Médicos Sin Fronteras denuncia «masacres orquestadas» en los puntos de reparto de alimentos de Gaza

Piden el cierre inmediato de los centros, a los que califica de “trampas mortales” y epicentro de una estrategia sistemática de violencia contra civiles hambrientos
Médicos sin Fronteras. Fuente: Nesimo (CC BY 2.0)

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha denunciado este jueves en un informe que los centros de distribución de alimentos operados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés) se han convertido en escenarios de “masacres orquestadas” y violencia sistemática contra civiles desarmados. La organización médica exige el desmantelamiento inmediato de estos centros, el restablecimiento de la ayuda coordinada por Naciones Unidas y la suspensión de todo apoyo financiero y político a la GHF.

El documento, titulado Esto no es ayuda. Esto es una masacre orquestada, recoge testimonios y datos clínicos procedentes de las clínicas que MSF gestiona en Al Mawasi y Al Atar, al sur de Gaza. Entre el 7 de junio y el 24 de julio, estos centros atendieron a 1.380 víctimas procedentes de las inmediaciones de los puntos de distribución de la GHF. De ellas, 28 personas llegaron sin vida, incluidos niños con heridas de bala.

Durante ese periodo, 71 menores fueron tratados por impactos de bala, 25 de ellos con menos de 15 años. Uno de los casos más graves es el de una niña de ocho años herida en el pecho. “Niños a los que han disparado en el pecho mientras intentaban alcanzar comida. Personas asfixiadas o aplastadas en estampidas. Multitudes enteras tiroteadas en los centros de distribución”, resume Raquel Ayora, directora general de MSF, quien asegura que en los más de 50 años de historia de la organización “rara vez hemos presenciado un nivel de violencia sistemática contra civiles como este”.

Según el informe, el patrón de las heridas indica una violencia precisa y deliberada. Un 11 % de las heridas por bala registradas en pacientes de Al Mawasi se produjeron en la cabeza o el cuello, y un 19 % en el pecho, abdomen o espalda. En el caso de los pacientes llegados desde el centro de Jan Yunis, las heridas se concentraban en las extremidades inferiores, lo que, a juicio de MSF, sugiere disparos selectivos con intención de incapacitar.

El documento también recoge el testimonio de Mohammed Riad Tabasi, uno de los heridos atendidos en Al Mawasi: “He resultado herido unas diez veces. Vi unos veinte cadáveres a mi alrededor. Todos habían recibido disparos en la cabeza y el estómago”.

La GHF, respaldada por los gobiernos de Israel y Estados Unidos como una alternativa “innovadora” al sistema de ayuda de la ONU, gestiona cuatro centros de distribución ubicados en zonas bajo control militar israelí y custodiados por contratistas de seguridad privados estadounidenses. MSF acusa a esta fundación de haber militarizado la distribución de alimentos y de haber transformado la ayuda en un mecanismo institucionalizado de deshumanización.

Entre el 27 de julio y el 2 de agosto, otros 186 heridos —por balas, metralla o agresiones— fueron atendidos en las clínicas de MSF tras acudir a los centros de la GHF. El 3 de agosto, tres personas más ingresaron con heridas graves, una de ellas por un disparo en el cuello y dos en la cabeza.

La violencia no se limita a los disparos. En solo siete semanas, MSF trató a 196 personas heridas por estampidas, aglomeraciones o agresiones físicas tras recibir alimentos. Muchas son víctimas de saqueos apenas consiguen comida. El personal médico ha introducido una nueva categoría en sus registros: “BBO” (beaten by others), para clasificar a quienes resultan golpeados por otros civiles desesperados.

“Esto no tiene precedentes. Disparan a la gente como si fueran animales. No están armados. No son combatientes. Son civiles con bolsas de plástico que solo quieren llevarse algo de harina o pasta”, relata un coordinador médico de MSF citado en el informe. La organización reclama el cierre inmediato del programa de la GHF, la reactivación del mecanismo de ayuda humanitaria de la ONU y que tanto gobiernos como donantes privados retiren su apoyo a lo que considera una operación letal disfrazada de asistencia.

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