El pasado 10 de diciembre se cumplieron 66 años desde que la Asamblea de la Naciones Unidas firmara la Declaración de los Derechos Humanos.
Hoy día sigue siendo un asunto pendiente de máxima gravedad social, incluso en los países que se hacen llamar “desarrollados”.
La situación de emergencia social que sufre España por ejemplo, con los falta de medidas urgentes por parte de sus gobernantes para frenar esta epidemia de paro, pobreza, desahucios y sufrimiento en las clases populares, da una idea del nivel de incumplimiento de esta declaración por parte del poder político y económico que representan los gobiernos nacionales.
Algo tan vergonzoso como dejar que la exclusión social y la pobreza, no sólo siga sin solucionarse, sino que lejos de ello siga aumentando debería ser motivo más que suficiente para declarar a un gobierno “ilegítimo e inmoral para continuar gobernando” POR FRAUDE POLITICO Y SOCIAL, por el abandono institucional consciente al que tiene sometido a la mayoría social, y por sus políticas de recortes y maltrato a las clases populares, con el consecuente drama que ello supone para la mayoría social.
Para muestra, un botón: La realidad social de Granada.El 33,3 % de la población en Granada vive en situación de pobreza, al disponer de menos de 500 euros al mes. En Andalucía, un 30,5% de la población, 2,5 millones y medio de personas, se encuentran en situación de pobreza, de ellos 300.000 padecen pobreza severa. La edad media de las personas sin recursos ronda los 30 años, aunque existe un repunte en las personas de más 65, en dependientes y personas con discapacidad y en las mujeres.
En Granada estos índices de pobreza, adquieren una mayor crudeza en áreas como Zona Norte, donde los índices de desarrollo social son muy bajos (cerca 80% de paro) y donde la articulación de las políticas sociales desarrolladas tanto por administraciones publicas como por la iniciativa privada (organizaciones sociales) no han dado los resultados esperados.
En la provincia, también existen zonas donde la exclusión social es más patente. Las tasa de pobreza, los procesos de exclusión, van vinculados a grupos sociales vulnerables, pero los procesos de incidencia de la pobreza y la exclusión, va adquiriendo una perspectiva mucho más homogénea, que va dibujando un perfil con el doloroso rostro de los parados de larga duración, de las mujeres con cargas familiares, de los trabajadores y trabajadores en precario, donde factores como el desempleo o la falta de medidas de atención, prevención y promoción social, van creando a marchas agigantadas una mayoría social empobrecida, que con gran crudeza, se ven abocados a un proceso acelerado de exclusión social.
En este contexto social, son los abuelos y abuelas, en muchos de los casos los que con sus escasa pensiones amortiguan esta caída en picado hacia la exclusión.
En la provincia, redes familiares y en menor medida las sociales y las de tipo informal, también son amortiguadoras de estos procesos de exclusión. En España, el riesgo de pobreza entre los niños menores de 18 años se situó en 2012 en el 30%, casi nueve puntos por encima de la media de la UE, que estuvo en el 21,4%, según datos de 2013 de Eurostat.
Cuanto más pobres son las personas atendidas, más escasos son los recursos para atenderlas, el 40% de las personas que logran salir de la pobreza lo hacen por sus propios medios, (sin ayuda pública institucional o privada) el número de personas sin hogar en España ronda las 40.000 personas, un millón y medio de familias viven en infraviviendas.
Educación y pobreza
Un informe de Caritas de 2014, alerta de que España tiene la mayor tasa de abandono escolar prematuro de la UE, un 24,9% frente a un 12,7% de media europea en 2012. Aunque entre 2009 y 2012 se produjo un descenso del abandono escolar prematuro, éste sigue siendo un problema importante, especialmente en algunas regiones como Andalucía, donde la tasa es superior al 30%.
El dato es alarmante si se tiene en cuenta que la educación se postula como el sistema capaz de combatir la transmisión intergeneracional de la pobreza. Estas cifras sitúan a España, junto con Rumanía, a la cabeza de los países con mayor índice de pobreza infantil, seguidos por Bulgaria y Grecia, en tercer y cuarto lugar respectivamente. La gente más vulnerable es la que está pagando las consecuencias de la crisis. Las políticas de austeridad están afectando a los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad y, entre ellos, las personas migrantes y las minorías étnicas son las víctimas más brutales e invisibles en nuestra sociedad.
