He caminado muchas veces por Caracas. He compartido horas, conversaciones y afectos con su gente, en barrios populares, en plazas, en casas humildes y en espacios de organización social.
Por eso, el amanecer del pasado 3 de enero fue especialmente doloroso, supuso un despertar con una herida profunda, personal y política.
La agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela es una agresión imperialista planificada que ha dejado más de un centenar de personas asesinadas y que culminó con el secuestro del poder constitucional venezolano en la figura del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente y diputada a la Asamblea Nacional, Cilia Flores.
Las bombas no caen sobre abstracciones. Caen sobre viviendas, sobre barrios, sobre familias. Cayeron sobre una población que conozco, que he visitado, que me ha abierto sus casas y sus vidas, mientras los medios de comunicación, en su gran mayoría, hablaban de “objetivos estratégicos”.
Antes del 3 de enero embarcaciones civiles fueron atacadas en aguas internacionales, causando decenas de muertes. Personas desarmadas, sin posibilidad de defensa, ejecutadas bajo el pretexto de la “lucha contra el narcotráfico”. Ejecuciones extrajudiciales, sin investigación, sin responsabilidad, sin justicia.
Esto es un crimen de guerra.
La agresión alcanzó un punto de no retorno con el secuestro del presidente constitucional, Nicolás Maduro, y de la primera combatiente y diputada a la Asamblea Nacional, Cilia Flores. Y no, no hay eufemismo posible: es un secuestro, cometido en el marco de una invasión armada extranjera.
Trump ha utilizado la fuerza bruta para imponer lo que no se consiguió ni en las urnas ni con la presión económica: quitar a Maduro. Ha secuestrado al presidente en una invasión armada extranjera
Secuestrar a un jefe de Estado en ejercicio y a una representante electa no solo vulnera las inmunidades reconocidas por el derecho internacional; constituye, además, toma de rehenes, un crimen tipificado en el Estatuto de Roma. Es la utilización de la fuerza bruta para imponer por la violencia lo que no se ha conseguido ni en las urnas ni mediante la presión económica.
Esta agresión tiene responsables con nombre y apellidos. El principal de ellos es Donald Trump, que ha abandonado cualquier máscara diplomática para actuar conforme a la lógica más cruda del imperialismo: el derecho del más fuerte y sus declaraciones que vinculan la agresión con el control de los recursos naturales venezolanos, especialmente el petróleo, confirman el carácter neocolonial de la operación. Venezuela es atacada por lo que es: un país soberano que no se somete.
Pero esta agresión no podría entenderse sin señalar una responsabilidad interna profundamente vergonzosa. Sectores de la oposición venezolana, encabezados por figuras como la fascista María Corina Machado, han pedido abiertamente la invasión extranjera, el bombardeo del país y el castigo colectivo a su propio pueblo. Esto no es discrepancia política ni oposición democrática. Hablamos de colaboracionismo, de quienes celebran los bombardeos mientras mueren compatriotas, de quienes aplauden la destrucción de su propio país con tal de alcanzar el poder de la mano de una potencia extranjera. Las imágenes y mensajes de celebración tras los bombardeos por parte de sectores opositores no solo son moralmente repugnantes: son una prueba más de que el imperialismo siempre necesita élites locales dispuestas a traicionar a su pueblo.
Juristas y organizaciones internacionales han documentado ya estos hechos y han solicitado la intervención de la Corte Penal Internacional. La calificación jurídica es inequívoca: crimen de agresión, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Frente a ello, el silencio de la Unión Europea y de numerosos gobiernos europeos es ensordecedor. No hay neutralidad posible ante crímenes de esta magnitud. Callar es ser cómplice.
Defender Venezuela es defender a su gente. Para quienes conocemos Caracas, para quienes hemos compartido vida con su pueblo, y conocemos de primera mano la Revolución Bolivariana, esta agresión no es una noticia más. Es la constatación de hasta donde puede llegar el imperialismo cuando no encuentra límites.
Defender hoy a Venezuela es defender a su gente, defender su derecho a vivir en paz y a decidir su futuro sin sanciones, sin injerencia, sin bombas y sin secuestros. Denunciar esta barbarie no es solo una posición política: es una obligación ética.
Porque cuando se bombardea a un pueblo y se secuestra a su presidente con total impunidad, lo que está en peligro no es solo Venezuela, sino el propio derecho internacional y la posibilidad misma de un mundo sin ley del más fuerte.
