Hay algo en lo que el Partido Popular, Vox y las organizaciones empresariales claramente coinciden: no quieren que la clase trabajadora pare. En vísperas de la huelga general del 11 de noviembre, sus principales representantes han unido sus voces para reclamar a los sindicatos que retiren la convocatoria. Una coincidencia que contrasta con sus posiciones ante los problemas que han llevado a miles de personas a movilizarse.
Alberto Núñez Feijóo ha calificado la huelga de «grave error» y ha pedido su desconvocatoria, utilizando el accidente ferroviario de Urda como argumento. El líder del PP sostiene que la protesta es inoportuna y acusa a los sindicatos de convocarla contra la oposición. Santiago Abascal, por su parte, ha advertido a las organizaciones sindicales: «Tomaremos nota». Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha celebrado la petición de Feijóo y ha vuelto a cuestionar una movilización que considera electoral y dirigida contra las empresas.
La patronal ya había intentado desacreditar la convocatoria desde su anuncio. Garamendi llegó a anunciar que la impugnaría, aunque finalmente renunció a hacerlo antes de la huelga. La CEOE sostiene que los empresarios son los «damnificados» de una protesta por la vivienda, un problema que considera ajeno a su responsabilidad. Sin embargo, la huelga también reclama mejoras salariales y un refuerzo de los servicios públicos, cuestiones que afectan directamente a las condiciones de vida y trabajo de la mayoría social.
Una huelga contra el coste de la vida
La primera cuestión que explica la convocatoria es la vivienda. El acceso a un hogar se ha convertido en un problema estructural que no se resuelve con medidas puntuales ni con anuncios institucionales. Los alquileres absorben una parte cada vez mayor de los ingresos, la especulación convierte un derecho en un negocio y miles de familias viven bajo la amenaza de no poder seguir pagando. La protesta señala un modelo que beneficia a propietarios, fondos de inversión y tenedores mientras expulsa a la población de sus barrios.
La segunda reivindicación es la recuperación de los salarios y la capacidad adquisitiva. Mientras los beneficios empresariales siguen creciendo, los ingresos de buena parte de la población no permiten afrontar el encarecimiento de la vida. La negociación colectiva y la subida de los salarios son responsabilidades que interpelan directamente a la patronal, que hasta ahora no ha facilitado el acuerdo para mejorar las retribuciones. Pedir que se desconvoque la huelga no cuesta nada; aceptar que los trabajadores participen de la riqueza que producen es otra cuestión.
La tercera pata de la movilización es la defensa y el fortalecimiento de los servicios públicos. Sanidad, educación, transporte e infraestructuras necesitan recursos, inversión y planificación. No se puede reclamar que la sociedad renuncie a movilizarse en nombre de la responsabilidad mientras se promueven políticas de rebajas fiscales que reducen los ingresos necesarios para sostenerlos.
El secretario general del PCE, Enrique Santiago, ha resumido esta contradicción señalando que Feijóo pide desconvocar la huelga, pero no ha reclamado a la patronal que suba los salarios ni ha apoyado los decretos de vivienda. A su juicio, la posición de PP y Vox responde a la defensa de los intereses empresariales.
Quién produce la riqueza y quién decide
La ofensiva contra el 11N revela algo más profundo que una discrepancia sobre la oportunidad de una convocatoria. Cuando los trabajadores se organizan para reclamar mejores condiciones de vida, representantes políticos y empresariales apelan a la responsabilidad, la moderación y la necesidad de no alterar la actividad económica. Pero esa actividad económica se sostiene precisamente sobre el trabajo de millones de personas.
La huelga general plantea una cuestión de poder: qué capacidad tiene la mayoría trabajadora para intervenir en las decisiones que afectan a su vida y disputar el reparto de la riqueza que genera. Por eso, más allá de las presiones para desconvocarla, las organizaciones convocantes mantienen la jornada del 11 de noviembre y llaman a convertirla en una movilización masiva.
