Para el grupo parlamentario de Unidas Podemos que ha organizado estas jornadas era fundamental tener un lugar de encuentro y de explicación del trabajo que se ha venido haciendo para que, por fin, desaparezca la impunidad de los crímenes del franquismo. Creo que lo primero que hay que decir es que este país no va a tener más oportunidades de aprobar un marco que nos haga salir de ese ignominioso lugar que ocupamos ahora ante la comunidad internacional, como un país que ha permitido la impunidad de graves crímenes contra la humanidad cometidos por una dictadura.
Y, en segundo lugar, es la última oportunidad también para poder llevar adelante medidas contra la impunidad mientras que permanezcan con vida algunas de las personas responsables de esos delitos. Es evidente que la muerte, la desaparición física extingue las responsabilidades penales de cualquier índole, y han transcurrido ya muchísimos años.
Yo quiero también dejar claro que la lucha por la memoria y contra la impunidad es un problema de dignidad y de prevalencia de los sistemas jurídicos que aplican las declaraciones sobre derechos humanos, en absoluto es un problema de venganza. No estamos hablando ni siquiera de que el combate a la impunidad dependa de la aplicación de un tipo de sanciones u otro, o de reproches. Eso es un debate absolutamente distinto.
Para conseguir todo esto hemos alcanzado un acuerdo sobre 43 enmiendas que se han presentado al anteproyecto de ley de memoria, que se han acordado entre los dos grandes grupos que sustentan el Gobierno de coalición: el PSOE y UP. Hay otros grupos parlamentarios, que forman parte del acuerdo de investidura, que son los únicos que tienen capacidad para sustentar el gobierno de coalición, como hemos comprobado la semana pasada. Creemos que se tiene que abrir lo más pronto posible la ponencia legislativa para que podamos avanzar con el resto de fuerzas políticas democráticas de izquierdas para alcanzar un acuerdo que satisfaga a esa mayoría de investidura, para poder aprobar esta Ley de Memoria que sustituya a la de 2007. Vamos a seguir trabajando con todos los grupos del acuerdo de investidura para mejorar el texto, incluso las enmiendas que ya hemos construido con el PSOE, con la finalidad de convertir el proyecto en ley.
AVANCES
El proyecto de ley ya tiene importantes avances, y esto hay que ponerlo de manifiesto.
1. Tiene avances respecto al reconocimiento de las víctimas. Se establece un plazo para elaborar un informe sobre las víctimas de la Transición. Se propone que se reconozcan como víctimas de la Transición todas las víctimas causadas hasta el último día de 1982.
2. Se solventan aspectos técnicos, que no se habían resuelto hasta ahora, como la inclusión en los censos de víctimas del franquismo también a los supervivientes, que es un reclamo de las organizaciones de defensa de los derechos humanos y que es de reconocimiento.
3. Es una pena que ese reconocimiento no podamos hacerlo en primera persona a quienes fueron brigadistas internacionales, pero hemos alcanzado un acuerdo que permita solicitar la nacionalidad española a sus descendientes.
4. Hay importantes avances en la lucha contra la impunidad, sobre lo que me extenderé más adelante.
5. Hay un refuerzo de la materia educativa y de formación del profesorado en lo que tiene que ver con la investigación histórica de los crímenes del franquismo, protegiendo a los investigadores para que no encuentren obstáculos como los que hemos visto en nuestro país, donde ha llegado a haber intervenciones judiciales, alegando una supuesta prevalencia del derecho al honor de los victimarios fallecidos para impedir que historiadores esclarecieran responsabilidades en este tipo de crímenes.
6. Se garantiza una introducción completa, exhaustiva y rigurosa de los contenidos relacionados con la memoria democrática en los libros de texto y materiales curriculares.
7. Se impulsa la conservación de archivos y la protección documental. Eso no solamente incluye dotación presupuestaria adecuada o medidas para garantizar el acceso gratuito a los archivos para los investigadores, sino, lo que es más importante, incluye medidas para poder acceder a todo tipo de archivos: los públicos y los que deberían ser públicos pero que, por haberse permitido espacios de impunidad en nuestro país, no están en este momento bajo la potestad de las administraciones públicas, sino que permanecen en manos privadas, a pesar de que los documentos que contienen en muchos casos son de actuaciones del Estado franquista.
8. Se avanza en el derecho a reparación de las víctimas, incluyendo un reconocimiento integral y la necesidad de garantizar resarcimiento, tanto por los bienes incautados como por las sanciones económicas, que fueron también utilizadas para desposeer y arrebatar su patrimonio a las víctimas del franquismo, con lo que se victimizaba a las personas en términos penales, pero también se les causaba una situación de exclusión social y reducción a la pobreza absoluta. Eso también tiene que ser reparado.
9. Se avanza en la eliminación de todos los elementos contrarios a la memoria democrática: no solamente monumentos, sino también componentes de edificaciones, retratos y denominaciones. Por ejemplo, la denominación del actual “Valle de los Caídos” desaparecerá, conforme a lo que hemos acordado.
10. Se suprimirán todos aquellos títulos nobiliarios que, sorprendentemente, hoy permanecen en nuestro país, y que fueron concedidos por el régimen franquista.
11. Se creará un Centro de Memoria Democrática, con participación de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. Un centro que pueda defender, preservar y extender estos conceptos de memoria democrática y garantizar el pleno y permanente reconocimiento a todas las víctimas. Obviamente, con la participación directa de estas organizaciones de víctimas.
