El Partido Popular ha votado en contra de incorporar por ley la financiación estatal del 50% del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, una medida que durante años había sido una de las principales reivindicaciones de las comunidades autónomas gobernadas por esta formación.
La Comisión de Derechos Sociales ha aprobado este jueves el dictamen de la ponencia sobre la reforma de la Ley de derechos de las personas con discapacidad e inclusión social, que incluye una enmienda impulsada por PSOE y Sumar para garantizar legalmente que la Administración General del Estado financie la mitad del gasto certificado por las comunidades autónomas en materia de dependencia.
La iniciativa ha salido adelante con 20 votos a favor y 17 en contra, gracias al respaldo del conjunto de los grupos parlamentarios, incluido Junts, mientras que PP y Vox han rechazado tanto la enmienda como el dictamen. La norma continuará ahora su tramitación parlamentaria en el Congreso.
Un compromiso que pasa a ser ley
Desde el Ministerio de Derechos Sociales destacan la contradicción del voto del Partido Popular, al recordar que los gobiernos autonómicos de esta formación «llevan años reclamando que la aportación estatal llegase al 50%». Según fuentes del departamento que dirige Pablo Bustinduy, ese compromiso figuraba ya en el acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar y ahora quedará recogido expresamente en la legislación.
El objetivo del Ejecutivo es blindar esta financiación para impedir que futuros gobiernos puedan reducir la aportación estatal al sistema. El ministerio recuerda que durante los gobiernos de Mariano Rajoy se produjeron recortes superiores a los 5.000 millones de euros en dependencia.
Más de 6.200 millones adicionales
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció a finales de junio una inversión adicional de 6.200 millones de euros en dos años, presentada como la mayor realizada en dependencia desde la implantación del sistema.
Con este incremento, la financiación estatal alcanzará los 7.239 millones de euros en 2027, frente a los 3.757 millones previstos para 2025 y los 1.347 millones de 2018, último ejercicio completo del Gobierno de Rajoy.
El Ejecutivo sostiene que esta inyección económica permitirá reducir listas de espera, ampliar las prestaciones y mejorar las condiciones laborales de los profesionales del sector.
Una reclamación histórica de las comunidades del PP
La posición adoptada ahora por el Partido Popular contrasta con las demandas que sus comunidades autónomas han venido trasladando durante los últimos años.
En 2022, varios gobiernos autonómicos del PP reclamaron al Ejecutivo central que cumpliera «su compromiso de financiar al 50%» el Sistema de Dependencia y exigieron una mayor estabilidad financiera para garantizar su sostenibilidad.
Dos años después, en 2024, el senador popular por Ourense Francisco Fernández defendía que el Gobierno debía aportar la mitad de la financiación del sistema, mientras que en 2025 las comunidades gobernadas por el PP volvieron a acusar al Ejecutivo de impulsar una reforma «sin comprometerse a cumplir el 50% de la financiación que le corresponde».
Qué cambia la reforma
La Ley de Dependencia vigente no establece actualmente un porcentaje mínimo de financiación por parte del Estado. La norma únicamente obliga a la Administración General del Estado a garantizar el nivel mínimo de protección, mientras que exige a las comunidades autónomas aportar, como mínimo, una cantidad equivalente a la financiación estatal.
La enmienda aprobada modifica este esquema e introduce por primera vez la obligación de que el Estado financie, «en todo caso», el 50% del gasto total certificado por el conjunto de las comunidades autónomas, excluyendo de ese cálculo la aportación económica realizada por las personas beneficiarias.
Con esta modificación, el Gobierno pretende consolidar un modelo de financiación estable y evitar que futuras decisiones presupuestarias puedan reducir la participación del Estado en el sostenimiento del sistema de atención a la dependencia.
