El ejercicio de los derechos fundamentales viene condicionado por la garantía de las condiciones materiales que permiten acceder a ellos. El cumplimiento del artículo 27 de la Constitución viene mediatizado de manera obvia por la financiación que el Estado, en este caso concreto debido al régimen de transferencias competenciales, las comunidades autónomas garanticen la suficiencia financiera para el sostenimiento de las estructuras educativas que lo hacen posible. La arquitectura jurídica del reino de España es notoriamente deficiente en la garantía de muchos de los derechos reconocidos constitucionalmente, entre otras razones, por la ausencia de una dimensión subjetiva de estos derechos. Es imposible para el conjunto de la ciudadanía reclamar la tutela judicial ante la violación de muchos de estos derechos reconocidos constitucionalmente. Pero el derecho a la educación se engloba dentro de los derechos «especialmente protegidos» pues se trata de uno de los denominados «derechos fundamentales». Es necesario repetir que la infrafinanciación del sistema educativo, incluida la educación superior, atenta contra estos derechos fundamentales y socava la democracia de forma inexorable por lo que todo ello conlleva.
En el caso de la Universidad es necesario añadir que el apartado 10 de dicho artículo consagra la autonomía universitaria en los términos que marca la ley. Y la ley que actualmente lo desarrolla es la LOSU. Pero esa supuesta protección especial requerida de este derecho fundamental queda totalmente diluida cuando se permite la anulación de la autonomía universitaria por la vía de la infrafinanciación de las universidades públicas. Es más, el incumplimiento por parte de la mayoría de las comunidades autónomas del Capítulo III sobre Régimen económico y financiero de las universidades públicas confirma que el cumplimiento de la ley no es una prioridad, ni siquiera un objetivo para sus gobernantes y los derechos de la ciudadanía desaparecen cuando una minoría, bien conectada con el poder político, hace negocio a su costa.
En el caso de Andalucía la estrategia de asfixia de la Universidad pública, en paralelo con la política de mano tendida a un conjunto de universidades privadas de ínfima calidad, casi todas ellas con informes negativos del Ministerio y muchas de ellas ilegales conforme a la legislación vigente, tiene su claro exponente en Málaga. Aunque no podemos olvidar los incidentes con la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) en la denegación de títulos a universidades públicas de reconocida solvencia y trayectoria mientras esos mismos títulos se aprobaban sospechosamente a universidades privadas.
La Universidad de Málaga, una de las peores financiadas desde la época del gobierno del PSOE si atendemos al objetivo parámetro de financiación por estudiante, se ha visto sometida a una intervención de facto que elimina su autonomía, condiciona el derecho a la educación de casi 40.000 estudiantes, empeora sensiblemente las condiciones laborales de su plantilla y pone en peligro no solo el cumplimiento de su función social sino incluso de su futuro. El gobierno de Juanma Moreno enmascara tras su aparato de propaganda, por otra parte, financiado también con medios públicos, el ataque estratégico contra las universidades públicas y que con una visión cortoplacista de «capitalismo de amiguetes» olvida que el principal, con muchísima diferencia, agente de investigación, innovación y desarrollo de Andalucía son sus universidades públicas. La financiación del 1% del PIB establecida por la LOSU está muy lejos en el horizonte para equipararnos con los denominados «países de nuestro entorno» mientras que se regala suelo público a universidades privadas y de muy dudosa calidad.
El cerco a las universidades públicas se completa con el proyecto de Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) en la que se plasma la visión instrumental que tiene el gobierno del PP de una institución como la Universidad. El deterioro, cuando no la desaparición, del derecho a la educación constituye un lucrativo campo de negocio. Por ello el proyecto de ley obvia no solo la mención al 1% del PIB sino incluso la suficiencia financiera, manifiesta un claro intervencionismo en la gestión de las universidades públicas atacando su autonomía universitaria, pretende la financiación encubierta de las universidades privadas incluso mediante becas y pretende romper el sistema público de universidades andaluz incorporando al Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria (CACU) a las universidades privadas, dejando a las públicas en minoría.
La dramática situación de la Universidad de Málaga, ahogada por su situación de infrafinanciación y sin autonomía para tomar ninguna de las decisiones sobre su funcionamiento y su futuro que le serían propias de acuerdo con el desarrollo del apartado 10 del artículo 27 de la C.E reflejado en la LOSU, será pronto el panorama al que se enfrenten más pronto que tarde el resto de las universidades públicas andaluzas porque el mal llamado «modelo de financiación» hará entrar en déficit a todas ellas. Lamento decir que los rectores y rectoras de las universidades andaluzas no han sabido estar a la altura de las circunstancias en los retos planteados por el deterioro de la financiación que ya empezó a notarse después de la crisis del 2008 y presentar un frente unido en defensa de la Universidad pública en Andalucía.
La impostura de moderación y diálogo del presidente de la Junta Juanma Moreno se muestra de forma descarnada en la gestión autocrática y los modos autoritarios de los responsables de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. Las políticas desarrolladas por su gobierno nos acercan de forma acelerada al deterioro de las universidades y del conjunto de los servicios públicos pintándonos un escenario muy próximo al de la Comunidad de Madrid. Desgraciadamente, si las urnas no lo remedian, las universidades andaluzas entrarán, en un tiempo acelerado, en una situación similar de deterioro y liquidación de las madrileñas.
