El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió este lunes en el Congreso de los Diputados las protestas pacíficas contra el genocidio en Gaza que interrumpieron la última etapa de la Vuelta Ciclista a España en Madrid. Frente a las críticas de la derecha, el líder socialista expresó su “respeto y admiración” por la ciudadanía movilizada y aseguró que “España es hoy quien salva el honor de Europa” en la defensa de Palestina.
“Nosotros rechazamos siempre la violencia y sentimos una profunda admiración por nuestros deportistas y por los ciclistas. Por eso se puso por delante su seguridad. Pero también sentimos un profundo respeto y admiración por una sociedad civil española que se moviliza contra la injusticia y defiende su idea de forma pacífica”, afirmó Sánchez, quien reclamó que el eco de las manifestaciones llegue “a todos los rincones del mundo”.
El presidente fue más allá y exigió que Israel sea excluido de las competiciones internacionales hasta que cese la violencia en Gaza, del mismo modo que ocurrió con Rusia tras la invasión de Ucrania. “Israel no puede utilizar cualquier plataforma internacional para blanquear su presencia”, subrayó.
Yolanda Díaz y Sira Rego: “Ejemplo de dignidad” y “motivo de orgullo”
Las palabras de Sánchez encontraron respaldo dentro del Gobierno de coalición. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, destacó en la red social Bluesky que “la sociedad española no tolera que se normalice el genocidio en Gaza en eventos deportivos y culturales” y que “Israel no puede participar en ningún evento”. “Todo nuestro apoyo a las movilizaciones por el pueblo palestino durante la vuelta ciclista. Nuestra ciudadanía es un ejemplo de dignidad”, añadió.
En la misma línea, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de Izquierda Unida, celebró que la suspensión de la última etapa de la Vuelta fuera consecuencia de las protestas propalestinas. “Tenemos que estar orgullosos”, afirmó, insistiendo en que la reacción de la calle refleja el compromiso de la sociedad civil española con la causa palestina.
Choque con Ayuso y la derecha
En su intervención parlamentaria, Sánchez cargó contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a la que reprochó destinar solo el 45% de los recursos estatales a los servicios públicos. Según sus cálculos, el Ejecutivo central ha transferido 130.000 millones de euros a la Comunidad de Madrid entre 2019 y 2025, 43.000 más que en la etapa de Mariano Rajoy.
“¿Qué ha hecho con el resto del dinero?”, se preguntó Sánchez, antes de acusar a Ayuso de haber devuelto fondos a las grandes fortunas mediante rebajas fiscales por valor de 5.000 millones y de haber favorecido a empresas como Quirón con contratos de 1.000 millones. En ese punto, señaló directamente a la pareja de la dirigente popular, Alberto González Amador, investigado por fraude fiscal: “Multiplicó por siete sus ingresos en un año”.
Ayuso, por su parte, acusó a Sánchez de alentar las protestas que cancelaron la etapa final de La Vuelta. “Es la única persona en España que hoy está feliz con lo sucedido”, declaró en esRadio. Calificó la movilización de “proyecto de ruptura” contra la Comunidad y denunció la falta de efectivos policiales.
También el expresidente José María Aznar criticó duramente al jefe del Ejecutivo, a quien tachó de “animador de la kale borroka”. “Tenemos que estar preparados para las peores cosas”, advirtió en Telecinco.
Desde el Gobierno llegaron réplicas inmediatas. El delegado en Madrid, Francisco Martín, acusó a Ayuso de “no poner las cosas fáciles” tras fotografiarse con el equipo israelí. Y el ministro de Transformación Digital, Óscar López, celebró que “el pueblo de Madrid ha dado un grito al mundo en contra del genocidio y a favor de la paz”.
Vivienda y agenda de gobierno
Más allá de la polémica, Sánchez reivindicó la política exterior española en favor de Palestina, desde el reconocimiento del Estado hasta la petición de suspender el acuerdo comercial de la UE con Israel. “Reivindicamos lo correcto, que es estar del lado de las víctimas, no de los agresores”, sostuvo.
El presidente también lanzó varios anuncios en clave interna. Presentó el nuevo Plan Nacional de Vivienda, dotado con 7.000 millones de euros, y prometió triplicar las transferencias estatales a las autonomías que igualen la inversión. Además, avanzó una ayuda de hasta 30.000 euros para alquiler con opción a compra y subvenciones de hasta 10.800 euros para la adquisición de vivienda en el medio rural.
