Se cumplen tres años desde que la Comisión Europea presentara su propuesta de un pacto europeo sobre migración y asilo. Lo estamos viendo estos días con la llegada de miles de personas a Canarias, el incremento de los desplazamientos forzados continúa imparable. La necesidad de reformar el sistema europeo en esta materia nadie la discute. Además, la guerra en Ucrania ha evidenciado la posibilidad de un cambio de rumbo, con la acogida de más de 5,9 millones de personas de forma rápida y segura desde el 24 de febrero de 2022. El mayor éxodo en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial no llevó al caos tantas veces anunciado. La activación de la directiva de protección temporal, un mecanismo que hasta el momento no se había empleado, demostró que, con voluntad política, los 27 pueden garantizar el acceso a Europa en condiciones de dignidad.
Sin embargo, la respuesta frente al desplazamiento forzado de Ucrania ha resultado ser una excepción motivada por interés político y no un cambio real en la orientación a seguir. En el cierre del actual ciclo político con las elecciones europeas de junio de 2024, todas las esperanzas de un «nuevo comienzo» con el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo se han desvanecido con la deriva de las negociaciones. La persistencia de las desavenencias entre los Estados, hace que los únicos compromisos sean de mínimos y con el resultado de siempre: impedir, por todos los medios, que las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas lleguen a Europa, o en expulsarlas lo más rápido posible. El consenso sólo se alcanza a costa de las garantías de los derechos humanos.
Un magro resultado en la negociación
Tres años después de iniciarse, el progreso ha sido escaso. En 2021 sólo hubo acuerdo para aprobar un mecanismo para atraer inmigrantes cualificados (el interés económico de las empresas siempre por delante), En 2022 se adoptó una norma sobre el reasentamiento de personas refugiadas y se reformó la directiva de acogida, medidas de escaso impacto. Un hito de las negociaciones tuvo lugar el 8 de junio de 2023, cuando los gobiernos decidieron en Luxemburgo retocar el reglamento de Dublín (sobre criterios de asignación de los solicitantes de asilo, manteniendo lo esencial del procedimiento actual, a pesar de la intención proclamada) y nuevos mecanismos fronterizos de asilo y retorno.
Numerosos líderes políticos tildaron el acuerdo de “éxito rotundo”, como la prueba irrefutable de que esta vez sí se desbloquearía la reforma del sistema europeo común de asilo. No obstante, esta posición salió adelante con el voto en contra de Polonia y Hungría, quienes rechazaron la mera existencia del sistema y amenazaron con bloquearlo. Por otro lado, lo propuesto por el Consejo fue criticado por las organizaciones de derechos humanos, ya que conllevaba graves riesgos en materia de protección a los migrantes. La reunión del Consejo en Granada en el mes de octubre, ya bajo presidencia española, ha avanzado en un acuerdo sobre el reglamento de crisis, aunque todavía pendiente de su aprobación final con unos contenidos más que preocupantes.
Los elementos básicos de un modelo ya conocido
La cuestión fundamental de la que partía la propuesta de un pacto europeo sobre migración y asilo es el desigual cumplimiento de las normas del sistema común de asilo, lo que ha dado lugar a una política en la que prima la obsesión de cada gobierno. Sobre el papel, se trata de “lograr un equilibrio entre la solidaridad y las responsabilidades compartidas en materia de asilo”, pero el debate político sobre estas cuestiones no va más allá de las recetas de siempre. Mientras tanto, la cooperación con terceros países para la externalización del control migratorio se desarrolla de manera implacable, como refleja el reciente acuerdo millonario entre la UE y Túnez, un régimen autoritario con prácticas cada vez más violentas hacia los migrantes en tránsito.
En esta línea, el pacto mantiene las mismas estrategias que han demostrado su riesgo e ineficacia durante la última década, como los procedimientos fronterizos y acelerados y la cooperación con terceros países para externalizar la gestión fronteriza. Hay pocas novedades más allá de dos medidas que, detrás de su complejidad jurídica, esconden auténticos atendados a los derechos humanos. Vale la pena hacer un esfuerzo para comprenderlas.
Nuevas medidas de control y rechazo en frontera
Se propone un nuevo reglamento de control con el método conocido como ‘screening’. En el mismo se prevén controles obligatorios de identidad, salud y seguridad, y el registro de datos biométricos para todas las personas que se encuentren en las fronteras exteriores de un Estado miembro o que provengan del desembarco de una operación de búsqueda y rescate en el mar. El objetivo es claro: hacer una selección rápida (en un plazo de 5 días) de las personas abocadas a la expulsión. Para ello, se presume que las personas “no han entrado” en el país. Esta ficción jurídica de “no entrada” obedece a la aspiración de eludir las responsabilidades del derecho internacional.
Se pretende vincular la decisión denegatoria del asilo con la expulsión al país de origen, sin valorar el riesgo para la vida e integridad de la persona
Una vez finalizado el ‘screening’ se aplicarían los procedimientos fronterizos de asilo y expulsión. Su práctica por algunos gobiernos ha sido criticada por socavar las mínimas garantías y dar lugar a decisiones de asilo arbitrarias. De hecho, cada vez es más frecuente tener un molde de respuesta que se aplica de manera automática. Otra novedad es que se pretende garantizar un vínculo entre la decisión denegatoria del asilo y la expulsión de la persona a su país de origen, sin valorar otras circunstancias que puedan poner en riesgo la vida o la integridad de la persona afectada, con la exceptuación de las garantías procesales básicas (asistencia letrada, no discriminación, evaluación individualizada y recurso).
Solidaridad “a la carta”
El pacto prometía “abolir Dublín” y, sin embargo, la nueva propuesta de reglamento sobre la gestión del asilo y la migración mantiene el criterio del país de primera entrada. El pacto prometía aliviar la presión desproporcionada con una solidaridad «permanente», si bien lo que está sobre la mesa es un mecanismo de aplicación asimétrica que sólo se activará en situaciones de “crisis” y que faculta a los Estados más reacios para no asumir ni una cuota de reubicación a cambio de contribuir económicamente a «patrocinar el retorno» o financiando el refuerzo de la externalización del control de fronteras.
El riesgo de consagrar en el derecho europeo el concepto de “instrumentalización” de la migración es enorme, ya que supondría un nuevo paso para criminalizar esta realidad. Según el nuevo reglamento, si se determina que existe una situación de “crisis” o de “instrumentalización”, se activará un sistema paralelo de asilo con una rebaja sustancial de garantías y los derechos, un paso más para legalizar las prácticas más lesivas que han provocado la actual crisis de derechos humanos en el Mediterráneo. En definitiva, la “Europa fortaleza” en estado puro.
