Reventando puertas con marros y al grito de «¡todos fuera!». De esta manera, un grupo de unos diez hombres, empleados de una empresa dedicada al desalojo de viviendas, intentaron desocupar el pasado 12 de enero, una quincena de viviendas de un bloque del barrio de Los Almendros en la pedanía de La Alberca. Las vecinas comenzaron a escuchar golpes en el rellano del edificio sobre las nueve de la mañana. Al poco, vieron cómo saltaban por los aires las cerraduras y sistemas de seguridad de las puertas de sus casas. Varios grupos de entre tres y cuatro personas, algunas de ellas con capuchas y el rostro cubierto, entraron a sus casas y les obligaban a salir a la calle por la fuerza. En algunos casos, llegaron a agredir a los inquilinos.
«Han entrado reventando la puerta de mi casa. Han ido a por mi hijo, que tiene 17 años, le han tapado la boca, le han cogido del cuello y lo han sacado a la calle descalzo», explica ante las preguntas de nuestro corresponsal Rosa María, una de las vecinas de la segunda planta, mientras observa los numerosos destrozos en su casa.
Las vecinas, han asegurado que al menos otras dos personas han sido agredidas, niegan que hayan okupado las casas y mantienen que pagaban un alquiler hasta que la persona que acudía para recibir la mensualidad dejó de cobrarles hace dos años. «No somos okupas. Firmamos un contrato con la promotora. Pagábamos un alquiler con opción a compra, hasta que la persona que venía a cobrar dejó de hacerlo hace más de dos años, porque la empresa quebró. Pero tenemos recibos de los pagos efectuados por transferencia, recibos de la luz y del agua», explica la pareja de Rosa María. «Vamos a denunciar a esta empresa. Han pegado a la gente, han destrozado más de diez casas, lo han registrado todo. Se han llevado móviles, joyas y objetos de valor. Ha irrumpido de forma ilegal en las viviendas con nuestras familias, niños y personas mayores dentro», declara Francisca, otra residente en un piso de la primera planta del edificio.
Una vecina que tiene su casa en la tercera planta del bloque se queja con angustia de que cuando irrumpieron en su casa, su madre de 94 años estaba sola, durmiendo en una habitación y pasó mucho miedo. «La he tenido que medicar para que se tranquilice. Se asustó mucho al escuchar cómo tiraban la puerta abajo y entraban a su cuarto cuatro tíos grandes gritando. Lo que ha vivido ha sido una película de terror y podía haberle dado algo», lamenta la mujer.
Muestras de solidaridad por parte de la izquierda murciana, que exige responsabilidades a la Delegada de Gobierno, Mariola Guevara.
Ante la tensión que han vivido estas vecinas, dirigentes de los núcleos del PCRM en la capital murciana, han mantenido diversas reuniones con las familias afectadas junto al secretario político regional, Josetxu Durán, quien tras la última reunión denunció estos actos como “una creciente agresión a la clase trabajadora y un flagrante ataque al derecho a la vivienda”.
Durán destacó la preocupante tendencia de empresas de “desokupación” que, amparadas por la permisividad policial como en este caso, emplean métodos violentos, agrediendo incluso a menores. Este fenómeno, según Durán, “evidencia la falacia del derecho a la vivienda en el actual sistema”.
El dirigente comunista subrayó “la creciente dificultad de la clase trabajadora para acceder o mantener una vivienda digna, mientras los fondos públicos fluyen hacia entidades financieras que especulan mercantilizando la vivienda, generando además beneficios a costa de desalojos y desahucios”.
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Durán criticó el trasvase de fondos públicos, “creados por el trabajo de la mayoría social, hacia grandes capitales, entidades y fondos buitre que se benefician de la especulación inmobiliaria”, enfatizando que “estas prácticas perpetúan la falta de una futuro digno para las y los trabajadores”.
El PCRM también señaló la “ofensiva general” contra los derechos de la clase trabajadora, incluyendo el auge de la extrema derecha y la criminalización de formas de resistencia. La distorsión del fenómeno okupa, el cual califica como un problema casi inexistente estadísticamente, y la creación de empresas «Desokupa» fueron abordadas como elementos de esta ofensiva. Según hace hincapié el secretario general, «este caso desmonta el relato de la extrema derecha, demostrando que cualquier persona, aun pagando su alquiler puede ser víctima de la violencia de estas bandas criminales organizadas».
Durán destacó “la connivencia del Estado con estas empresas, operando en los límites de la legalidad”, y señaló a la Ley 5/2014 de Seguridad Privada como un amparo para continuar con sus “prácticas criminales”, las cuales señala que “exceden los límites marcados por dicha legislación”.
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Por último, Durán abogó por un cambio en las políticas que favorezcan la vivienda digna y combatan la especulación inmobiliaria. Así como, ha anunciado que su formación exigirá responsabilidades a la Delegada de Gobierno, Mariola Guevara, por la negligente actuación policial.
