En fechas recientes, los jueces españoles más visibles, los que saltan al estrellato con instrucciones impresentables, con meros indicios, sin pruebas demostrables, tienen muy enfadada a la opinión pública española. Muy pocas gentes confían en ellos. La ciudadanía sana se ha percatado de que no es que judicialicen la política sino, más bien, que la politizan ellos mismos con procederes sectarios, de partido. Casi siempre del mismo partido.
Algunos jueces han sido capaces de dar a conocer un fallo sin que existiera todavía sentencia. O bien han suprimido declaraciones de testigos que les incomodan, como en el reciente juicio contra el Fiscal General del Estado: los testimonios de cinco periodistas, ciudadanos pues, exculpatorios del reo, fueron gratuita y arbitrariamente ignorados. También invirtieron la carga de la prueba y era el reo quien debía probar su inocencia, en vez de ser el juez quien demostrase su culpabilidad. Adiós a la presunción de inocencia, base de la condición democrática de la ciudadanía. ¿Dónde queda la ponderación que la cultura judicial y la propia jurisprudencia les atribuye en los casos controvertidos?
No obstante, la mayor parte de los 6.000 jueces y juezas que trabajan hoy en España cumplen cabalmente sus funciones. Aplican la justicia ordinaria, básica y cotidiana, con leyes relativas a divorcios, querellas, contratos, en pleitos varios… En la justicia penal, cada juez o jueza asume responsabilidades que solo una conciencia cívica acendrada puede asumir, como la que timbra el compromiso social de muchos togados. Sentenciar penalmente, mirar a los ojos a aquel a quien se condena a años de prisión, implica aceptar una carga moral que debe dejar sin sueño no solo al reo, sino a más de un magistrado. Mas la inquietante progresión de órdenes judiciales de desahucio no parece que provoque mucho insomnio, desgraciadamente.
Las controversias más llamativas en torno a la Justicia surgen pues en torno a los mal-llamados jueces-estrella. Los grandes asuntos relevantes, de la política, la economía, los de corrupción, todos aquellos casos que impactan sobre la moral social, pasan por sus manos. Ello les otorga un plus de atención mediática y de exhibición pública que puede llegar a cegarles.
Corporativismo
En el plano objetivo, el estigma social que persigue a muchas profesiones, la judicatura no es una excepción, suele ser casi siempre el del corporativismo. Se trata de una suerte de blindaje que, en este caso, sitúa los intereses grupales de jueces y juezas por encima de los intereses de la sociedad. A él se acogen, como capa protectora, los jueces-estrella para justificar los excesos en los que pueden —y suelen— incurrir. Se invisten con la conciencia de que han de erigirse en un contrapoder por encima del Parlamento y del Ejecutivo. Por ende, el corporativismo judicial suele ser de derechas mientras la izquierda judicial, que también existe, lo rechaza. Pero la hegemonía axiológica, los valores dominantes entre la clase judicial, pertenece hoy a los corporativos.
El problema surge cuando el juez excede su función de interpretar las leyes y convierte el contrapoder corporativo en patente para monopolizar la razón de Estado. Ahí ha cruzado ya una línea intransitable. Las leyes las hace el Parlamento, sede de la soberanía nacional. Los jueces las interpretan. Y la acción y decisión políticas, ejecutivas, corresponden al Gobierno. Si concebimos al Estado como un actor racional, la razón de Estado atribuye cuotas distintas, limitadas, a cada uno de los tres poderes, pero nunca los integra en uno solo de ellos. Eso cancelaría el Estado de Derecho y la división de poderes, además de aniquilar la democracia representativa. Quien, según la cualidad de su cuota, da expresión a la razón de Estado, esa armonización de intereses públicos y privados, a esa pauta que asegura la persistencia estatal en el espacio y en el tiempo, es el Poder Ejecutivo. Cuando uno de los otros dos poderes, legislativo y judicial, traspasa las fronteras marcadas por sus respectivas cuotas, las de elaboración e interpretación de las leyes, respectivamente, el desconcierto social y político está asegurado. Es entonces cuando surgen los jueces que se ven a sí mismos como salvadores de la Patria y se permiten el lujo de incumplir, revocar devaluar o demorar la aplicación de leyes o decretos surgidos del Ejecutivo. Craso error con gravísimas consecuencias y causa de la desconfianza ciudadana hacia las togas y las puñetas, símbolos textiles del ejercicio de la justicia.
