Este martes 30 de mayo ha tenido lugar el juicio en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional contra las patronales de granjas avícolas por incumplimiento de la cláusula de revisión salarial al IPC. La demanda de CCOO era muy clara y contundente, pidiendo que se apicara lo pactado que no es ni más ni menos que las personas trabajadoras del sector tengan un incremento del 10,2% sobre sus salarios de 2022 y con el consiguiente pago de los atrasos devengados durante el año pasado. Y que a partir de ahí, se constituya la comisión negociadora para el año 2023.
Durante el juicio, las patronales ASEPRHU y AVIANZA han seguido negando la mayor e intentando con tretas que no se aplique lo pactado, demostrando que las ansias de maximizar los beneficios de las empresas de granjas avícolas y productoras de huevos no tiene fin, llegando hasta a oponerse a aplicar lo pactado porque dicen que es mucho. Sin embargo, las empresas de este sector están haciendo el agosto inflando los precios de forma desorbitada aprovechándose de la demanda en Europa.
Tras el la vista en sede judicial, desde CC.OO. señalan que ahora toca esperar al pronunciamiento del fallo de la Audiencia Nacional y en función del sentido del mismo anuncian que actuarán en consecuencia. No descartando poner en marcha las medidas de acción sindical que consideren, con el objeto de presionar a las dos patronales ASEPRHU y AVIANZA y señalar que seguir por ese camino solo conlleva un conflicto laboral sin precedentes que ellos mismos han provocado y solo ellos responsables de las consecuencias derivadas de sus propios actos.
En relación a la demanda de la patronal por no constituir la mesa negociadora, desde el sindicato de clase han acordado en conciliación que las organizaciones de los trabajadores y las trabajadoras no se oponen a constituir la mesa para negociar las condiciones de 2023 (no las anteriores, que ya están pactadas y son claras salvo que nos diga el juez lo contrario) en el plazo máximo de los quince días a partir de la notificación de la sentencia relativa a la revisión salarial consistente en un incremento de un 10,2%.
