Con la aprobación de la ley 15/97 de nuevas formas de gestión se abrió la posibilidad de transformar nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) según un modelo neoliberal basado en la colaboración “público-privada”, permitiendo la entrada en el mismo, hasta entonces casi completamente público, de capital privado, dando lugar a un gran negocio para las grandes empresas proveedoras de servicios de salud.
Esta colaboración público-privada se ha materializado en distintas fórmulas: concesiones, conciertos, externalizaciones, mutuas sanitarias de funcionarios/as (Muface, Isfas y Mugeju) etc.
Este modelo se ha extendido a todo nuestro SNS, aunque con diferente intensidad en las distintas CC.AA., en función del partido gobernante en las mismas, acentuándose en la crisis económica del año 2007 y posteriormente con la pandemia del COVID 19, que fue aprovechada por algunas comunidades autónomas para acelerar este proceso privatizador del sistema sanitario, con la Comunidad de Madrid en cabeza.
Este fenómeno se puede objetivar si vemos el incremento del porcentaje del gasto empleado en conciertos, de los presupuestos de sanidad, que en el año 2021 fue de un 8,98% mientras que en el año 2019 fue de 7,7%.
La justificación para este proceso privatizador ha sido la política de recortes en los presupuestos de la sanidad pública que ha provocado un deterioro en la misma: listas de espera, deterioro e insuficiencias de instalaciones, descontento y frustración de los/las profesionales… sirviendo de coartada así para una ofensiva ideológica que justifica la necesidad de suplir las deficiencias de la sanidad pública con un modelo público-privado.
Este proceso privatizador además lleva al modelo sanitario que le interesa al capital privado, modelo basado en el hospitalocentrismo, dotado de alta tecnología y elevados costes, independientemente de su necesidad para mejorar la salud de la población, dando también la posibilidad a estas empresas de abrirse a otros negocios como ensayos clínicos, con pacientes y financiación pública, y de cuyos resultados se benefician las multinacionales farmacéuticas que patentan los resultados de estos ensayos con una mínima inversión y se lo revenden posteriormente, a un elevado coste, a la sanidad pública. Este modelo sanitario va en detrimento de la atención primaria y comunitaria, base de nuestro SNS, pero que carece de interés para el capital sanitario privado, lo se traduce en un importante deterioro y como consecuencia del mismo dificulta su acceso a la población, limitando así su capacidad de resolución que le es característico, favoreciendo de esta manera el crecimiento del aseguramiento privado.
Madrid, la que más privatiza
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), ha realizado este año un estudio de dicho proceso privatizador en las distintas CC.AA. siendo la Comunidad de Madrid la que presenta la mayor velocidad privatizadora del Estado (28 puntos sobre un máximo posible de 34 puntos).
Por otra parte la financiación y el gasto en la sanidad pública madrileña arrastra desde hace años deficiencias tanto de recursos humanos como de infraestructuras y equipamientos técnicos por falta de inversión pública, de acuerdo con las políticas neoliberales, cuyo objetivo ha sido el incremento de las privatizaciones y externalizaciones, esto ha provocado que el gasto sanitario por habitante de la Comunidad de Madrid ocupe la penúltima posición entre todas las CC.AA. españolas con 1.536 €, que representa el 4,4% del PIB de la Comunidad.
Frente a este deterioro de la sanidad pública cada vez adquiere mayor peso el sector sanitario privado, especialmente el que tiene financiación pública, dando lugar a un incremento tanto el personal sanitario como del número de camas del mismo.
En este contexto Quirón Salud, grupo sanitario privado, propietario de hospitales, clínicas, centros de día y complementarios por todo el país, adquiere especial protagonismo. Así bajo la denominación Grupo Hospitalario Quirón Salud se agrupan múltiples sociedades, siendo en la Comunidad de Madrid en la que mayor implantación y visibilidad tiene, tanto en la capital como en otros municipios del área metropolitana de la misma y gracias a múltiples convenios de colaboración público.privada, gestiona en la actualidad cuatro hospitales del SERMAS (Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos, Infanta Elena y el Hospital General de Villalba) y junto con las políticas de libre elección de hospital, llevadas a cabo por la Consejería de Salud, se ha favorecido el que pacientes procedentes de la sanidad pública acaben siendo atendidos en hospitales de este grupo con cargo a los presupuestos de la Consejería.
