Con carácter general, el problema del desempleo remite a la orientación de la política económica y el pleno empleo (con puestos de trabajo estables, de calidad y con derechos) es un objetivo que aún está vigente (al que no se puede renunciar) y que no puede quedar abandonado a las fuerzas del mercado; EXIGE ACTUACIONES DECIDIDAS DESDE EL SECTOR PÚBLICO.
También con carácter general, el desempleo comienza a ser un problema en las sociedades europeas a mediados de los años setenta, cuando se conformó un giro radical en la orientación de la política económica que, con mayor o menor intensidad, ha afectado a todos los países:
- Se produjo un cambio en la distribución de la renta y los salarios dejaron de orientarse hacia la productividad (el excedente empresarial empezó a apropiarse en mayor medida de los aumentos de productividad).
- La estabilidad monetaria se antepuso al crecimiento y al empleo.
- El Sector Público fue perdiendo terreno en beneficio del sector privado.
Básicamente, las políticas de empleo se han dirigido, en gran medida, a incentivar (bonificaciones, subvenciones y todo tipo de incentivos fiscales) a los empresarios y al capital:
- Estas políticas consiguen elevar el excedente empresarial pero sin ninguna garantía de que ese aumento se transforme en creación de empleo de calidad.
- Una redistribución de la renta más regresiva tiene un impacto negativo sobre la actividad económica porque el crecimiento de la demanda es potencialmente menor.
- Se priva al Sector Público de recursos para realizar políticas directas de creación de empleo.
Dos consideraciones importantes:
1. Las políticas neoliberales han olvidado, interesadamente, que el nivel de empleo en una economía de mercado depende de factores externos al mercado laboral: lo hace, básicamente, de las expectativas de los empresarios sobre la rentabilidad de las inversiones y del nivel de la demanda efectiva (donde influyen poderosamente los salarios).
2. Se mira a Estados Unidos como ejemplo de mercado de trabajo desreglado y baja tasa de desempleo. Pero la relativa baja tasa de paro americana esconde realidades preocupantes y en absoluto extrapolables a Europa: 18 millones de personas trabajan sólo unas horas semanales, 6 millones de personas han abandonado la búsqueda activa de empleo, las estadísticas eliminan del censo del desempleo a las personas en edad de trabajar que no tienen empleo porque están en la cárcel o en libertad vigilada (casi 10 millones de personas)1, los salarios reales de los trabajadores menos cualificados han descendido, y el empleo se combina con la pobreza y no es un medio para superar la marginación social.2
Evidentemente, la UE está muy lejos del modelo laboral americano y mantiene niveles superiores de protección social. PERO ESTÁ CLARA TAMBIÉN LA OFENSIVA CONSERVADORA EN EUROPA PARA PROCURAR MAYORES DOSIS DE FLEXIBILIDAD NEGATIVA TANTO SALARIAL COMO LABORAL. NUESTRO PAÍS ES, EN ESTE SENTIDO, UN ALUMNO AVENTAJADO.
¿El milagro económico español?
Es verdad que, desde el año 1996 hasta el año 2002, la economía española ha registrado un crecimiento anual del PIB superior, en promedio, en 1,2 puntos porcentuales al de la UE, mientras que el crecimiento anual del empleo ha superado en 1,5 puntos porcentuales al crecimiento medio del conjunto de la UE.
También es verdad que el PP ha utilizado la bandera del pleno empleo como objetivo de su política económica. Sin embargo:
- No todo vale para crear empleo porque, ya se ha dicho aquí, el pleno empleo exige puestos de trabajo estables y de calidad. Además, los gobiernos del PP no han escatimado esfuerzos para camuflar estadísticamente el paro.
- Aún contando con lo anterior, el gobierno prometió rebajar la tasa de paro hasta el promedio comunitario en 2004. Sin embargo, en sus previsiones, el paro alcanzará en 2004 al 11% de la población activa, una tasa similar a la de 2002 y 2003, superior todavía a la del año 2001 (10,5%) y alejada de los registros comunitarios.
- Se ha creado empleo con intensidad, pero de baja calidad, lo cual puede estar detrás del hecho de que los crecimientos de la productividad en nuestro país han sido de los más reducidos entre las economías de la zona euro desde 1996. Los moderados crecimientos de la productividad impiden ganancias reales en términos de competitividad empresarial y hacen gravitar a nuestro modelo de crecimiento sobre costes laborales relativamente reducidos.
Los costes laborales totales3 suponen el 66% del promedio de la UE y las cotizaciones sociales en nuestro país son 2,5 puntos del PIB inferiores a ese promedio. Pero no parece sostenible fiar la ventaja competitiva de España a estas variables aunque solo sea por la incorporación de nuevos socios a la UE con costes laborales inferiores y aceptables niveles de cualificación laboral.
