Arranca en la Cortes un nuevo periodo de sesiones, periodo que finalizará en el mes de julio coincidiendo con el tercer año tras la celebración de las anteriores elecciones generales, sin que se espere una convocatoria electoral general durante estos próximos meses. En una legislatura estándar, con mayor estabilidad que la actual, nos encontraríamos en un momento que podríamos calificar de gran actividad legislativa, en el que se estarían aprobando ya buena parte de las iniciativas legislativas que tanto el Gobierno como los Grupos Parlamentarios hubiesen impulsado desde el comienzo de la legislatura. Pero, como a nadie se le escapa, nos encontramos con una situación sumamente compleja, en la que las fuerzas políticas que sustentan el Gobierno y sus socios de investidura están encontrando grandes dificultades para sacar adelante la agenda legislativa, tanto por las divergencias sobre algunas cuestiones como, especialmente, por el descuelgue de Junts como socio fiable y dialogante empeñado en transmitir una imagen de bloqueo de legislatura, compleja situación que ha producido un retraso o paralización de numerosos proyectos legislativos.
En todo caso, la legislatura sigue viva y con vocación de continuidad pese a que no ha sido fácil alcanzar este punto del camino en el que se van a completar las tres cuartas partes de la legislatura, quedando ya lejos los días de la aprobación de la ley de amnistía, ley transitada por un camino tortuoso, complejo y a veces al borde de la ruptura, pero que finalmente deparó un acuerdo que ha beneficiado la convivencia en Cataluña aunque ha marcado el conjunto de la legislatura. Pese a los cálculos e intereses partidistas de la derecha y la extrema derecha, que llevaron el debate acerca de la ley de amnistía a un clima de confrontación y crispación, la realidad ha demostrado que la sociedad española estaba plenamente preparada para la amnistía, lo que venía a mostrar que esas protestas realmente escondían la incapacidad de las derechas para asumir los democráticos resultados del 23J.
El descuelgue de Junts, empeñado en transmitir una imagen de bloqueo de legislatura, ha producido un retraso o paralización de numerosos proyectos legislativos
En todo caso, este movimiento reaccionario, sí que dio alas a la élite judicial en su ataque contra el gobierno de coalición, siendo numerosos los supuestos de lawfare o cacería judicial, como hemos visto recientemente en la aberrante sentencia condenatoria contra el fiscal general del Estado, aunque tampoco se puede obviar los graves casos de corrupción que persiguen a diversos cargos del PSOE y que están enfangando en el lodo corrupto el trabajo del gobierno de coalición. Parece innegable que frente a esta supuesta parálisis del Gobierno amenazado constantemente por la corrupción socialista cabe contraponer la ejecución de políticas públicas que de forma tangible sean útiles a la población, contraposición que no ha sido verdaderamente acometido hasta ahora por el PSOE, en contraste con la batería de medidas que tanto IU como otras fuerzas políticas han propuesto.
Queda tiempo
Como prioridad debe calar la certeza de que en esta legislatura hay tiempo y posibilidades para poder abordar medidas legislativas en el ámbito de la vivienda, especialmente la prórroga forzosa de las decenas de miles de contratos de alquiler que vencen este año y el siguiente y que fueron firmados tras el Covid y antes del gran aumento de los precios del alquiler desde 2023. Es una medida plenamente constitucional que el ala socialista del Gobierno debe afrontar con valentía frente a las presiones del lobby rentista y las reticencias del Grupo Parlamentario de Junts, formación política que en todo caso deberá retratarse con su voto si quiere tumbar la convalidación por el Congreso del necesario real decreto ley que la aprueba. A esta medida vital para afrontar la emergencia habitacional que padecemos deben sumarse otras medidas en el ámbito legislativo, como la aprobación en el Congreso de la proposición de ley de regulación del alquiler de temporada, propuesta planteada por IU y otras fuerzas políticas y que vendría a limitar la capacidad de usar el alquiler de temporada para alquilar vivienda con verdadera intención de permanecía, fraude de ley que se está dando en multiplicidad de supuestos, tal y como denuncian numerosas organizaciones sociales. Esta propuesta de ley se encuentra ahora mismo en el marco de la ponencia y está encontrando dificultades para ser aprobada, una vez más por la resistencia de Junts.