El 69% del presupuesto de conciertos de la Comunidad de Madrid fue para el grupo Quirón Salud que entre 2019 y 2024 facturó a la Administración 5.036 millones de euros
De este modo el presupuesto de la Consejería de Sanidad en el año 2024 fue de 9.822 millones de €, de los que se gastó en conciertos y otros tipos de externalizaciones 1.209,9 millones de €, que representa el 8,5% del mismo, siendo la factura del grupo Quirón Salud entre los años 2019 y 2024 de 5.036 millones de €, es decir 839 millones de € al año, lo que quiere decir que el 69% del presupuesto de conciertos de la comunidad de Madrid fue para el grupo Quirón Salud.
Estos procesos de trasvase de pacientes de la sanidad pública a la privada se ha visto favorecido además por la política de recortes en las centros públicos que ha llevado a cabo la Consejería de Sanidad, así entre los años 2015 y 2023 han desaparecido de la sanidad pública unas 1.000 camas hospitalarias lo que equivale al cierre de un hospital del tamaño de La Paz.
Como consecuencia de este proceso de deterioro de la sanidad pública llevado a cabo por la Consejería de Sanidad se ha producido también un espectacular crecimiento de los seguros de salud privados, poniendo a la Comunidad de Madrid en el primer puesto de todo el Estado en número de clientes de los mismos, ya que 2.768.506 habitantes de la misma tienen una póliza de este tipo, guardando una estrecha relación estos seguros con los hospitales del grupo Quirón Salud (Hospital la Luz, Clínica Rúber, Hospital San José, Hospital Universitario Quirón Salud,…).
El Madrid de Ayuso ha favorecido que pacientes procedentes de la sanidad pública acaben siendo atendidos en hospitales de Quirón Salud
Ayuso Quirón
Esta relación Comunidad de Madrid-Grupo Quirón Salud ha estado marcado por una serie de polémicas y falta de transparencia:
—La consejera de Salud, Fátima Matute, trabajó en el grupo Quirón Salud pero lo omitió en el portal de transparencia de la Consejería.
—Conflicto de intereses de Alberto González Amador, que ha tenido negocios con el grupo Quirón Salud a pesar de ser pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso.
—Concursos públicos con poca o ninguna concurrencia de ofertas como la licitación a la que sólo acudió Quirón Prevención (otra empresa del grupo) y otros contactos menores concedidos a empresas del grupo sin otra concurrencia.
Como consecuencia de estas políticas neoliberales de la Comunidad de Madrid y cuyo principal beneficiario es Quirón Salud, se ha producido:
—Una transferencia de recursos del sistema sanitario público al sector privado, lo que provoca una falta de inversión en la sanidad pública que produce un debilitamiento en su capacidad tecnológica y asistencial.
—Falta de transparencia para acceder a información y control de directivos/as de la sanidad pública así como de algunos/as profesionales para poder conocer los posibles conflictos de intereses.
—Estas políticas neoliberales provocan también un deterioro de la atención primaria y comunitaria, sin interés para la sanidad privada, así como un incremento de los costes sanitarios y una fragmentación del sistema.
———
REVERTIR DE LA PRIVADA A LA PÚBLICA
Estamos a tiempo de recuperar la sanidad pública. Desde el PCE proponemos:
—La reversión de todas las concesiones, conciertos, externalizaciones y todo tipo de privatizaciones de la sanidad, así como la desaparición de mutuas de funcionarios y su gestión directa por la sanidad pública.
—Incremento del presupuesto sanitario de la Comunidad de Madrid, hasta, al menos, la media nacional.
—Reforzar las medidas de control y transparencia de la sanidad pública madrileña.
—Incompatibilidad y dedicación exclusiva a la sanidad pública de sus directivos/as así como de los/las profesionales de la misma.