Como comenta CC.OO.4, la creación de empleo de los últimos años se ha nutrido de un número importante de trabajadores con bajos salarios, donde la explotación de la mano de obra inmigrante ocupa un lugar destacado. También presiona a la baja sobre el coste laboral nuestro reducido Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que pierde poder adquisitivo año tras año y, como resultado final, la excesiva temporalidad del mercado de trabajo.
EL “MILAGRO ECONÓMICO ESPAÑOL” DEL QUE PRESUME AZNAR HA DESCUIDADO LA CALIDAD DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD, Y SUBESTIMA LA SOSTENIBILIDAD DEL MODELO DE CRECIMIENTO A MEDIO PLAZO ANTE LAS EXIGENCIAS DE LA FUTURA UE AMPLIADA.
La realidad del euro, la incorporación de nuevos socios y el devenir incierto del volumen de fondos que recibimos de Bruselas, implica no olvidar que el crecimiento de la productividad es un indicador de eficiencia económica y condición necesaria para que el pulso de la demanda se traslade a incrementar la producción y no los precios.
Los moderados crecimientos de la productividad (inferiores a los de nuestros socios comunitarios) traducen deficiencias en dotaciones de capital (público, humano o tecnológico), peores servicios sociales, insuficientes ritmos inversores (públicos y privados) y mayor precariedad laboral.
- Entre 1995 y 2002 el crecimiento de la productividad del trabajo (producción por ocupado) en España ha sido el menor de toda la UE. Creció a una tasa media del 0,6% frente al 1,2% comunitario. Y si consideramos la productividad total de los factores (empleo y stock de capital), la Comisión Europea afirma que en España el crecimiento medio ha sido del 0,5% y del 1% en la UE.
- Según el Banco de España5 el stock de capital tecnológico (gasto en I+D e importación de tecnología) como porcentaje del PIB representó en 1999 el 40,8% del promedio comunitario. Un año antes fue del 41,1% y del 43% en 1995.
- El gasto en I+D como porcentaje del PIB fue el 54,2% del promedio comunitario en 2001 (desde el 53,9% del año anterior). Distancias que se producen tanto en el gasto público como en el privado. El gasto en I+D público como porcentaje del PIB representó en 2001 el 60,5% del promedio y el privado el 53,2%.
- El sotck de capital humano (% de la población en edad de trabajar con estudios universitarios equivalentes) se sitúa en el 71,7% de la media comunitaria.
- El stock de capital público (inversión pública) representa el 67,5% de la media.
En materia de empleo, todavía España mantiene una importante divergencia:
- Una tasa de actividad (sobre la población de 15-64 años) del 64,2% frente al 69% comunitario (UE-15). La tasa de actividad de las mujeres es del 50,3% frente al 59,9% comunitario; la de los hombres del 78% (78,1% en la UE).
- Una tasa de ocupación (sobre la población de 15-64 años) del 58,4% (64,2% en la UE). La tasa de ocupación femenina es del 44% (55,5% en la UE) y la masculina del 72,8% (72,9% en la UE). La tasa de ocupación de los mayores de 55 años es del 39,8% (coincide con el promedio comunitario.
- Una tasa de desempleo que, en septiembre de 2003, se situó en el 11,2% de la población activa (8% en la UE). La tasa de paro masculina es ligeramente superior en España (8,1% frente al 7,3%) y la femenina muy superior (15,6% y 9% respectivamente). La tasa de paro de los menores de 25 años también es muy superior (22,4% y 15,7%).
- Una tasa de temporalidad en España del 31,2%, más del doble que la comunitaria (13,1%). La tasa de temporalidad de los menores de 25 años es del 64,8% en nuestro país (37,6% en la UE).
NECESITAMOS CREAR MÁS EMPLEO PARA REDUCIR LA TASA DE PARO (SUPERIOR AL PROMEDIO COMUNITARIO) Y ABSORBER LOS AUMENTOS DE LA POBLACIÓN ACTIVA (CONTAMOS CON UNA TASA DE ACTIVIDAD INFERIOR AL PROMEDIO). EN ESTE SENTIDO SOBRAN LOS TRIUNFALISMOS DEL GOBIERNO PORQUE, ADEMÁS, LA CALIDAD DEL EMPLEO DEBE MEJORAR Y ESO PASA POR REDUCIR NUESTRA TASA DE PRECARIEDAD QUE ES MÁS DE DOS VECES SUPERIOR A LA COMUNITARIA.
