Me ha cogido por sorpresa la reacción de condena a la intervención militar estadounidense en Venezuela por parte de la mayoría de la opinión pública y publicada. No porque no sea absolutamente razonable y de sentido común, sino porque la razón y el sentido común habían desaparecido hace mucho tiempo a la hora de hablar de Venezuela.
Con buen criterio se está argumentando que, independientemente del juicio que se pueda hacer sobre el presidente o el gobierno de Venezuela, es una flagrante violación del derecho internacional que EE.UU. decida bombardear y secuestrar al presidente y la primera dama, dejando un rastro de 80 muertos a su paso.
No solo es ilegal su abducción, también es ilegal su procesamiento penal en un tribunal de Nueva York, puesto que Nicolás Maduro, independientemente de las opiniones de otros gobiernos, es el jefe de Estado de Venezuela y solo puede ser juzgado, bajo circunstancias muy concretas, por la Corte Penal Internacional.
A la hora de analizar esta agresión se dice que, tal y como reconoce el propio Trump, la motivación de Estados Unidos no es promocionar la democracia, sino hacerse con los recursos petroleros del país sudamericano y afianzar su control sobre el hemisferio occidental.
Todos estos argumentos absolutamente lógicos y apegados a la realidad, llevaban una década sin aparecer cuando se hablaba, y se tomaban decisiones políticas, sobre Venezuela.
Vale la pena intentar aplicar estos mismos argumentos a la historia reciente:
Lo primero que podemos preguntarnos es si el interés de Estados Unidos por el petróleo venezolano es un fenómeno nuevo, o si éste ha estado detrás de la política norteamericana hacia Venezuela desde el ascenso al poder de Hugo Chavez en 1998.
Aunque las primeras sanciones económicas a Venezuela fueron aplicadas por el Nobel de la Paz, Barack Obama, en 2015, las más graves y que más dolor han provocado en la población venezolana las aprobó Donald Trump en 2017. ¿Qué nos hace pensar que Trump está ahora interesado en el petróleo pero no entonces?
Las sanciones económicas hundieron rápidamente la exportación de petróleo y, con ello, la economía Venezolana, congelaron los activos de Venezuela en el extranjero, impidieron la importación de productos básicos como alimentos o medicinas, generaron una hiperinflación monetaria que arruinó a miles de familias y provocaron la migración de millones de venezolanos a todas partes del mundo.
Igual que hoy decimos que independientemente de lo que consideremos acerca del gobierno venezolano, es ilegal secuestrar a su presidente, era igualmente ilegal imponer aquellas sanciones. De hecho, las sanciones son una vulneración mucho más grave y cruel de la soberanía de Venezuela, porque no afectan a una sola persona (aunque esta sea el máximo líder del país), sino a toda su población, y especialmente a los más vulnerables.
La misma consideración se debió haber tenido en 2002 cuando la derecha venezolana dio un golpe de Estado militar, con apoyo de EE.UU. Cinco años después, mientras Chávez estaba acusando públicamente a Aznar de haber maniobrado a favor del golpe, Juan Carlos I le espetó el famoso “¿Por qué no te callas?”, tan injustamente aplaudido en su momento.
Pero más grave aún fue el reconocimiento de Juan Guaidó como “presidente encargado” de Venezuela entre 2019 y 2021. Desde mediados del siglo XX la comunidad internacional se rige por la Doctrina de la Efectividad, también conocida como Doctrina Estrada, según la cual los Estados establecen relaciones con quien gobierna efectivamente el territorio, sin valorar la naturaleza o la legitimidad de su gobierno.
Por poner un ejemplo, tras la Guerra Civil Española, se creó un “Gobierno de la República en el Exilio” más o menos activo hasta 1977. Sin embargo, la comunidad internacional, incluidos los más acérrimos enemigos de Franco, entablaron relaciones con el gobierno franquista, por ser quien controlaba de facto el territorio de España.
Esta ley no escrita, de puro sentido común, no solo evita el caos en las relaciones internacionales, también frena la tentación de los Estados de establecer relaciones económicas con gobiernos alternativos más afines a sus intereses geopolíticos, interviniendo gravemente en la soberanía del país en cuestión.
No obstante, EE.UU. y Europa no dudaron en desconocer al gobierno efectivo de Nicolás Maduro, para reconocer al gobierno de Juan Guaidó, que no había sido votado ni por los electores ni por los diputados de la Asamblea Nacional, sino “autoproclamado” en un acto político a las puertas del edificio de la Asamblea Nacional. Pese a no gobernar de facto el territorio venezolano, Juan Guaidó estableció embajadas en gran parte del mundo, recibió millones de dólares que se encuentran en paradero desconocido y acrecentó el caos en la industria petrolera Venezolana.
Hoy cada vez más gente se pregunta, tras oír las declaraciones de María Corina Machado sobre la operación militar de Estados Unidos, si realmente era merecedora de un premio tan importante como el Nobel de la Paz. Machado, más allá de ser la líder de la oposición en Venezuela, era hasta hace poco una desconocida en España. Pocos sabían de sus opiniones o sus propuestas para Venezuela. Desde que recibió el premio, sus declaraciones a favor de Trump o Israel y sus explícitos ofrecimientos del petróleo venezolano a cambio de una intervención militar han puesto de relieve una imagen muy distinta a la que la UE y los EE.UU. habían proyectado hasta el momento. Hay algo en el relato sobre Venezuela que se empieza a resquebrajar.
Venezuela se había convertido en las últimas décadas en una cuestión casi doméstica en España y en muchos otros países. Un activo tóxico que la derecha arrojaba a la izquierda cuando se quedaba sin argumentos, y del que la socialdemocracia se apresuraba a desmarcarse, sin escatimar en los más gruesos descalificativos. Los índices sobre democracia guardaban para Venezuela los puestos más bajos de sus listas. V-DEM, por ejemplo, posicionaba a Venezuela en el número 168, por debajo de estados fallidos en plena guerra civil como Siria, mientras que reservan el puesto número 24 para Estados Unidos o el 45 para Israel.
Lo que no ha habido a la hora de hablar de Venezuela es mesura, ni una argumentación pausada y razonada. No es necesario aprobar cada decisión del gobierno venezolano para entender que Venezuela lleva sufriendo décadas de una guerra económica, diplomática y comunicativa que son tan ilegales como el reciente secuestro de Nicolás Maduro. Se puede ser crítico, como lo somos con cualquier país, sin condenar de forma categórica a un proceso político cuyo pecado original fue, no lo olvidemos, plantear una alternativa al capitalismo y al dominio estadounidense, la nacionalización de los recursos naturales del país y la dignificación de los más pobres y de los pueblos indígenas a través de una nueva redistribución de la riqueza y el poder político.
