Las grandes empresas o grupos que dominan la comunicación, como es el caso del duopolio televisivo en España (Atresmedia y Mediaset), arrinconan e incluso terminan literalmente expulsando de los mercados a los emisores menos poderosos y de menor dimensión, homogeneizan la oferta y limitan la diversidad de contenidos, monopolizan la contratación de publicidad, aumentando su precio y también la cantidad de tiempo o espacio publicitario en perjuicio del dedicado a la información y, puesto que los procesos de concentración suelen ser caros y necesitan de fuerte y constante financiación, generan deuda y dan pie a la presencia e influencia de la banca en los sistemas de comunicación.
Lo más peligroso de la concentración de la propiedad en el audiovisual es, sobre todo, que llevan consigo una pérdida de libertad efectiva de la ciudadanía por una razón muy sencilla: cuantos menos operadores hay o más concentrado está el poder de decisión sobre las estrategias de comunicación, más se limita el derecho al libre acceso a la comunicación y la información que consagran los grandes tratados internacionales y las constituciones democráticas.
La concentración del poder mediático que da lugar a mercados oligopolistas como el nuestro socava la democracia por dos razones principales. Por un lado, porque impide que la ciudadanía se forje libremente sus preferencias, pues limita de facto la información proveniente de fuentes plurales. Y, por otro, porque restringe el derecho de acceso de los grupos sociales con características, preferencias o intereses que no resultan rentables, ideológica, política o comercialmente al duopolio.
A una concentración tan exagerada del poder audiovisual como la que existe en el mundo y en España solamente se llega cuando el poder mediático doblega al representativo para imponer normas legales que permitan situaciones que incluso son materialmente contradictorias con los grandes principios sobre la libertad y competencia en los mercados que suelen defender los ordenamientos jurídicos.
El proceso de concentración exacerbada que ahora supone un lastre tan grande para el pluralismo y la libertad en nuestro país es el resultado de la enorme presión que los grupos mediáticos más poderosos de cada momento han ido ejerciendo sobre los gobiernos y que tuvo sus dos momentos culminantes en las leyes de Medidas Urgentes en Materia de Telecomunicaciones de 2009 y General de Comunicación Audiovisual de 2010. La primera, permitiendo la fusión de dos operadores de televisión si no superaban el límite del 27% de la audiencia y mientras se garantizara la existencia de al menos tres operadores privados estatales. Y la segunda, corrigiendo a la anterior para permitir que se llevaran a cabo superando ese límite del 27% si en la operación se fusionaban cadenas.
El efecto nocivo del duopolio audiovisual sobre la eficiencia, la libertad y la democracia es un hecho que no admite discusión. Y la experiencia demuestra que se llega a esa situación si no hay voluntad política de evitarlo o si el poder mediático se impone sobre el representativo. Si de verdad se quieren defender y reforzar la democracia y los valores constitucionales en España, es obligado revertir cuanto antes esta situación y promover la pluralidad efectiva de ofertas de servicios audiovisuales y de contenidos informativos.
(*) Catedrático de Economía Aplicada Y Doctora en Comunicación Audiovisual y respectivamente
Fuente: Ctxt.es
