Ecologistas en Acción ha denunciado el aumento preocupante de las agresiones físicas, el acoso y la criminalización que sufren activistas ecologistas en distintas partes del Estado español. La organización alerta de una escalada que no es casual, sino que forma parte de un contexto marcado por “el avance de las ultraderechas xenófobas, misóginas y antiecologistas que van ganando posiciones en la UE”.
Los últimos ataques sufridos por integrantes del movimiento ecologista dibujan una pauta que preocupa especialmente a la organización. El 12 de junio, el presidente de AMA-Natura Ecologistas en Acción fue agredido en Arcos de la Frontera por un individuo que no solo le propinó fuertes golpes, sino que también lo insultó por su discapacidad. El agresor fue posteriormente identificado por la Policía local.
Días después, el 16 de junio, un desconocido arrojó gasolina y prendió fuego a la puerta de la vivienda de Pedro Costa Morata, veterano ecologista, profesor jubilado y Premio Nacional de Medio Ambiente, en la localidad murciana de Águilas. La rápida actuación de dos agentes de policía impidió que las llamas se propagaran, evitando una tragedia mayor.
Y a comienzos de julio, Ecologistas en Acción Sierras (Comunidad de Madrid) recibió la noticia de que la Audiencia Provincial había desestimado su recurso para ampliar la investigación del incendio del coche del activista Adolfo Rodríguez, ocurrido en abril de 2024, rechazando medidas clave como la triangulación de teléfonos móviles del principal sospechoso.
Para la organización, estos no son hechos aislados: “En estos tres casos recientes vemos cómo se dibuja una pauta. El aumento de los discursos de odio en contra del movimiento ecologista y del activismo por la defensa de los derechos ambientales y sociales supone un caldo de cultivo para el incremento de las agresiones”.
Más allá de los ataques directos, Ecologistas en Acción señala también al Estado como parte del problema. Durante un acto institucional del pasado 10 de julio, organizado por el Ministerio para la Transición Ecológica, la organización recordó que “el Estado es también un actor represivo contra el activismo ecologista”. Desde 1987, han documentado numerosos casos de persecución por vía judicial, policial y administrativa: sanciones, detenciones, procesos de judicialización.
Además, acusan al Estado de inacción ante formas de criminalización impulsadas por actores privados y empresariales. “El papel del Estado no solo se limita a su acción directa en estas prácticas represivas, sino también a la inacción frente a otras formas de criminalización perpetradas por actores privados y empresariales, como difamaciones, estigmatización, hostigamiento, acoso, amenazas y agresiones”.
El propio Relator Especial de la ONU sobre los Defensores del Medio Ambiente, Michel Forst, alertó este año de una situación cada vez más preocupante en el Estado español, donde la legislación y las políticas públicas criminalizan crecientemente al activismo ecologista. Forst denunció que se ha llegado a catalogar a Extinction Rebellion como “amenaza terrorista” y a Futuro Vegetal como “organización criminal”, a pesar de su carácter pacífico. También detalló que se han utilizado mecanismos de vigilancia propios de la lucha contra el crimen organizado contra activistas: seguimientos policiales, escuchas telefónicas, registros domiciliarios y hasta infiltraciones en los movimientos.
Ecologistas en Acción advierte que esta situación está alimentando una atmósfera social cada vez más hostil para el activismo. “No vamos a permitir ningún tipo de amedrentamiento que trate de impedir y limitar nuestro legítimo trabajo por la defensa del medioambiente y la justicia ecosocial. Vamos a poner en marcha todas las herramientas, acciones y redes de apoyo que sean necesarias para acompañar y proteger a los miembros de la organización que sufran cualquier tipo de criminalización por su activismo”.
En esa misma línea se ha expresado recientemente el dirigente del PCE, Enrique Santiago, quien ha denunciado el carácter sistemático y creciente del acoso a activistas y representantes públicos. “Cuando te acosan por la calle, hablamos de algo más grave”, advirtió. Santiago alertó de que este clima afecta especialmente a quienes denuncian intereses económicos poderosos o redes de corrupción locales. “Especialmente nuestros cargos públicos municipales que se han enfrentado a las redes de corrupción y al poder económico allí donde siguen operando prácticas caciquiles, apenas se protege a los cargos públicos institucionales”, señaló.
Frente al odio y la intimidación, Santiago reivindicó una respuesta firme: “No hay que dejarse intimidar y menos ahora que los ultras están exaltados. Son una minoría de privilegiados, se creen que el espacio público es suyo, pero no, es de todos”.
Ecologistas en Acción coincide en esta urgencia: el Estado, afirma, debe proteger de forma efectiva a quienes defienden el medioambiente, investigando las agresiones y sancionando a los responsables. “El primer paso para reconocer y celebrar la lucha del movimiento ecologista en todas estas décadas es garantizar que esta pueda ser llevada a cabo sin represión estatal, protegiendo a las y los activistas del creciente número de agresiones que fomentan los discursos de odio propagados principalmente por las ultraderechas”. Y concluyen con una advertencia clara: “Rechazamos con contundencia todo tipo de represión y criminalización hacia el movimiento ecologista y sus activistas, cuyos derechos están reconocidos por el Sistema Internacional de Derechos Humanos”.
