La operación que llevó a Urbagestión a convertirse en propietaria de la vivienda de Maricarmen estuvo precedida por otra adquisición en el mismo edificio. Ricardo Alonso Fernández, uno de los dos propietarios de la inmobiliaria, compró junto a su esposa un piso de la finca de la calle Alcalde Sáinz de Baranda 46 apenas un día antes de que Urbagestión adquiriera la vivienda en la que Maricarmen llevaba viviendo desde 1956, según documentación a la que ha tenido acceso Público.
El matrimonio formalizó la compra el 27 de junio de 2018. Al día siguiente, el 28 de junio, Urbagestión Desarrollo e Inversión SL escrituró la adquisición del piso de Maricarmen. Ambas operaciones tuvieron como vendedor a Renta Corporación, que había comprado previamente el edificio y posteriormente fue vendiendo sus viviendas por separado.
El inmueble adquirido por Alonso y su esposa presenta características prácticamente idénticas a la vivienda de Maricarmen: 94 metros cuadrados, tres habitaciones y un baño. La principal diferencia es la altura y el derecho de uso exclusivo de una terraza de 63 metros cuadrados en la azotea que corresponde al piso de Maricarmen. Actualmente, las estimaciones de mercado sitúan ambas viviendas en valores muy similares, alrededor de 760.000 euros.
Dos pisos con inquilinos
También existe otra coincidencia relevante entre ambas operaciones: cuando fueron compradas, las dos viviendas estaban ocupadas por inquilinos.
En el caso del piso adquirido por Ricardo Alonso y su esposa, el empresario asegura que el contrato se mantuvo hasta el fallecimiento del arrendatario. Según explicó a Público, actualmente la vivienda está alquilada a un familiar. Alonso sostiene que aquella adquisición fue realizada a título personal junto a su esposa y que no tiene relación con el procedimiento judicial seguido en el caso de Maricarmen.
La situación fue diferente en el caso de Maricarmen. La vivienda pasó a manos de Urbagestión en 2018, cuando la mujer mantenía un contrato de renta antigua y llevaba más de seis décadas residiendo en ella. La empresa defendió ante los tribunales que las sucesivas subrogaciones del contrato habían provocado su extinción. Tras años de litigio, la Justicia terminó dando la razón a la propiedad y el pasado 23 de septiembre se ejecutó el desahucio.
La diferencia entre las condiciones de aquel contrato y el valor actual del inmueble ayuda a explicar el interés económico de la operación. Maricarmen pagaba alrededor de 500 euros mensuales, mientras que Urbagestión llegó a plantear un nuevo alquiler de 2.650 euros al mes una vez recuperada la vivienda.
Un negocio basado en activos inmobiliarios
El nuevo dato se suma a lo ya conocido sobre el modelo de negocio de Urbagestión. La empresa, propiedad de Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, está especializada en la intermediación y gestión de activos inmobiliarios y, entre otras actividades, trabaja con inmuebles que generan rentas para sus propietarios.
En su actividad comercial, la compañía ha ofertado edificios con inquilinos planteando entre las posibilidades la optimización de los alquileres o el vaciado y posterior reforma para aumentar su valor. La anterior investigación publicada por Mundo Obrero ya señalaba cómo esta lógica convierte una vivienda habitada en un activo susceptible de aumentar su rentabilidad.
La compra de dos viviendas de la misma finca con apenas 24 horas de diferencia aporta ahora un nuevo elemento a la historia de la propiedad del inmueble de Maricarmen. No demuestra por sí misma que ambas operaciones formaran parte de una estrategia conjunta: Alonso niega expresamente que su adquisición particular tuviera relación con la operación de Urbagestión. Pero sí permite reconstruir con mayor precisión cómo se produjo el desembarco de los propietarios de la inmobiliaria en el edificio.
El caso de Maricarmen terminó, además, con un desenlace distinto al que parecía inevitable tras el desahucio. Cinco días después de que la mujer fuera expulsada de su vivienda, su familia, su abogada, el Sindicato de Inquilinas de Madrid y Urbagestión alcanzaron un acuerdo, con la mediación de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, para que pudiera regresar al piso con un nuevo contrato de alquiler de ocho años y una renta que no superase el 30% de sus ingresos netos.
La operación inmobiliaria que comenzó en 2018, y que durante años enfrentó a una empresa propietaria con una inquilina de 87 años, queda así vinculada a una segunda compra en el mismo edificio realizada por uno de los dueños de la compañía justo en la víspera de la adquisición del piso de Maricarmen.
