Sufrimos un bombardeo constante desde los medios de comunicación de masas que culpabiliza a los pensionistas de que las personas jóvenes tengan carencias materiales severas. Esta ofensiva busca que cale la idea de que la solución es el recorte de pensiones a los millones de ciudadanas y ciudadanos ya que se podrían así lograr los recursos para que las nuevas generaciones vivan con dignidad.
Hay que poner pie en pared ante esta falacia. Hacer pelear a los penúltimos con los últimos es garantía de no abordar adecuadamente la resolución de problemas complejos. Pero, además, en este caso, es evidente que, si eres de la generación zeta, tienes un empleo precario y no llegas a fin de mes ni en casa de tus padres, no pienses que tu enemigo es el pensionista que percibe una prestación que nos hemos matado para que sea digna. Además, los datos económicos muestran que la pretendida insostenibilidad del sistema público de pensiones es una falacia. Sí que es cierto que en la actualidad la financiación del gasto público en pensiones (incluidas las no contributivas y complementos asistenciales) requiere de transferencias del Estado y que serán necesarias más aportaciones en el futuro. En 2050, año de mayor tensión por la mayor presión demográfica de las generaciones más numerosas ya percibiendo pensiones, esas transferencias del Estado tendrían que incrementarse 2,2 puntos del PIB hasta el 5,9% del PIB. Y en el año 2070, únicamente del 4,6% del PIB. Claro que se trata de mucho dinero, pero es algo perfectamente asumible incluso sin tomar medidas adicionales de tipo tributario, algo que no debe descartarse.Por poner un ejemplo, la actual deriva belicista plantea como perfectamente asequible que España llegue a un gasto militar del 5% del PIB. ¿Acaso puede ser un elemento que desequilibre las finanzas públicas el blindaje de los derechos de nuestros pensionistas presentes y futuros?Evidentemente, no.
El balance de las reformas del sistema de pensiones público de estos últimos cuatro años es muy positivo para las y los pensionistas presentes y para los futuros. Se trata de elementos cuantitativos y cualitativos que inclinan la balanza claramente a favor de las prestaciones a percibir, a pesar incluso de las rémoras que suponen las dificultades para anticipar la jubilación, los incentivos a su demora y el empeño insistente de promoción de los planes de empleo.
Se dedicarán más recursos a pensiones públicas tras las reformas (3% del PIB adicional en 2050 y 3,6% del PIB más en 2070). Eso se traduce en un 23% más de gasto en pensiones en 2050 con respecto a la situación previa al recorte del PP y un 33% más en 2070. Pero este éxito (porque dedicar más dinero a nuestros pensionistas es indudablemente positivo) no es “a costa del bienestar de las personas jóvenes”.
Por eso no debiéramos dejar sin respuesta el catastrofismo interesado de quienes llevan cuarenta años haciendo negocio con los planes privados de pensiones. El sistema público de pensiones, con nuestra estructura demográfica y con las previsiones más pesimistas de las mismas, es sostenible siempre que haya mayoría social dispuesta a pelear por conservarlo y mejorarlo y exista voluntad política para que se lleve a cabo.
La Seguridad Social ha asumido gastos cuyo coste no le correspondería sin que se generase debate alguno sobre la sostenibilidad
Pero que estemos satisfechos con las reformas del sistema público de pensiones que hemos impulsado desde el gobierno de coalición gracias, entre otras, a las presiones de Izquierda Unida, no nos debe situar en la autocomplacencia porque queremos más. De hecho, las reformas realizadas no han devuelto la edad de jubilación a los 65 años que nos fue arrebatada sin diálogo y sin justificación alguna. Y no, los pensionistas no pueden alardear de disfrutar de “una vida cañón”. Actualmente 3,6 millones de pensionistas perciben prestaciones por debajo del umbral de la pobreza y 1,5 millones cobran menos de 552 euros (pobreza severa).Tampoco las reformas han abordado todas las actuaciones posibles de obtención de más ingresos, como el necesario destope total de la base máxima de cotización, para que disminuya la brecha de recaudación que existe con respecto a la media de la UE. Todavía queda mucho por hacer para lograr mejoras salariales y atajar el lacerante problema del desempleo juvenil y su precariedad y más todavía cuando se aplican bonificaciones para que se prolongue la edad de jubilación más allá de la establecida legalmente. Además, la Ley de Garantía del Poder Adquisitivo de las Pensiones mandató al Ejecutivo para encargar «en el plazo máximo de un mes» y tener listo en otros seis, es decir, en julio de 2022, «un informe de auditoría relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social (…) entre los años 1967 y 2019». Sin embargo, no tenemos esa auditoría que permitiría abordar de otra forma esta reforma del sistema público de pensiones. Por ese motivo he realizado un estudio de los sesenta años que van de 1965 a 2024 que muestra que en cuarenta y dos de los ejercicios ha existido saldo a favor de la Seguridad Social y en dieciocho ha habido déficit.El saldo acumulado a favor del nivel contributivo de pensiones de la Seguridad Social en el período asciende al 0,01% del PIB de período y a un total de 186.006 millones de euros de 2024. Tal y como han defendido los activistas, colectivos y movimientos en defensa de las pensiones públicas, quien ha financiado a la Administración Central ha sido la Seguridad Social asumiendo gastos impropios del sistema no contributivo cuyo coste no le correspondería. Se han proporcionado recursos al resto del Estado a un promedio del 0,7% del PIB anual sin que se generase debate alguno sobre la sostenibilidad de éste. La auditoría oficial y la contabilización adecuada de los pasivos convertiría la deuda de la Seguridad Social en superávit y desmontaría de un plumazo la falsa tesis de insostenibilidad del sistema público de pensiones y condicionaría las soluciones futuras a la financiación vía impuestos de las posibles tensiones futuras en el sistema.
En definitiva, hay que conservar lo alcanzado, fruto de las movilizaciones de los colectivos de pensionistas y de la determinación de las fuerzas políticas de la izquierda transformadora. Pero hay que coger impulso para, además de defender lo conquistado, avanzar en derechos. Y para eso es imprescindible que cada persona se convierta en militante para responder al discurso privatizador que nos quieren imponer.
Solo así podremos consolidar el sistema público de pensiones y blindarlo para las generaciones futuras.
