Desde que el pasado 2 de octubre saltara la noticia a los medios (y se evidenciara lo que ya muchas mujeres sabían), esto ha sido un no parar de conjeturas, suposiciones, informaciones diversas y variadas… pero que llevan todas a una única conclusión: la sanidad vista como un negocio tiene consecuencias fatales.
En Andalucía llevamos décadas en las que la sanidad se ha ido troceando, desmembrando con cierta sutileza, en contratos a clínicas y hospitales privados que realizan pruebas diversas o determinadas intervenciones quirúrgicas. Hemos naturalizado desde los gobiernos del PSOE que la sanidad andaluza no podía con todo y que era normal hacerte una resonancia en la clínica privada un domingo por la mañana o que te realicen una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en clínicas privadas y no en un hospital público. Pero desde que el PP alcanzó el gobierno de la Junta en la 2019, con el apoyo de Ciudadanos y Vox primero y con mayoría absoluta en 2022, la situación de la sanidad andaluza ha empeorado a pasos agigantados.
Año tras año, las andaluzas hemos visto cómo se iba dilatando la espera para pruebas diagnósticas y las consultas de especialistas con profesionales saturados, cómo se eliminaban servicios de las zonas rurales para dar paso a las unidades móviles (también subcontratadas) y, como bien indicaba la presidenta de Amama, Ángela Claverol, en una conversación mantenida con ella, “las andaluzas nos hemos visto abocadas a normalizar que una reconstrucción de mamas supera los dos años. Más de 700 días de espera para mujeres a las que se les ha mutilado su feminidad y su cuerpo”.
Hacer caja
Todo esto no sólo responde a un incapacidad de gestionar, ni siquiera se trata solamente de una negligencia, que también, o de una inoperancia provocada por la saturación de un servicio que tiene un personal sanitario desbordado, cansado, agotado y al que, en muchas ocasiones, se le hace trabajar de más y por objetivos (como en la empresa privada). Todo esto no es sólo un problema estructural consecuencia de haber debilitado los servicios públicos. Todo esto se debe a que esa debilidad de los servicios públicos responde a una estrategia derivada de una ideología que ve los derechos como un negocio.
El cáncer de mama es la principal causa de muerte de las mujeres. Cada año se diagnostican más de 35.000 casos. Los cribados para la detección precoz del cáncer de mama son vitales
No importan los derechos aunque sean constitucionales, no importan ni siquiera la vida de las personas, importa hacer caja. Porque la sanidad se ve como un gasto y no como un derecho, como una asistencia a la que toda la ciudadanía tiene derecho. No acceder a él en condiciones crea desigualdad y cuesta vidas.
Los cribados para la detección precoz del cáncer de mama son vitales para la mitad de la población de este país ya que es la principal causa de muerte entre nosotras. Las cifras son espeluzantes: cada año en nuestro país se diagnostican más de 35.000 casos de este tipo de cáncer y le cuesta la vida a 6.600 mujeres. Estos datos no dejan margen para la manipulación de los datos (como intentó hacer en un primer momento la exconsejera andaluza afirmando que eran pocos casos y que se limitaba a un hospital, el Virgen del Rocío) o para el paternalismo del presidente de la Junta de Andalucía que argumentaba que las mujeres no habían sido llamadas para no crearles ansiedad, eliminando de un plumazo el derecho de todo paciente a ser informado en todo momento de sus patologías o de la ausencia de las mismas.
Pero en los últimos días hemos visto cómo no eran unos casos aislados de un hospital y de una provincia. Hemos conocido casos en otras provincias andaluzas e incluso en otra comunidad autónoma, concretamente en Valencia en donde se han dejado sin hacer 167.000 mamografías.
Curiosamente en ambas comunidades gobiernan presidentes del mismo partido político con el mismo concepto de la sanidad enfocaba a hacer fracasar lo público para entregarlo a gestión de la privada y hacer caja, incluso desoyendo a la comunidad científica que ha alertado de que en 2025 habrá 400.000 nuevos casos de cáncer de mama en la UE. Por ello en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebró el pasado domingo 19 de octubre, la ciencia ha puesto el foco en la detección temprana y para esto son fundamentales los programas de cribados.
Para que no falte un solo detalle, en este día, Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, ha defendido la importancia de esos programas de prevención y detección temprana. El gobierno que él preside no ha dado datos del total de mujeres afectadas, no ha podido dar la cifra de las mamografías revisadas y comunicadas, pero estos últimos días ha anunciado dos nuevos programas de detección temprana para el cáncer de cuello de útero y para el cáncer de colón. Ha anunciado también una inversión 89 millones de euros para un plan de choque para estos programas, pero no da datos de los profesionales contratados para llevarlos a cabo.
A la falta de radiólogos, se suma la falta de personal administrativo que agende las citas en las consultas de especialistas desbordados (con ratios desorbitadas) y que comuniquen esas citas y los resultados de las distintas pruebas a las pacientes.
La nueva maquinaria recepcionada en los hospitales (previa concesión a empresas de tecnología médica) no ha llegado con la dotación de personal técnico para manejarla.
Y mientras la protección que necesitamos las mujeres para centrarnos en remontar la enfermedad o tener la mejor calidad de vida posible o convivir con ella, se merma o se elimina, se nos pide que seamos luchadoras, guerreras y que mantengamos la boca cerrada, amén de no ser llamadas locas o histéricas. Y sin apenas darnos cuenta, como la rana cocida, las andaluzas hemos pasado del rosa al negro.
La solución es múltiple y a estas alturas, tras años de recortes, compleja. No basta con destituir a una consejera y poner otra u otro en este caso. Porque nombre a quien nombre Moreno Bonilla, va a llevar a cabo la hoja de ruta marcada por la ideología de la mercantilización de la salud. La solución tampoco será instantánea y cuando llegue, será demasiado tarde para muchas mujeres y para otros muchos pacientes. Lo único cierto es que pasa por creer y apostar por lo público. Mientras nuestros dirigentes no entiendan que los derechos del conjunto de la ciudadanía no pueden ser convertidos en negocios de unos pocos seguiremos pagando el altísimo precio de la pérdida de vidas con cada diagnóstico que llega tarde, de cada mujer que pasa un calvario de años para tratarse de un cáncer que debió ser detectado a tiempo y quedar en un mal susto.
Nosotras no estamos dispuesta a pagar con nuestra salud, con nuestras vidas, los abultados beneficios de quienes quieren hacer negocios con la atención sanitaria. Vamos a seguir en las calles, nuestra lucha será contra quienes pretendan mercantilizar con nuestra tranquilidad y confianza en un sistema que debe protegernos y que pagamos entre todas.
Porque las privatización y los recortes matan, porque la sanidad es un derecho, por todas las que ya no están, por las que no pueden, por las que padecerán cáncer de mama… la lucha es el único camino.
