Cuando llegó al gobierno de la Generalitat hace catorce años, el Partido Popular se propuso sustituir la industria y el resto de sectores productivos que hasta entonces tiraban del carro de la economía valenciana, por el negocio de los grandes eventos y proyectos. Los parques temáticos, las visitas papales y las carreras de coches iban a catapultar la Comunitat Valenciana al estrellato, y ser la envidia de todo el estado. No importaba dejar morir la agricultura, la pesca y la industria porque los turistas iban a dejar una lluvia de millones y con los que los valencianos y valencianas pasaríamos el día jugando a golf o subidos en la montaña rusa.
Con esta política de escaparate los trabajadores y trabajadoras siguen sin lleguar con holgura a fin de mes, ahora bien, sí se logra ser portada, casi a diario, de los grandes medios de comunicación estatales (excepto los de Canal 9, nuestra televisión autonómica) empiecen con una imagen del “molt honorable President”, el señor Camps, imputado ante los tribunales de justicia.
El modelo económico valenciano, que inauguró Zaplana con Terra Mítica y que sus eternos enemigos campsistas han copiado y perfeccionado, se ha convertido en el caldo de cultivo perfecto para que empresas como Orange Market y personajes como Francisco Correa y Álvaro Pérez “El Bigotes” campen a sus anchas, agradeciendo con lujosos regalos al President de la Generalitat las grandes oportunidades que les brida nuestra comunidad. El Tribunal Superior de Justicia, presidido por el íntimo amigo de Camps, Juan Luís de la Rua, ha sentenciado que sí ha habido regalos y también concesiones millonarias a las empresas implicadas en la trama Gürtel. En cualquier país democrático eso tiene un nombre, cohecho; en el País de las fantasías, simplemente unos merecidos regalos para un gran President.
En el País Valencià hemos retrocedido hasta el siglo XIX, porque aquí la separación de poderes, es una gran falacia. El mismo partido que controla el poder ejecutivo usa la cámara legislativa a su antojo, pues tiene secuestradas Les Corts Valencianes por la vía de negar la información a los grupos de la oposición, de impedir el control al gobierno e incluso de paralizar la actividad de la cámara. Con el caso Gürtel, y desde hace mucho tiempo con el caso Fabra, se demuestra que los manejos del poder llegan hasta las salas de los tribunales.
Si a esto sumamos que la radiotelevisión pública se ha convertido en un aparato de propaganda sin escrúpulos políticos ni profesionales, y un panorama de medios privados dependientes de los favores del gobierno, ya sea la publicidad institucional o la concesión de licencias –cuando no directamente el consentimiento de su funcionamiento ilegal- podemos empezar a comprender algunas de las claves del éxito electoral del PP en el País Valencià, por no hablar de la casta de supuestos empresarios que han prosperado al calor de los contratos multimillonarios con unas administraciones gestionadas como cortijos particulares por personajes tan siniestros como Fabra, que se jacta de “colocar un sinfín de gente para obtener un voto cautivo”, mientras pende sobre él una petición de dos años de cárcel por falsedad documental.
Desde la Vall d’Uixó a Torrevieja, pasando por Alicante, Benidorm o Riba-roja, son múltiples los casos de cargos públicos del PP imputados por corrupción, prevaricación, tráfico de influencias o malversación, que tras muchos años y vericuetos jurídicos han sido archivados por cuestiones de forma y no de fondo. Está visto que con buenos abogados, mejores padrinos y mucha caradura para aguantar en el sillón, todo es posible.
Desde la izquierda seguimos denunciando estas prácticas corruptas, que deslegitiman la actividad política y alejan cada vez más a la ciudadanía de las urnas y de su participación activa en los asuntos públicos. Y esto no lo podemos permitir, pues la implicación de la ciudadanía es una de las bases para avanzar hacia una democracia real.
* Diputada de Esquerra Unida en Les Corts Valencianes
