El Ayuntamiento de Barcelona ha recaudado 287.000 euros en la primera fase de una campaña de inspecciones fiscales dirigida a Viviendas de Uso Turístico (VUT) y pisos turísticos que no pagaban el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), tributo obligatorio para las empresas con facturación anual superior al millón de euros.
El operativo, iniciado este verano y que se prolongará hasta 2028, revisará la actividad de 463 empresas que gestionan más de 2.500 alojamientos en la ciudad. Por ahora, la inspección se concentra en un centenar de compañías responsables de unos 1.400 pisos. Ya se han abierto 20 expedientes y emitido 46 liquidaciones que han permitido recuperar esos casi 300.000 euros.
“Es una obligación de la Administración velar porque las empresas paguen los impuestos que les corresponden”, ha señalado Jordi Valls, cuarto teniente de alcaldía y responsable de Economía, quien enmarca esta actuación en un proceso de regulación de un sector con “volumen importante de actividad”.
Tres fases y cruce de datos
La campaña se desarrolla en tres etapas: la actual, hasta 2026, se centra en procedimientos inspectores a 99 empresas; la más intensiva llegará entre 2026 y 2028, e incluirá a negocios que no figuran como declarantes del IAE a pesar de gestionar alojamientos turísticos.
El plan está coordinado por el Instituto Municipal de Hacienda y la Agencia Tributaria de Catalunya, que han cruzado datos de VUT, hoteles y hostales que han pagado el impuesto autonómico de estancia turística con los registros censales de actividades económicas, identificando así a las compañías que deberían tributar pero no lo hacen.
Guerra abierta contra la ilegalidad
Este control fiscal se suma a la ofensiva municipal contra los pisos turísticos sin licencia, que cuenta ahora con el respaldo de la nueva regulación europea en vigor desde el 1 de julio. La norma obliga a los Estados a crear un censo de alojamientos y establece que solo quienes figuren en él podrán anunciarse en portales.
Barcelona exige a grandes plataformas, especialmente Airbnb, un compromiso para retirar anuncios ilegales. El Ayuntamiento acusa a la compañía de incumplir de forma “reiterada” el acuerdo vigente, retrasando el cierre de ofertas irregulares. El alcalde Jaume Collboni ha advertido que, si no se alcanza un nuevo convenio adaptado a la normativa estatal y europea, no se descarta acudir a acciones administrativas, civiles o penales.
En lo que va de año, el consistorio ha realizado miles de inspecciones y ha incoado centenares de sanciones y órdenes de cese. El objetivo declarado es eliminar toda la oferta ilegal para 2028, en una ciudad con unos 28.000 anuncios activos —más de 20.000 en Airbnb— y donde se detectan entre 300 y 400 casos irregulares al mes.
Una relación tensa con Airbnb
Las fricciones con Airbnb vienen de lejos. Desde 2017, Barcelona ha cerrado más de 15.000 anuncios ilegales y abierto más de 11.500 expedientes. El Ayuntamiento sostiene que otras plataformas reaccionan rápido, pero que la norteamericana mantiene “comportamientos dilatorios”.
Airbnb, por su parte, se defiende alegando que es utilizada como “cabeza de turco” y acusa a hoteles y operadores turísticos de ser responsables del turismo de masas. La empresa defiende que el alquiler vacacional beneficia a familias locales y ofrece alternativas más asequibles frente al encarecimiento hotelero. Mientras tanto, el consistorio insiste en que la gestión del turismo no se limita a la promoción, sino que pasa por el control fiscal, la regulación de la oferta y el cumplimiento estricto de la ley, tanto para empresas de gestión como para las plataformas digitales que intermedian en el mercado.
