La deuda democrática que España mantiene con las Brigadas Internacionales es, todavía hoy, una herida abierta. Aquellos hombres y mujeres que dejaron sus hogares para venir a defender la República no lo hicieron por un pasaporte ni por una bandera: lo hicieron porque entendían que el fascismo debía detenerse en España para no devorar Europa. Vinieron a luchar por un pueblo que no conocían, pero cuya libertad reconocieron como propia. Eso es el internacionalismo, eso es el antifascismo, eso es lo más noble que ha dado el siglo XX.
Otorgar la nacionalidad española a los descendientes de los brigadistas internacionales no es un gesto administrativo, es justicia histórica en el sentido más profundo del término. Significa reconocer que aquellos camaradas que cayeron en el Jarama, en Madrid o en el Ebro no son figuras lejanas del pasado, sino parte viva de nuestra memoria democrática. Sus hijos y sus nietos son, también, parte de esa historia. Son herederos de una dignidad que España debe abrazar y no olvidar. Esta medida reparadora cierra un círculo que nunca debió quedar pendiente.
Y conviene recordarlo: si este debate sigue vivo y se está haciendo es gracias a la lucha tenaz del PCE y de Izquierda Unida. Tres décadas defendiendo en el Congreso, en las instituciones y en la calle que la memoria antifascista no se negocia ni se arrincona. Fue el PCE quien acogió a los brigadistas cuando se les expulsaba del país; fue IU quien levantó una y otra vez esta reivindicación cuando a otros les incomodaba nombrarla. Hemos sido, somos y seremos el espacio político que honra a sus camaradas, que entiende que sin las Brigadas Internacionales la democracia española sería hoy un recuerdo oscuro. Por eso celebramos pero también recordamos.
Frente a quienes rechazan esta reparación, PP y Vox, incómodos con todo lo que huela a antifascismo, nosotros afirmamos que un país digno no reniega de quienes dieron su vida por su libertad. España debe abrir sus puertas a los descendientes de los brigadistas porque es un acto de justicia, pero también porque es una declaración política: la de un país que reconoce de dónde viene y qué valores quiere defender. La memoria no es un museo: es un compromiso. Y con esta medida, estamos diciendo claramente a las generaciones futuras que nunca dejaremos solos a quienes luchan contra el fascismo, aquí o en cualquier lugar del mundo.