La cumbre de Lisboa se planteó como objetivo alcanzar una tasa de ocupación del 67% en 2005 y del 70% en 2010. De forma particular, una tasa de ocupación femenina del 57% en 2005 y del 60% en 2010; y una tasa de ocupación para los mayores de 55 años del 50% en 2010.
La moderada evolución en el crecimiento de la población activa ha contribuido positivamente en el pasado a la reducción del desempleo, pero no es un consuelo que los factores demográficos (la menor natalidad que es a su vez fruto de factores laborales y sociales) eviten mayores tasas de paro. Sobretodo, si consideramos la necesidad de aumentar nuestras tasas de actividad, particularmente la femenina, para hacer frente al envejecimiento de la población y a la relación “activos/pasivos” de cara a la financiación futura de las pensiones.
Nuestras propuestas
La creación de empleo estable y de calidad debe ser el objetivo prioritario de la política económica. Las desregulaciones laborales no crean empleo, lo precarizan y contribuyen a procurar distribuciones regresivas del Producto Social, desincentivan los esfuerzos en formación, y afectan negativamente a la productividad.
En la creación de empleo influyen, básicamente, la orientación de la política macroeconómica, las decisiones empresariales sobre inversión y gestión del excedente empresarial, o el reparto de las mejoras de la productividad.
- Una condición necesaria, para crear empleo de calidad, es que la política macroeconómica adquiera un carácter más flexible, abandonando ciertos fundamentalismos que hoy inundan el pensamiento económico.
- La moderación salarial consigue aumentar la tasa de beneficio, pero no cumplir exactamente aquel famoso lema que reza: “los beneficios de hoy son las inversiones de mañana y los empleos de pasado mañana”. Cada país conserva aspectos específicos propios, pero en Europa, desde la década de los 80, los aumentos del excedente empresarial se han correspondido con una disminución de la tasa de inversión.
En este sentido, en IU hemos planteado la cuestión del control de parte del excedente empresarial, encontrando las “lógicas” resistencias que una propuesta así conlleva6. Los Fondos de Inversión Obligatorios serían un conjunto de recursos dirigidos hacia la formación de capital fijo generador de empleo en actividades económicas, social y medioambientalmente útiles, y supondrían un avance en la democracia económica dentro de las empresas.
- La reducción de la jornada laboral a 35 horas, sin merma salarial, está íntimamente relacionada con lo anterior. En Europa, desde que se aplican con mayor o menor intensidad las políticas neoliberales, apenas se ha reducido la jornada laboral y el paro se ha convertido en un problema estructural. Es una propuesta que persigue distribuir de forma más justa (y de manera más beneficiosa para el empleo) los incrementos de productividad entre salarios y excedente empresarial.
Paralelamente, es preciso un control efectivo por parte de las organizaciones sindicales y reforzar, con mayores competencias legales, la Inspección de Trabajo, para acabar con el abuso sistemático en la utilización de las horas extraordinarias, que en la práctica supone un alargamiento cotidiano de la jornada laboral, que contribuye a precarizar las condiciones laborales, a incrementar el riesgo de accidentes de trabajo, e impide un crecimiento mayor del empleo.
- Los servicios sociales, escasamente desarrollados en nuestro país, deben formar parte de una estrategia por el empleo. Proponemos un Programa Social que mejore nuestro sistema de protección social, dirigido a la atención de personas con dependencia, asistencia a mayores y servicios de atención a la infancia o discapacitados, potenciando ciertas prestaciones económicas, ampliando la oferta de algunos servicios públicos y desarrollando medidas complementarias. El objetivo esencial es atender múltiples carencias de nuestro sistema de Bienestar, pero hay que añadir que el incremento de la cobertura pública de programas y servicios sociales resulta ser una importante fuente de ocupación (de empleo directo) y tendría otros efectos positivos, como crear condiciones más favorables para la incorporación de la mujer al mercado laboral, aumentando las tasas de actividad femenina, y eliminar obstáculos objetivos a la libre opción por la maternidad.
La falta de una red suficiente de servicios sociales para atender situaciones de discapacidad, cuidado de menores o asistencia a mayores, implica que sea la mujer, en el núcleo familiar, quien asuma las tareas de cuidados y asistencia. Es muy difícil abordar la incorporación de la mujer al mercado laboral, o la propia caída de la natalidad, sin considerar estos problemas. La elevación de nuestra tasa de actividad depende en gran medida de la incorporación de la mujer al trabajo remunerado, pero esto debe hacerse con un reparto más justo del trabajo productivo y reproductivo.
- El problema del paro (fundamentalmente femenino y juvenil) y la precariedad en el empleo, son muy superiores en nuestro país con relación a la UE. Favorecer de modo especial a jóvenes y mujeres en materia de empleo significa abordar la cuestión de la precariedad y la desregulación laboral.