Se hace más que urgente la puesta en marcha de medidas concretas de responsabilidad pública, donde la gente organizada en los diferentes frentes de lucha lideren los procesos de ruptura con este régimen inhumano, para dar paso a un nuevo escenario donde sea la mayoría social la protagonista del cambio hacia un modelo político centrado en las personas y sus necesidades.
Algunas consideraciones
La confluencia política y programática en torno a la Resistencia de las políticas de ajuste por parte de los poderes económicos es muy importante. También lo es el impulso de redes de organizaciones que trabajen en el ámbito de la lucha de los derechos sociales, a nivel provincial, autonómico y estatal.
Es vital seguir impulsando la puesta en marcha de políticas y procesos que supongan avanzar en la articulación de redes ciudadanas como motor de cambio para una sociedad libre, emancipada y organizada, con el objetivo de alcanzar mayores cotas de justicia social, de forma participada con los distintos actores sociales (organizaciones, entidades, movimientos políticos y sociales, etc, desde los ámbitos más cercanos (barrio, municipio, etc).
Hay que considerar el empoderamiento de la ciudadanía, de la sociedad civil organizada y no organizada, la construcción del poder popular como vía para desbancar los modelos tradicionales basados en el paternalismo de Estado que desarrollan las redes clientelares en instituciones, y muchas organizaciones que actúan en el ámbito social.
Desde los ámbitos institucionales donde tengamos representación, es necesario seguir estableciendo medidas (planes autonómicos y municipales, leyes sectoriales, etc) que consigan por mandato legal la construcción de un sistema público de protección social eficaz, que avance hacia la transformación social.
Hay que reivindicar el poder del municipalismo, como contexto más próximo y natural, los ayuntamientos deben ser protagonistas del cambio, y deben tener un poder auténtico, para erradicar las situaciones de pobreza y evitar los procesos de exclusión en su territorio (experiencias como las redes de solidaridad alimentaria, de ayuda mutua, etc).
Debemos trabajar desde los espacios unitarios de lucha (asociaciones, organizaciones sociales, etc) para dotar al pueblo de una soberanía real, mediante procesos donde la voluntad de este pueblo sea la que valga, en una marco de intercambio y complicidad entre poder popular, organizaciones civiles y administraciones publicas. Los procesos de autogestión, la clase obrera organizada como la RSP son ejemplos de fórmulas que dan resultado para encarar las consecuencias sociales de la crisis.
La economía social, la cooperativización, las empresas de inserción, etc, son fórmulas que dan resultado, hoy en día estos modelos económicos de carácter social son los únicos que no han sufrido los efectos de la estafa mundial (crisis) y son las únicas formulas que basan su acción en al ámbito social, frente a las empresas capitalistas que sólo buscan aumentar sus beneficios a costa de los que sea, la economía social prioriza el concepto humano por encima de cualquier otro objetivo. Su impulso es hoy más que nunca. Las entidades sociales en defensa de los derechos sociales y humanos, de lucha contra la pobreza…, etc deberán estar armonizadas en la búsqueda de este objetivo.
Debemos apostar por lo público, promoviendo políticas de transformación social reales e integrales tanto en colectivos vulnerables o en desventaja social, como en la ciudadanía en su conjunto, debido a la aceleración de estos procesos de exclusión en toda la sociedad. La Renta Básica, no puede esperar.
La hoja de ruta pasa por la apuesta social y pública de impulsar procesos de desarrollo comunitario integrales,que incidan en todas las áreas sociales, educativas, laborales, etc, participados siempre y que tenga su razón de ser en la propia comunidad, barrio, pueblo, en toda la provincia con las entidades comprometidas a un proyecto integral de cambio radical.
El tema es serio y no podemos tolerar que ciertos responsables del PP se atrevan a decir que el problema de los niños con respecto a la comida es la obesidad infantil. Los y las comunistas estamos en pie de lucha ante los ataques del Régimen representado por la oligarquía de unos poderosos que jamás entenderán el concepto de DERECHO HUMANO, porque esto no es crisis, se llama capitalismo.
Ernesto Che Guevara solía decir: “Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro.”
