Sin desmerecer el importante trabajo que en muchas ocasiones también ha realizado la Fiscalía contra la corrupción, es fundamental que la sociedad civil se organice para combatir la impunidad en materia de corrupción. Por ello nuestra posición es claramente contraria a reducir o limitar el marco legal vigente que permite que fuerzas políticas como Izquierda Unida o el PCE puedan ejercer la figura procesal de la acusación popular para organizar amplias alianzas de combate a la corrupción. Es una importante herramienta jurídica para mejorar la calidad democrática, combatir los efectos de las políticas de desregulación y evidenciar los problemas sociales que siempre acarrean. Y también permite fraguar amplias alianzas políticas y sociales para el fortalecimiento de los mecanismos que generan justicia social, para garantizar una democracia plena con instituciones públicas sólidas y servicios públicos igualitarios y de calidad, donde no sea posible la apropiación de los recursos públicos por minorías corruptas por mucha capacidad de penetración que tengan en las instituciones y por tanto en los presupuestos públicos.
Las prácticas corruptas de apropiación de recursos públicos son uno de los mayores incentivos que tiene la derecha para cooptar instituciones públicas con el fin de reducirlas hasta hacerlas desaparecer. La técnica más generalizada para este fin es la externalización de los servicios públicos y la proliferación de subcontrataciones, procesos en los que proliferan prácticas corruptas como el cobro de comisiones por adjudicaciones que acaban siempre empeorando la calidad de los servicios públicos al desviar muchos de sus presupuestos a bolsillos privados, tanto de forma legal como de forma ilegal si es necesario.
Periódicamente se dan a conocer hechos de corrupción que también afectan al PSOE. La corrupción es perfectamente viable en cualquier fuerza política que asuma como propias las prácticas neoliberales y nuestra obligación es denunciarlo y combatirlo sin ningún miramiento, afecte al partido que afecte. Pero la realidad es que el Partido Popular es el más corrupto de Europa sin duda alguna, habitual en el manejo indebido de los mecanismos de contratación pública y convencido de la oportunidad que para negocios privados ofrece la privatización y el desmantelamiento de los servicios públicos que deben existir en un Estado social.
La versión más perfeccionada de la corrupción del PP es el “caso Montoro”, la compraventa de leyes de amnistía fiscal o exención de impuestos, elaboradas a la carta para empresas y millonarios, previo pago de un precio. Prostitución de la Hacienda Pública.
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Oficina de Prevención de la Corrupción
Para reforzar el combate contra la corrupción y prevenirla, Izquierda Unida elaboró e impulsó a través del grupo parlamentario de Sumar la Proposición de Ley de creación de la Oficina de Prevención de la Corrupción, que recogía 4 elementos fundamentales:
—La prevención, detección, investigación y erradicación de la corrupción, el fraude y el uso o destino ilegal de fondos públicos.
—La creación de un sistema preventivo de alertas tempranas dirigido a detectar irregularidades y malas prácticas administrativas en la Administración General del Estado y en el sector público estatal.
—Competencias y capacidad investigadora y de inspección para el esclarecimiento de fraudes, corrupción o conflicto de intereses que afecten a cualquier dependencia de las Administraciones y entidades públicas o centro afecto a un servicio público.
—Imponer a las administraciones públicas y empresas privadas la obligación de disponer un sistema interno de prevención de la corrupción.
Cuando el pasado mes de septiembre el Congreso debatió la proposición de ley sobre la Agencia Anticorrupción, las tres derechas —PP, Vox y Junts— unieron sus votos para hundir la toma en consideración que habría iniciado el proceso necesario para sacar adelante esta importante ley contra la corrupción. Las derechas no solo incurren continuamente en prácticas corruptas, sino que no dudan en bloquear o impedir la puesta en marcha de mecanismos para perseguirla y combatirla.