Reducir la precariedad en el empleo implica frenar el abuso en la contratación temporal por parte de los empresarios, revisando las modalidades de contratos temporales y aumentando las cotizaciones sociales o la indemnización por finalización del contrato, y reformar con profundidad las ETT´s. También es preciso corregir la precariedad laboral en la Administración, acabando con la amortización de empleo público.
- Una política efectiva en la prevención de riesgos laborales, incrementando las competencias legales de las organizaciones sindicales en los sectores y empresas donde tiene lugar un elevado número de accidentes laborales. También es necesario aumentar la plantilla de Inspectores de Trabajo, aproximándonos a la media de la UE (un Inspector por cada 7.000 trabajadores).
- Desarrollo e impulso de iniciativas sociales, sindicales y políticas tendentes a favorecer la igualdad en el plano social y laboral de los trabajadores inmigrantes que trabajan en nuestro país.
- Mejorar la protección por desempleo, realizando una verdadera reforma que aborde los requisitos de acceso a la prestación y la cuantía y duración de la misma. Cualquier exceso o superávit en el INEM procedente de las cuotas por desempleo debe destinarse a mejorar la protección. Es una prioridad, ampliar la cobertura para los parados de larga duración con cargas familiares.
- Incrementar el gasto en políticas activas de empleo, revisando y reduciendo dentro de éstas, el coste de las bonificaciones a las empresas por contratos fijos. Las políticas activas en general, y las bonificaciones coyunturales y centradas en ciertos colectivos de la contratación estable, en particular, se financiarán con aportaciones del Estado.
- Progresiva equiparación del SMI al salario medio, en cumplimiento con las recomendaciones de la Carta Social del Consejo de Europa que nuestro país ratificó en 1980.
Esta cuestión exige referirse a la UE, donde la coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros no puede basarse en una interpretación restrictiva del Pacto de Estabilidad, y donde la política monetaria debe considerar, junto a la estabilidad de los precios, el crecimiento económico y el empleo.
Si la UE quiere mantener el objetivo de pleno empleo, más allá de declaraciones formales, es preciso terminar con el fundamentalismo del déficit cero, más aún cuando las incertidumbres sobre la evolución económica mundial y la moderada inflación implican poner más énfasis en el crecimiento y en la creación de empleo.
Hacemos nuestro el objetivo de la cumbre de Lisboa, donde la UE declaró perseguir el pleno empleo, fortalecer la cohesión social e incrementar la productividad de las economías para obtener verdaderas ganancias en competitividad.
En la Cumbre de Lisboa, de 23 y 24 de marzo de 2000, la Unión fija como nuevo objetivo estratégico para la década “convertir a Europa en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social”. Este objetivo se cuantifica en aumentar la tasa de empleo actual de una media del 61% hasta el 70%, a más tardar en 2010; y aumentar el número actual de mujeres empleadas de una media del 51% a más del 60% en 2010.
Para lograr este objetivo estratégico, se reconoció que es preciso una tasa media de crecimiento del PIB del 3%-3,5% a lo largo de la mayor parte de la década (la UE creció el 3,4% en 2000, pero un escaso 1,7% en 2001 y un 1,5% en 2002. En 2003 el crecimiento estimado apenas supera el 0,5%) y también se afirmó que la inversión como porcentaje del PIB europeo se encuentra muy por debajo de los niveles considerados como precisos para situarse en la senda del crecimiento económico sostenible.
Además, el Consejo Europeo fue consciente de que la deseable consecución de una economía basada en el conocimiento presupone el desarrollo de redes de información, el incremento de la investigación y el desarrollo, y de la educación y formación a lo largo de toda la vida. En suma, más inversión tanto pública como privada.
Conseguir el pleno empleo en 2010 significaría reducir la tasa de paro hasta el entorno del 4% de la población activa. Para nuestro país, esto podría implicar la necesidad de crear anualmente unos 600.000 empleos netos.
En todo caso, lo importante es que Europa parece incapaz de definir una estrategia común para alcanzar el pleno empleo, garantizando un crecimiento económico global superior al 3% anual.
NOTAS:
1.El nivel de delincuencia de la UE es un 10% del de Estados Unidos.
2. Citado en Empleo y nueva relación salarial en la Unión Monetaria, Francisco Rodríguez Ortiz. Catarata 2000.
3. Fuente: CC.OO. utilizando datos de EUROSTAT.
4. Breves comentarios a la política fiscal aplicada en los últimos años ante la elaboración de los PGE para 2004, julio de 2003.
5. Síntesis de indicadores económicos: convergencia real España-UE.
6. El Presidente de la CEOE, José Mª Cuevas, llegó a afirmar que “fondos de inversión, ni con la Guardia Civil”.