El Congreso de los Diputados inicia este miércoles el trámite parlamentario del Proyecto de Ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, que busca rebajar de 40 a 37,5 horas semanales el tiempo laboral sin reducción salarial. La propuesta, impulsada por el Gobierno de coalición progresista y fruto de un acuerdo alcanzado en diciembre de 2024 con CCOO y UGT, afectaría a más de 12 millones de trabajadores, cerca del 60% de la población asalariada.
El texto legislativo supone también un recorte en el cómputo anual de horas trabajadas, que pasaría de 1.826 a 1.712. Según el Ejecutivo, la medida contribuiría a repartir el empleo, reducir el paro y mejorar la calidad de los contratos, especialmente en sectores marcados por la temporalidad y la parcialidad, donde predominan mujeres, jóvenes y personas migrantes.
Oposición frontal de la patronal y la derecha
La patronal ha rechazado de plano cualquier negociación y ha intensificado su campaña contra la reducción de jornada, apelando a los partidos de la derecha para frenar la iniciativa en el Parlamento. PP, Vox y Junts han registrado enmiendas a la totalidad para evitar que el proyecto llegue a debatirse y pueda ser mejorado durante su tramitación.
Aunque el Ministerio de Trabajo ha mantenido contactos con Junts para intentar suavizar su posición, la formación catalana ha anunciado finalmente que votará en contra, alineándose con PP y Vox. De este modo, el futuro de la norma queda en entredicho.
Movilización sindical en defensa de la ley
Ante el riesgo de que la medida quede bloqueada, los sindicatos CC.OO. y UGT han convocado movilizaciones en las principales ciudades del país para este miércoles. Reclaman no solo la aprobación de la ley, sino también que se mantenga en los términos acordados con el Ministerio de Trabajo.
Formaciones de la izquierda, como Izquierda Unida y el Partido Comunista de España, han hecho un llamamiento a la participación masiva en estas protestas, subrayando que la reducción de la jornada laboral es un avance histórico y un paso hacia el objetivo de las 35 horas semanales, una reivindicación del movimiento obrero desde hace décadas.
Una votación decisiva
La sesión parlamentaria de este miércoles marcará un punto de inflexión. Mientras el Gobierno defiende la medida como un instrumento para mejorar la calidad de vida y la cohesión social, sus detractores insisten en que dañará la competitividad empresarial. El desenlace de la votación evidenciará la correlación de fuerzas en torno a una de las reformas laborales más ambiciosas de la legislatura.
