La jornada sirvió para alertar del retroceso en libertades civiles

Los 6 de Zaragoza: Sumar logra una foto de unidad pidiendo el indulto

Enrique Santiago califica la condena como «política» y propone cambios legislativos profundos
Acto en el Congreso de los Diputados por Los 6 de Zaragoza

Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida y portavoz adjunto del Grupo Plurinacional Sumar, ha mostrado su «total solidaridad» con «Los 6 de Zaragoza», jóvenes condenados tras una protesta contra Vox en 2019. Durante la jornada ‘Libertad para Los 6 de Zaragoza’ en el Congreso, Santiago calificó la sentencia como una «condena política» enmarcada en un contexto de «restricción de libertades fundamentales».

El dirigente de IU pidió el indulto para los condenados, proponiendo «presentar un millón de firmas en el Ministerio de Justicia» como estrategia. Abogó por una «transformación profunda del Código Penal y de muchas más leyes», más allá de modificar la ley mordaza.

Santiago subrayó la necesidad de cambios estructurales en la aplicación de las leyes: «Podemos cambiar las leyes, pero luego las aplican funcionarios, policías o jueces». Advirtió que con un gobierno de derecha y ultraderecha, «habrá miles de casos como ‘Los 6 de Zaragoza’».

Desarrollo del acto

La jornada parlamentaria «Libertad para los 6 de Zaragoza», organizada por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, se celebró el 23 de septiembre de 2024 en la Sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados. El evento, que tuvo lugar de 18 a 20 horas, contó con entrada libre previa inscripción.

La sesión comenzó a las 18:00 horas con una mesa de presentación moderada por Jorge Pueyo, diputado del GP Plurinacional Sumar. En ella participaron Francho Aijón, padre de Javitxu Aijón, junto con Stefanía Giraldo, pareja de Javitxu, dando voz a las familias afectadas. El padre expuso que su hijo es un preso político, como ejemplifica que en el penal están valorando no dejarle participar en la revista de la cárcel (como ha solicitado) por sus opiniones políticas. «Educar en valores puede llevar a tu hijo a la cárcel», declaró Francho, que está orgulloso del compromiso antifascista de su hijo. Aijón padre se solidarizó con otros casos como Pablo Hásel, Altsasua o Alfon, entre otros, y denunció las dificultades para las visitas de familiares y el coste económico que asumen las familias: «la cárcel es un sitio carísimo y no nos lo han puesto fácil (para tener visitas vis a vis)».

Cuatro son las patas que fueron señaladas como responsables de casos de represión como este: policía, jueces, medios y gobierno. Por su parte, Stefanía Giraldo leyó una carta del propio Javitxu en la que, tras un agradecimiento a «el apoyo mostrado por Podemos y Sumar (que) nos ha ayudado a no caer en la invisibilidad», desarrolla una potente reflexión política. Afirma en la misiva que se ha perdido una oportunidad con la ley de amnistía para haber sacado de la cárcel a otros presos que están en su situación o similares, porque «somos muchas más que seis, como dicen las de la CNT de Gijón».

A continuación, reseña con preocupación el auge internacional de «los herederos del fascismo». Con valentía, llama a seguir organizándose y protestando frente a lo que consideran «castigos ejemplarizantes» que buscan sembrar «el miedo a la organización política».

Pablo Rochela, representante de la Plataforma «Libertad 6 de Zaragoza», completó esta mesa inicial, aportando la perspectiva del movimiento de apoyo a los condenados. Defiende que «no cabe ponerse de perfil, hay que oponerse a los discursos de odio». Las demandas del movimiento señalan al bloque de investidura como el actor que debe presionar al PSOE para conseguir el indulto. Sin embargo, sus demandas van mucho más allá e incluyen la derogación de «las leyes que hacen esto posible» y la denuncia de los CIEs.

A las 18:30 horas, se dio paso a un debate centrado en el lawfare y la petición de indulto. Esta mesa, moderada por Àgueda Micó, diputada del GP Plurinacional Sumar, contó con la participación de destacadas figuras. Entre ellas, Jorge del Cura, Premio Nacional de Derechos Humanos 2024, y Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional especializado en el derecho a la protesta. El panorama mediático estuvo representado por Ana Pardo de Vera, directora corporativa de Público, Antonio Maestre, periodista, y Alejandro Plana, redactor de Arainfo. La mesa se enriqueció con las perspectivas del actor y cantante Jorge Usón y del poeta Alberto García Teresa.

Del Cura señaló que las tres sentencias coinciden solamente en la condena a los cuatro jóvenes, ya que incluyen argumentos y exponen tipos penales contradictorios entre sí. En tono autocrítico tras 45 años trabajando contra la tortura, manifestó que «algo hemos hecho mal si hemos llegado hasta aquí». Alertó, por último, del enorme peligro que supone que se acepte el concepto de «coautoría» de estas sentencias, ya que supone que «si uno tira una piedra, todos los manifestantes son culpables».

Por su parte, Daniel Canales constató como experto jurídico que se está aplicando la presunción de veracidad de la policía en los juicios, pese a que esta solo está contemplada para los casos administrativos: «las declaraciones de los policías es la única prueba», recordó. Como Amnistía Internacional, Canales demandó reformas importantes del Código Penal y se mostró sorprendido de la arbitrariedad que supone la represión de este caso, ya que «las autoridades judiciales han reconocido no poder determinar que el lanzamiento de objetos haya producido lesiones».

Ana Pardo de Vera recalcó también que la policía debe estar especialmente fiscalizada debido a su monopolio de la violencia, por lo que «no podemos funcionar con ejercicios de fé». Recordó algunos casos en los que estas interpretaciones judiciales se habían intentado usar para amordazar a la prensa y constató que el daño existe, incluso si no termina en condena, porque busca «la destrucción personal» de la persona acusada. La diputada de Compromís recordó que son muchos los casos que se han sucedido de lawfare, como el que acabó con la dimisión de Mónica Oltra. Su conclusión para el caso valenciano y para este es el mismo: «el PSOE no ha estado a la altura».

El turno de los grupos parlamentarios y partidos comenzó a las 19:15 horas, moderado por Enrique Santiago en representación del GP Plurinacional Sumar.

En este espacio, formaciones como Anticapitalistas, BNG, Podemos, EH Bildu y ERC tuvieron la oportunidad de expresar sus posturas sobre el caso y las cuestiones de libertades civiles que plantea.

La jornada concluyó a las 19:45 horas con una mesa de clausura a cargo de Íñigo Errejón, portavoz del GP Plurinacional Sumar, quien probablemente resumió las principales conclusiones del evento y trazó las líneas de acción futuras.

Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.