COMBATE DE LA IMPUNIDAD
Quiero detenerme expresamente en el combate de la impunidad, a la vista del Derecho Internacional que impera en nuestro mundo desde antes incluso de que se produjera el alzamiento franquista -no perdamos de vista que cuando se dio el golpe de Estado franquista y se desencadenó la guerra en España, ya había en vigor normas como la Convención de La Haya de 1899, que establecían claramente la obligación de respetar la integridad de las personas y de no actuar contra lo que por entonces se conocían como las leyes de la humanidad y las exigencias de la conciencia pública. Cuando se crean las Naciones Unidas, en un gran avance de la comunidad internacional que fue posible gracias a la derrota del fascismo y del nazismo en la II Guerra Mundial, se pone en marcha un sistema mucho más consolidado que proscriba para siempre cualquier tipo de crimen de guerra, crímenes contra la paz o crímenes contra la humanidad. El primer paso es la Resolución de 1946 que establece los principios del tribunal de Núremberg, que juzgó a los jerarcas nazis. En 1966 se da otro paso muy importante, con la aprobación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde se vuelve a recordar que el principio de legalidad obliga a aplicar estos principios generales del Derecho que existen desde finales del siglo XIX, cuando se trata de no permitir la impunidad de cualquier crimen contra la humanidad, cualquier crimen internacional o de guerra.
Es decir, esto no es un problema de retroactividad de normas penales desfavorables. Lo que hemos padecido en nuestro país no es un problema de contenidos de la Ley de Amnistía, porque la Constitución establece claramente que no puede permitir dejar en la impunidad los crímenes de guerra o de lesa humanidad. Así queda reflejado en el artículo 10.2 de nuestra Constitución, que obliga a una determinada interpretación, conforme a estos principios que estoy indicando, y el artículo 96, que obliga a que nuestros tribunales apliquen los tratados internacionales al Derecho interno.
Desde nuestro grupo parlamentario oímos lo que, desde nuestro punto de vista, es una confusión, que sólo favorece a las fuerzas que defienden la impunidad, cuando se esgrime que “la justicia en nuestro país ha hecho lo que ha podido, pero no ha podido acabar con la impunidad por la existencia de la Ley de Amnistía”. No podemos estar más en desacuerdo. Nuestro criterio es que la justicia no ha querido, o no ha sabido aplicar estos principios que imperan en toda la comunidad internacional desde finales del siglo XIX, y claramente en nuestro país son aplicables desde 1946, 1966 y desde que entró en vigor la Constitución Española. Y no hay prescripción de la retroactividad que pueda impedir la aplicación de esos principios.
Cualquiera de los que están aquí saben que la Ley de Amnistía no fue precisamente “un regalo”. La Ley de Amnistía se consiguió gracias a las luchas y los esfuerzos de los demócratas de este país; de los que lucharon contra el franquismo durante una muy difícil clandestinidad, y luego de los que continuaron luchando contra el franquismo en libertad o en las cárceles durante la Transición. Gracias a ese empuje, a esa exigencia, a la capacidad de movilización y de reivindicación de todos esos demócratas, en nuestro país se aprobó una Ley de Amnistía.
Para nuestro grupo parlamentario, nos parece que no es correcto responsabilizar a todos esos luchadores y luchadoras contra el franquismo que, gracias a la Ley de Amnistía, consiguieron no solamente vaciar las cárceles sino que no volvieran a ser perseguidos actos de defensa de la democracia. No podemos permitir un argumento que acabe responsabilizando a la Ley de Amnistía de una impunidad que solamente es responsabilidad de los que no han tenido el valor para utilizar las herramientas jurídicas existentes para combatir la impunidad.
Para evitar cualquier problema de interpretación, hemos acordado una enmienda que dice expresamente lo que les estoy explicando: por si hay algún tribunal o alguna instancia judicial que tiene problemas para aplicar directamente el artículo 10 o el artículo 96 de la Constitución Española, vamos a introducir en esta Ley de Memoria Democrática una norma que obligue a interpretar todas las leyes del Estado, incluída la Ley de Amnistía, conforme al Derecho Internacional. En particular, conforme al mandato del Derecho Internacional según el cual “los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura, tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables”.
NO BASTARÁ CON APROBAR LA LEY
Desgraciadamente, en ninguna sociedad basta con aprobar las leyes para acabar con las situaciones de impunidad. Aprobar leyes adecuadas es fundamental y es imprescindible. Pero cuando ha existido una alianza de fuerzas conservadoras antidemocráticas que han impedido la aplicación de cualquier medida para acabar con la impunidad, no basta simplemente con aprobar una nueva ley. Hace falta que la aprobación de esa nueva ley vaya acompañada del empuje, de la exigencia, del acompañamiento de todos los sectores democráticos, defensores de derechos humanos, de todas las organizaciones de víctimas, de todas las instituciones del Estado. Es, probablemente, la última oportunidad que tiene nuestro país para derribar ese muro de la impunidad. Ahora lo podemos hacer. Ese es nuestro empeño y el llamamiento que hacemos a todos los grupos parlamentarios: no solamente que abordemos esta asignatura pendiente, sino que lo hagamos sin más demora. Ha transcurrido la mitad de la legislatura, y no hay ninguna justificación para que, una vez concluido el período de enmiendas, no abordemos ya el trabajo de la ponencia para poder sacar adelante esta ley. No cabe duda que la ponencia es un lugar óptimo políticamente, metodológicamente, para construir esos acuerdos con todas las fuerzas democráticas y de izquierdas que quieran sumarse a derrumbar por fin el muro de la impunidad en España. Muchas gracias.