Muchos españoles estamos sufriendo las consecuencias de esta extralimitación en la vida sociopolítica de nuestro país. Cuando razones profundas de Estado, como el mantenimiento de la convivencia en un área del país como Cataluña, llevan al Gobierno a amnistiar una conducta política determinada, resulta que importantes testas coronadas del poder judicial no solo se oponen a aplicarla, sino que objetivamente cercenan el principio de división de poderes y erosionan, además del crédito gubernamental, el de la política y la democracia misma. Y ateniéndonos a la actualidad, lo hacen objetivamente en sintonía con los partidos de la derecha, embarcados en una obsesiva vía deslegitimadora del Gobierno legítimo.
Como vemos, estas actitudes destilan un evidente rencor corporativo hacia los políticos. Rencor que encuentra a su vez un resquemor político en sentido opuesto. Alguna cualificada voz de la carrera judicial apunta que la situación económica de numerosos jueces es precaria y sitúa en este desencuentro el origen del problema. No es frecuente la existencia de funcionarios españoles millonarios, desde luego. Y si la precariedad es tal, resuélvase. Los jueces deben ser retribuidos adecuadamente, por razones obvias. Tal es un cometido político prioritario. Y aplíquese dotando unas tareas, las judiciales, que en un 85% de la carga de trabajo que gestiona, podría ser resuelta de modo maquinal, vía informática, dejando el 15% restante para la deliberación sosegada del juez. No obstante, estas medidas, por su entidad, requieren del consenso parlamentario, al que la derecha, que inspira las pulsiones corporativas, se opone frontalmente.
Manga ancha
Sin embargo, otras fuentes señalan que la actual retribución a los jueces encuentra su complemento indirecto por la vía de horarios y libranzas, a veces laxos, así como en la manga ancha de los órganos colegiados a la hora de permitir cometidos adyacentes bien remunerados, como el de los preparadores de oposiciones a jueces. Precisamente, en la preparación de opositores reside uno de los cuellos de botella de la judicatura. Y ello habida cuenta de la duración de este proceso, de entre tres y cuatro años, acentuado además por la habitual tardanza en las evaluaciones, prolongadas a veces más de 3.
¿Qué joven letrado, licenciado en Derecho a los 22 años, pongamos por caso, puede disponer de seis o siete años más sin remuneración para convertirse en juez o jueza por oposición?: los ricos, los hijos de magistrados acomodados o los poquitos becarios que accedan a una ayuda a largo plazo. Esta barrera ha sido históricamente la causa de la endogamia judicial considerada como un atributo suyo característico.
Empero, algo se avanza. Al parecer, en la 74ª Promoción de jueces y juezas, la última, el 60% son mujeres y de su total el 48% accede por primera vez en su familia a un cargo judicial. Toda una legislación para corregir los errores descritos va emergiendo poco a poco durante los últimos años para despejarlos del panorama, si el ruido y la confusión subsiguiente no oscurecen sus avances. Ruido letal que surge de una garrafal ignorancia: la Política, la Justicia y los medios hablan tres lenguajes diferentes. Este axioma no puede ser olvidado. El tempo y la forma de cada uno de sus respectivos discursos son distintos. Es preciso traducirlos para que el pueblo llano pueda acceder a asimilarlos. En su comprensión todos nos jugamos mucho. He ahí la función mediadora de los medios.
El corporativismo judicial trocado en salva-patrias, así como el político y mediático, que también existe, causan graves perturbaciones en el funcionamiento y la moral pública de un país como el nuestro. Erradiquémoslo, pues, entre todos. La Justicia tiene solución. Su antídoto consiste en democratizarla, des-corporativizándola. La necesitamos. Necesitamos confiar en ella, poniendo las togas y las puñetas, los bordados de las bocamangas de los magistrados, al servicio de la sociedad.
Fuente: elobrero.es
