En el mes de septiembre de 2012 el gobierno desató una campaña de criminalización basada en la desinformación en contra de la movilización del 25-S con la colaboración de los principales medios de comunicación masivos. La posibilidad de una movilización popular que tuviera como eje central situar la necesidad de un proceso constituyente para afrontar la situación de emergencia social y la decadencia del régimen político hizo saltar todas las alarmas en el PP.
La estrategia del gobierno ha consistido esencialmente en transformar un problema político en un problema de orden público, intentando acusar de golpismo a una movilización popular con el objetivo de extender el miedo al ejercicio de los derechos democráticos. Esta estrategia ha sido implementada haciendo uso de las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que iniciaron investigaciones y seguimientos bajo la supuesta comisión de delitos contra las instituciones del estado.
Las investigaciones policiales derivaron en la apertura de diligencias en la Audiencia Nacional que dio orden para que fueran facilitados datos de correos electrónicos, cuentas bancarias etc…
El 15 de septiembre, durante la manifestación convocada por los sindicatos, se produjo la detención de cuatro personas por desplegar una pancarta convocando a la movilización del 25-S. Los detenidos fueron dos militantes de CCOO, uno del SAT y otro del PCE.
El 16 de septiembre un operativo de las Unidades de Intervención Policial (UIP) irrumpe en una asamblea pública en el Retiro e identifica a decenas de participantes bajo la explicación de que era una reunión de más de 20 personas sin comunicar. Como respuesta esa misma tarde se presenta denuncia en el juzgado de guardia por violación de derechos fundamentales.
El día 20 de septiembre 8 personas reciben citación para que declaren el 4 de octubre en calidad de imputados en la Audiencia Nacional. Ese mismo día Delegación de gobierno «se da por comunicada las movilizaciones previstas para el día 25 S». A pesar de ello, el 23 de septiembre se produce una nueva irrupción de UIP en una asamblea para identificar a los participantes, igualmente esa tarde se presenta nueva denuncia ante el juzgado de guardia por violación de derechos fundamentales.
Ya no hay duda posible, el Ministerio del Interior estaba desarrollando una investigación y persecución por motivos políticos.
El 25 S mientras los organizadores explican que la movilización no pone en peligro ni bienes, ni personas, ni el funcionamiento interno del Parlamento, el Ministerio de Interior continúa con la estrategia de la tensión haciendo todo tipo de declaraciones alarmistas y criminalizadoras.
Decenas de miles de personas acuden a la convocatoria. Durante la movilización, a pesar de la relativa tranquilidad, se suceden las provocaciones. Las imágenes develan la infiltración de agentes encapuchados. Se producen cargas absolutamente desproporcionadas. Llegan a intervenir en el interior de la estación de Atocha. Sistemáticamente los funcionarios van sin identificar. El resultado fue decenas de heridos y 35 detenidos.
El 26 de octubre se repite la movilización en Neptuno miles de personas desafían la represión y ejercen sus derechos democráticos, la movilización volverá a repetirse el 29 y se anuncian nuevas movilizaciones en torno al debate de los presupuestos.
El 4 de octubre se producen las declaraciones en la Audiencia Nacional, que tiene como consecuencia inmediata el archivo de la causa.
La estrategia represiva ha fracasado. La movilización ha sido un éxito. A pesar de ello desde el PP se plantea la propuesta de cambiar la ley para recortar el derecho de reunión y manifestación.
El aumento de la represión y la criminalización de la protesta social aparece como la respuesta del régimen al creciente proceso de movilización de los sectores afectados por la crisis.
Se agudiza la conflictividad social como consecuencia del plan de ajuste, de los recortes y del empeoramiento de las condiciones de vida de los sectores populares.
La estrategia represiva implementada no es una cuestión relativa a la legalidad de las acciones populares sino una manifestación de la lucha de clases y del ejercicio del poder del bloque dominante que carece de capacidad para imponer el consenso social y necesita emplear la capacidad de compulsión del estado para mantener su dominio. Cada vez resulta más evidente que la lucha por el ejercicio de los derechos democráticos del pueblo y por el desarrollo de conquista de espacios de libertad resulta esencial en la estrategia de lucha contra la dictadura del capital financiero.
