La carrera entre comunidades autónomas gobernadas por la derecha extrema y la extrema derecha para rebajar impuestos no comenzó tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo, pero es indudable que se ha acelerado. Once comunidades ya están presididas por el PP y están empleándose a fondo para hacer competencia fiscal desleal entre territorios.
Lo primero que hay que decir es que lo que hacen es legal. Y lo es porque tampoco durante los gobiernos del PSOE, se pusieron coto a prácticas completamente lesivas para los intereses de la inmensa mayoría de la población. Las comunidades autónomas tienen impuestos cedidos que pueden subir y bajar a su antojo. La estrategia de las derechas es bonificar hasta casi eliminar el Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y reducir el tramo autonómico del IRPF y el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. El resultado es la voladura y no precisamente controlada del modelo de financiación autonómico y serios problemas a la hora de financiar los servicios públicos. El modelo actual soluciona teóricamente este problema exigiendo una cifra fija en función de cada comunidad autónoma independientemente de que sus haciendas ingresen o no vía impuestos lo que deberían alcanzar. Si un territorio decide bajar impuestos, nadie le compensará, ya que cada comunidad debe aportar al sistema de financiación el 75 % de su recaudación normativa, es decir lo que ingresaría por los tributos cedidos tradicionales y los compartidos antes de aplicar subidas o bajadas fiscales. Es decir, el modelo actual hace pagar una “penalización» a aquellos Gobiernos autonómicos que bajan los tributos propios, ya que pueden perder por partida doble. Por un lado, dejan de recaudar y por otro deben seguir contribuyendo con la transferencia al fondo común en idéntica cantidad como si no hubiesen bajado. Pero la penalización no es suficiente.
El resultado es que, en 2022, al mismo tiempo que se incrementan las comunidades autónomas que eliminan en la práctica el impuesto sobre el patrimonio, el número de ricos, los que atesoran un patrimonio de más de 30 millones de euros, ha crecido en España un 15 %. Son datos de la Agencia Tributaria que indican que, además de en número, también se incrementa la riqueza que atesoran en un 20 % en el último año. En un año, los 831 españoles más ricos han aumentado sus fortunas en 10.496 millones de euros más y en promedio poseen 74 millones cada uno de ellos. No es una dinámica nueva porque en la última década, el número de ultra ricos españoles se ha incrementado un 177 % pasando de 300 a 831.
Tenemos más millonarios que nunca, pero contribuyen menos que nunca a sostener los servicios públicos.
Por eso es imprescindible atajar el dumping fiscal entre comunidades con una armonización fiscal que permita establecer unos tipos mínimos en los impuestos cedidos, algo imprescindible para que de verdad haya mercado único. Quedaba mucho para llegar a ello en la Unión Europea y la derecha ultramontana está dinamitando la posibilidad de que exista en el Estado español.
La principal crítica que realizamos desde Izquierda Unida de esta patente de corso a la hora de rebajar tributos en la que se ha convertido el modelo de financiación autonómico es que el actual no garantiza la prestación de servicios públicos. De hecho, no intenta cuantificar el coste en términos absolutos de prestar los servicios públicos gestionados por las comunidades autónomas a algún nivel de calidad considerado deseable. Y esto hay que resolverlo. Muchas comunidades autónomas han tenido una financiación inferior a sus necesidades. De hecho, hay un rango de más de 35 puntos porcentuales entre los niveles de financiación de las regiones mejor y peor tratadas y eso no responde ni a diferencias en factores de coste ni a los ingresos tributarios brutos de los distintos territorios. Si además comparamos la financiación de las comunidades forales con las de régimen común las diferencias son aún más intensas.
Madrid dedicó en 2022 un 15 % menos de presupuesto per cápita a educación, sanidad y servicios sociales que el promedio de las comunidades autónomas
Una cosa sí que queda clara. Madrid dedicó en 2022 un 15 % menos de presupuesto per cápita a educación, sanidad y servicios sociales que el promedio de las comunidades autónomas. O, dicho de otro modo, quien más usa la competencia desleal tributaria, menos recursos dedica a servicios públicos esenciales.
La crisis del Covid lo ha rematado. Sin las transferencias excepcionales realizadas por el Gobierno central, el sistema habría estallado. Y no veo yo al PP queriendo negociar una modificación del sistema de financiación que garantice la autonomía y suficiencia de las comunidades autónomas, así como el equilibrio y sostenibilidad del sistema. Pero eso no quiere decir que no se puedan dar pasos en la actual legislatura.
Mientras los “defensores a ultranza de la unidad sacrosanta de la nación española” hacen trizas la igualdad entre la ciudadanía de las diferentes naciones que convivimos en el Estado español usando la competencia fiscal desleal para favorecer a unos poquitos, desde Izquierda Unida consideramos que no hay tiempo que perder para avanzar en garantizar servicios públicos y equidad a la población de todos los territorios y en poner en marcha una reforma fiscal que garantice que paga más quien más tiene.
No hay forma mejor de defender la unidad, la de verdad.
