Según datos del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social en España, actualmente trabajan y cotizan más de 3,3 millones de personas inmigrantes. Lo hacen mayoritariamente en sectores como la agricultura, la construcción, la hostelería, la logística y los cuidados. Ocupan buena parte de los empleos más invisibles, más duros, peor pagados y con mayor riesgo laboral y precariedad del mercado español.
En el campo, por ejemplo, la dependencia de mano de obra inmigrante es estructural. En regiones agrícolas como Murcia, casi el 59% de los afiliados al régimen agrario son extranjeros, según datos recopilados por CaixaBank Research. En determinadas campañas agrícolas, además, hasta el 85% de los empleos corresponden a tareas manuales de recolección, manipulado y carga. Su sueldo apenas supera el salario mínimo interprofesional. Algunas estimaciones sitúan el salario agrícola diario en torno a 39 euros por jornada.
La hostelería constituye otro de los grandes nichos laborales de la inmigración. Camareros, cocineros, repartidores o personal de limpieza sostienen buena parte de una industria clave para la economía española. Sin embargo, los salarios del sector rondan aproximadamente los 1.800 euros brutos mensuales de media, cerca de un 25% por debajo del salario medio nacional. A ello se suma temporalidad, parcialidad involuntaria y horas extraordinarias no remuneradas denunciadas recurrentemente por sindicatos e inspecciones laborales.
La situación se agrava en el empleo doméstico y de cuidados, uno de los sectores más feminizados y precarizados del país. Diversos estudios estiman que alrededor del 70% del empleo doméstico está ocupado por mujeres extranjeras, principalmente latinoamericanas. Muchas trabajan como internas, con jornadas extensas, salarios cercanos al mínimo legal y una fuerte dependencia respecto al empleador.
La construcción representa otro ejemplo especialmente revelador. Según datos del sector y de afiliación laboral, entre el 22% y el 26% de los trabajadores de la construcción son inmigrantes. Se trata de uno de los sectores más peligrosos de España. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) señala que, aunque la construcción representa alrededor del 6,5% del empleo total, concentra el 13% de los accidentes laborales y más del 21% de los accidentes mortales. En 2024 se registraron más de 84.000 accidentes con baja en la construcción Los sindicatos alertan de que muchos trabajadores extranjeros se concentran precisamente en las tareas de mayor riesgo físico: peones, encofradores, ferrallistas, carga y descarga o empleo en subcontratas.
También trabajan en el sector de la logística, el reparto y la carga y descarga, uno de los que más ha crecido en los últimos años a raíz del comercio electrónico y las plataformas digitales. Ocupan empleos en almacenes, paquetería, mensajería y reparto urbano, caracterizados por ritmos de trabajo intensivos, turnos nocturnos, presión por productividad y una elevada incidencia de lesiones musculares y accidentes laborales. Además, parte de estas actividades funcionan mediante subcontratación y fórmulas de falsa autonomía que aumentan la vulnerabilidad y desprotección frente a accidentes y abusos laborales.
La precariedad también influye en la capacidad para denunciar abusos. Organizaciones sindicales y expertos en prevención laboral advierten de que el miedo a perder el empleo o a sufrir consecuencias administrativas dificulta que muchos trabajadores inmigrantes denuncien incumplimientos de seguridad o condiciones ilegales.
Organismos como el Banco de España, la AIReF, la OCDE o el Ministerio de Inclusión coinciden en señalar que la inmigración es clave para sostener sectores estratégicos y compensar el envejecimiento demográfico. Una parte significativa de sus cotizaciones a la Seguridad Social alimentan el Sistema Nacional de Salud y las pensiones.