Lo cierto es que la actual legislatura, y cada iniciativa legislativa gubernamental, penden de una frágil mayoría parlamentaria, lo que queda perfectamente patente en el retraso que arrastra el Gobierno para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, aunque sí parece que a finales de febrero de este año se podrían presentar en el Congreso la propuesta de presupuestos, ligada al pacto con ERC sobre nuevo modelo de financiación autonómica. Pese a ello, sí que se han aprobado en el Congreso leyes que tienen una gran impacto presupuestario o fiscal, como el proyecto de ley por el que se establece un impuesto complementario para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud y un impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras, legislación que establece un impuesto complementario para garantizar que los grupos de gran magnitud o las multinacionales tributen “a un tipo mínimo global del 15 por ciento”, norma que permite recaudar 7.500 millones anuales más, recursos que hasta hace un año se perdían en paraísos fiscales y territorios de baja tributación.
Otra de las cuestiones que van a seguir abiertas esta legislatura es la relativa al incremento de gravamen impositivo al sector energético, que sigue sin tener garantizado el apoyo ni de Junts ni del PNV. La posición de los nacionalistas catalanes y vascos no ha cambiado de momento, aunque hay señales claras de que el bloque de izquierdas va a continuar luchando para que se vuelva a imponer un impuesto ante los extraordinarios beneficios que están acumulando las compañías eléctricas.
La amnistía y Puigdemont
En todo caso, parece fundamental para la aprobación de nuevos avances en política fiscal, vivienda y derechos sociales la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la aplicación de la ley de amnistía al caso concreto de Carles Puigdemont, sentencia que presumiblemente sea favorable a la plena aplicación de la amnistía al ex presidente catalán y que podría abrir un marco temporal de aprobación de iniciativas, toda vez que Junts viene responsabilizado al Gobierno de que el ex presidente no pueda regresar a Cataluña.
Esta ventana de oportunidad que se puede abrir con la plena normalización de los efectos del proceso catalán debiera tener incidencia en la aprobación del proyecto de ley para modificar el acceso a la carrera judicial, que bebe de la propuesta que ya presentó IU hace meses, proyecto que va en la buena dirección. También debe destacarse las expectativas de acuerdo para acometer de una vez la derogación y reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, estando ahora pendientes de que la ponencia del Congreso inicie sus trabajos para alcanzar un acuerdo del conjunto de fuerzas democráticas para tener una nueva ley, estando en un punto en el que los principales problemas los está poniendo el PNV, que tiene reticencias sobre algún aspecto pactado con EH Bildu.
Otras iniciativas que se encuentran pendientes de aprobación serían la ley de información clasificada, proyecto que pondría fin a la vieja ley de secretos oficiales y a la práctica de secretos perpetuos que permite esa ley; la reforma del Código Penal para eliminar delitos, como ultrajes a la bandera, injurias a la corona o el delito de blasfemia, delitos que limitan la libertad de expresión; la ley que facilita una pasarela a la Seguridad Social de los profesionales atrapados en la trampa de las pensiones de las mutualidades o una nueva ley de consumo sostenible. También deben destacarse el intento de abordar una reforma de la legislación educativa para disminuir las ratios en los centros educativos en la enseñanza obligatoria, lo que redundaría en la calidad de la enseñada recibida por el alumnado, así como la aprobación de un nuevo Estatuto Marco del personal de los servicios de salud, que lleva sin actualizarse más de 20 años, norma que debe afrontar los retos de la nueva realidad sanitaria de nuestro país con perspectiva de fortalecer la sanidad pública. En fin, muchas iniciativas, muchas esperanzas pendientes de unos pocos votos.
