El presidente del Ejecutivo ha vuelto a situar la vivienda en el centro de la agenda política con un paquete de medidas destinado a la juventud y al medio rural. Entre ellas, una ayuda de hasta 30.000 euros para alquiler con opción a compra, un incentivo de 10.800 euros para adquirir vivienda en pueblos y un seguro de impago de rentas gestionado por las comunidades autónomas. Propuestas que buscan paliar una crisis residencial que condena a los jóvenes a emanciparse después de los 30 años y expulsa a familias enteras de las grandes ciudades.
El anuncio llega en un contexto marcado por un desequilibrio estructural entre oferta y demanda. La vivienda usada copa nueve de cada diez compraventas, con precios que en zonas costeras e insulares superan ya los de la burbuja inmobiliaria. Mientras tanto, la construcción de obra nueva, hundida tras el estallido de la burbuja, apenas repunta: en los últimos 12 meses se han iniciado 131.000 viviendas, una cifra insuficiente frente a la creación de más de 1,3 millones de hogares desde 2012. El déficit estructural se sitúa entre 450.000 y 765.000 viviendas, según estimaciones oficiales y privadas.
En este escenario, las ayudas al alquiler y a la compra en VPO pueden ser un alivio puntual para quienes logren acceder, pero difícilmente alterarán la raíz del problema: la escasez de vivienda asequible. Sin un plan ambicioso de construcción pública y regulación del uso especulativo de inmuebles, el riesgo es que estas subvenciones terminen engordando los precios y reforzando el papel de los grandes propietarios en detrimento de la mayoría social.
El Ejecutivo reivindica haber aumentado los recursos destinados a vivienda y defiende que las ayudas quedarán ligadas a inmuebles de protección oficial con calificación indefinida, lo que en teoría blinda el parque a futuro. Sin embargo, el ritmo de creación de VPO es hoy marginal frente a la magnitud del déficit. A esto se suma el desvío masivo de vivienda al alquiler turístico, que priva a cientos de miles de familias de una residencia permanente.
Además, el Ministerio de Vivienda, gracias al trabajo del Ministerio de Consumo de Pablo Bustinduy, ha ordenado a las plataformas digitales retirar más de 53.000 anuncios de pisos turísticos ilegales tras la entrada en vigor de la ventanilla única y la obligación de contar con número de registro desde el 1 de julio. La ministra Isabel Rodríguez defendió que, en plena “crisis de vivienda”, no se puede “permitir el lujo” de destinar inmuebles a usos no residenciales y confía en que muchos de ellos regresen al mercado del alquiler tradicional.
Las medidas presentadas pueden aliviar situaciones concretas, pero llegan con una limitación clara: no cuestionan el modelo inmobiliario que ha convertido la vivienda en un activo de inversión más que en un derecho. Sin cambios estructurales en la fiscalidad, en el control del alquiler turístico y en la promoción de vivienda pública a gran escala, el horizonte de precios disparados y dificultades de acceso seguirá vigente.
La ciudadanía no reclama solo ayudas puntuales, sino una estrategia integral que garantice que cada hogar pueda acceder a una vivienda digna y asequible. Mientras tanto, el mercado seguirá marcando la pauta, y las nuevas generaciones seguirán viendo cómo la emancipación se convierte en un lujo.
