Arturo Ruiz fue la víctima uno de los crímenes más emblemáticos de los cometidos durante la Transición. Obrero y estudiante, de 19 años, participaba en una manifestación pro amnistía cuando un pistolero de los Guerrilleros de Cristo Rey, que colaboraba con las fuerzas de seguridad del Estado, le mató de dos disparos. Esa misma tarde, otros falangistas asesinaron en su despacho a los abogados de Atocha. Al día siguiente, un bote de humo lanzado por la policía directamente a su cabeza mató a la estudiante María Luz Nájera, de 20 años en la manifestación de protesta contra el asesinato de Arturo Ruiz.
La desinformación y la impunidad han ido de la mano durante los casi 50 años transcurridos desde el asesinato de Arturo, el 23 de enero de 1977, en una céntrica calle de Madrid. A pesar de la pronta identificación de su asesino, José Ignacio Fernández Guaza, un ultraderechista argentino colaborador de la policía española que pudo huir del país gracias al apoyo de diversos agentes de la Guardia Civil, la actuación del Estado para dar respuesta a las preguntas de los familiares de Arturo Ruiz, un ejemplo de compromiso y coherencia para todo el movimiento memorialista, ha brillado por su ausencia.
Durante la investigación del crimen, en los años setenta del siglo pasado, los allegados de Fernández Guaza declararon que este había trabajado para las autoridades españolas y que recibía continuas visitas de agentes policiales. Aunque todo estaba envuelto en un halo de misterio, secreto y calculada ambigüedad, siempre hubo datos suficientes para llevar a cabo una investigación. Según las declaraciones del asesino confeso, participó en un comando que trabajaba para la Guardia Civil en la guerra sucia contra ETA. Asimismo, se tiene constancia de su participación en los sucesos de Montejurra. A lo anterior se suman las circunstancias de su huida del país, con documentación falsa facilitada por las autoridades españolas y el apoyo de funcionarios que fueron identificados en su momento, extremos ratificados cuando se le localizó en Argentina en 2023 y fue entrevistado por la prensa.
No tiene justificación alguna que las autoridades hoy mantengan el silencio y la impunidad de forma deliberada amparándose en la ley de secretos oficiales
Que las declaraciones de Fernández Guaza no tengan credibilidad alguna es una obviedad y que los cuerpos policiales de la dictadura borraran todas las pruebas de sus fechorías cae de su propio pie, tampoco es un descubrimiento para nadie la continuidad de los instrumentos represivos del franquismo durante la Transición y su intervención en estrategias desestabilizadoras, pero lo que no tiene justificación alguna es que las autoridades actuales hayan mantenido el silencio amparándose en la normativa de secretos oficiales prolongando el sufrimiento de la familia y la impunidad de forma deliberada.
Una estrategia basada en la Ley de Memoria Democrática
La Ley de Memoria Democrática de 2022 estableció con toda rotundidad el derecho de las víctimas a la verdad y el acceso a la documentación oficial que tuviera que ver con la comisión de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. No fue fácil que se incluyera una referencia a las víctimas de la Transición dada la resistencia del PSOE a incluirla, pero finalmente se llegó a un acuerdo durante la tramitación parlamentaria. El derecho internacional, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya recogía este derecho y prevé expresamente sobre el interés del Estado de preservar sus secretos oficiales.
La Ley de Memoria Democrática de 2022 incluye a las víctimas de la Transición, gracias a Izquierda Unida ya pesar de la resistencia mostrada por PSOE
El contenido del derecho a la verdad de las víctimas tiene además un componente que obliga al Estado a dar un paso más e investigar los hechos extrajudicialmente cuando la vía penal está cerrada. Es bien conocido que los familiares de Arturo Ruiz, como otras victimas de la dictadura y la Transición, no han logrado romper el muro de impunidad impuesto como una losa. A raíz de las declaraciones de Fernández Guaza en 2023, su hermano Miguel Ángel Ruiz intentó la reapertura del caso penal, pero la Audiencia Nacional denegó la pretensión al estar prescrito el delito. Una decisión cuestionable a la luz de la propia Ley de Memoria Democrática, que establece en su artículo 2.3 que este tipo de crímenes tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables.
Conscientes de la interpretación restrictiva de los tribunales españoles y de los continuos archivos a los que se enfrentan las víctimas, los familiares de Arturo Ruiz y un grupo de abogados decidimos explorar una nueva vía, complementaria a la anterior o a la loable labor que se lleva ante la Justicia argentina. En este sentido, en noviembre de 2024, Miguel Ángel Ruiz, dirigió a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior del Gobierno español una solicitud para que se desclasificaran todos los documentos relativos al caso y que se aclararan la participación de las autoridades españolas del momento, como el papel que desempeñó la unidad que operaba en la comisaría de la calle Rey Francisco, que coordinó la represión de la manifestación del 23 de enero de 1977 que reclamaba amnistía y libertad. Más allá de las actuaciones concretas, se solicitó que se aclararan las conexiones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de José Ignacio Fernández Guaza, dependientes del Ministerio del Interior entonces encabezado por Rodolfo Martín Villa, un personaje siniestro que todavía puede dar cuenta del ejercicio de su poder en esos años.
Admisión a trámite de la demanda
Lo más grave de la actuación del ministerio hoy dirigido por Fernando Grande-Marlaska no es su empecinamiento en salvaguardar los secretos oficiales, una política que siempre ha defendido el PSOE a pesar de las reiteradas iniciativas parlamentarias de Izquierda Unida. Se puede entender, aunque no compartir, que existan razones para no querer dar pasos en ese sentido. Lo peor es el desprecio a una víctima y a la ley. Con su actuación el actual Ministerio de Interior confirma que hay distintos tipos de víctimas y leyes. Porque la contestación a la solicitud de información ha sido el silencio. Ni siquiera se preocupó por alegar la normativa de secretos o, simplemente, contestar diciendo que no se conserva evidencia alguna de esa época. La callada por respuesta.
La familia y el grupo de juristas que hemos trabajado en esta vía ya preveíamos esta posibilidad, por lo que se interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el silencio del Ministerio del Interior. La sala correspondiente de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso el pasado 28 de abril, emplazando a las autoridades a cumplir con la petición o a argumentar su negativa. La pretensión es de llegar hasta donde haga falta para que prevalezca la justicia y la verdad sea un paliativo para la impunidad reinante.
Caminamos hacia el cincuenta aniversario de la Semana Negra de 1977 que culminó con la matanza de Atocha, una oportunidad para seguir reclamando por el esclarecimiento de los crímenes de la transición y construir memoria democrática. Gracias a la investigación de Carlos Portomeñe en su libro La matanza de Atocha y otros crímenes de Estado. Anatomía de la Transición, se pudo desentrañar parte del entramado de complicidades y tramas que sólo pudieron tener tanta eficacia desde el amparo oficial. Hoy se está rodando el documental El Hilo negro sobre esta realidad. El actual peligro de resurgimiento del fascismo nos obliga a recordar y exigir verdad, esperamos una rectificación del Ministerio del Interior y que esta vía que exploramos sea una realidad de justicia para el conjunto de las víctimas de la Transición.
https://mundoobrero.es/2026/01/24/carlos-a-portomene-la-matanza-de-atocha-fue-un-crimen-de-estado/
