De nada sirvieron, en su día, las críticas que, desde los EEUU y del resto del mundo, se realizaron a las medidas que el presidente George W. Bush adoptó en la lucha contra el terrorismo después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Un mes después de los atentados comparecían el Presidente Bush y su Vicepresidente Dick Cheney para dar a conocer su propuesta legislativa antiterrorista (Patriot Act), que pretendía otorgar amplios poderes al FBI, CIA y NSA para recortar derechos civiles e impedir medidas garantistas en los procesos de investigación criminal.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles, organizaciones políticas y sociales, personalidades de la cultura, advirtieron entonces que la decisión de recortar las libertades pondría en peligro al propio sistema constitucional norteamericano creando un verdadero estado de excepción.
Fuera de los EEUU, desde todos los continentes, se levantaron voces contra esas medidas que, tal y como se sostenía, repercutirían negativamente en la necesidad de luchar contra el terrorismo sin atajos, respetando los principios de legalidad en la investigación y detención de presuntos terroristas.
Decíamos entonces y decimos ahora que al terrorismo no se le puede responder con más terrorismo, en este caso el del Estado.
Pero el Presidente Bush, vinculado a la industria del petróleo, estaba dispuesto, so pretexto de la lucha antiterrorista, a forzar una expansión militar que permitiera un mayor control de «las rutas para proveer de energía» a los EEUU entonces totalmente dependientes de la importación de energía.
Se trataba de construir un discurso, que se sostenía en una ilegalidad manifiesta con consecuencias dramáticas para las relaciones internacionales como la guerra ilegal e ilegítima de Iraq.
El que fuera fiscal jefe del juicio a toda la jerarquía nazi -celebrado en Nuremberg-, Benjamín Ferencz, reclamó juzgar a Bush por la guerra de Iraq al entender que había cometido un crimen por precipitar la invasión de Iraq al margen de la ley.
Aquellas decisiones derivaron en el uso de la tortura, detenciones ilegales, cárceles secretas, secuestros, ejecuciones extrajudiciales e interceptación masiva de las comunicaciones.
El Parlamento Europeo en su investigación sobre los vuelos secretos de la CIA concluía que por acción u omisión los estados miembros de la UE eran responsables de los secuestros y vuelos secretos de la CIA con detenidos y demandaba acciones judiciales para depurar responsabilidades a los autores materiales de esas detenciones ilegales.
Desgraciadamente, las permanentes y constantes denuncias de la impunidad de la Administración norteamericana no tuvieron ninguna consecuencia al negar, sistemáticamente, que sus acciones en el interior y exterior de su país no se ajustara al derecho.
A principios de diciembre, el Comité de Inteligencia del Senado, presidido por la demócrata Dianne Feinstein, dió a conocer el resultado de su investigación abierta sobre la Entrega, Detención e Interrogatorio. Seis mil páginas de las que sólo verán la luz 500, con un retraso de dos años (el informe concluyó en Diciembre de 2012 y las disputas con la CIA sobre qué parte debería mantenerse clasificada es lo que motivó ese extraordinario retraso). Este informe establece conclusiones que certifican lo que era un secreto a voces: Los servicios de inteligencia, y muy especialmente la CIA, torturaron, maltrataron y violaron a detenidos, además de mentir a la propia Administración sobre las consecuencias positivas en la lucha contra el terrorismo gracias a esas prácticas de torturas.
Del resumen publicado se deduce :
• La existencia de cárceles secretas (black sites) en diferentes partes del mundo en los años posteriores a los atentados del 11-S.
• El uso por parte de la CIA de la tortura,» interrogatorio reforzado», eufemismo para describir la técnica del ahogamiento simulado (waterboarding), la privación de sueño, la violencia sexual, las amenazas de muerte y los golpes del detenido contra un muro (walling).
• Que estas torturas no fueron eficaces a la hora de adquirir información útil para los servicios de inteligencia ni para lograr la cooperación de los detenidos.
• Que la CIA mintió a la Casa Blanca, al Departamento de Justicia y al Congreso sobre la desarticulación de posibles atentados gracias a la aplicación de la tortura a los detenidos.
En definitiva, de lo conocido del resumen de 500 de las 6.000 páginas del informe, se deriva una actuación criminal sostenida en el tiempo por parte de la CIA, consentida e impulsada por la administración del Presidente Bush y su Vicepresidente Dick Cheney quien, en su momento, llegó a teorizar la necesidad de combatir al terrorismo «desde el lado oscuro».
Y ¿ahora qué? Se emprenderán acciones legales contra los responsables políticos y los funcionarios que cometieron estos crímenes? Conocidas las conclusiones, el Presidente Obama reaccionó aludiendo a que «ninguna Nación es perfecta», y tanto Bush como Cheney afirmaron que ellos no se sienten engañados por la CIA tal y como sostiene el informe del Senado.
Todo indica que ninguna persona será llamada a declarar ante la justicia y el propio informe no prevé revelar la identidad de los torturadores.
Es decir, el terrorismo de Estado quedará impune.
La degradación moral de un estado que tortura, viola, miente y detiene de forma ilegal debe ser investigada y castigada conforme a las mas elementales normas del derecho que le asiste a cualquier persona detenida sospechosa de haber cometido algún delito.
La Impunidad, la antesala del fascismo, volverá a ser la protagonista una vez más de la conducta del Imperio, impunidad que se convierte en un escudo protector de todas las Administraciones de los EEUU y los responsables de sus servicios de inteligencia, incluida la del actual Presidente Obama que ampara y promueve ejecuciones extrajudiciales como la de Bin Laden, el uso de aviones no tripulados sin control judicial o el espionaje generalizado de la agencia NSA.
Esta impunidad se convierte en la mejor agencia para reclutar a más terroristas, es la retroalimentación de la violencia y la tortura que se ejerce diariamente en cualquier parte del mundo.
La lucha contra el terrorismo necesita sentar en el banquillo a George W.Bush, Dick Cheney, a los directores de la CIA y a cuantos funcionarios estuvieron implicados en esas actuaciones abyectas, sucias e inhumanas.
