Está desregulación se alcanzará eliminando gradualmente el régimen actualmente existente a nivel de los Estados Miembros (EM) de autorizaciones previas y de exigencias y limitaciones administrativas para el establecimiento de empresas prestatarias de servicios y la libre circulación de los mismos, reemplazando, además, mediante el denominado principio del «país de origen» , las normativas, controles y legislaciones del país donde se presten los servicios por las propias del país donde se ubique la empresa prestataria, lo cual dificultara extraordinariamente la supervisión de las actividades de la misma por parte de las autoridades del país de acogida. Además de verse obligados a adaptar o eliminar numerosos requisitos actualmente existentes, los EM deberán obtener la aprobación previa de la UE para modificación de las actuales o incorporación de nuevas medidas.

La Directiva sobre Servicios propuesta regiría para todos los niveles de la Administración Pública, violando así el principio de subsidiariedad, y amenaza con tener un impacto importante sobre la legislación social y laboral de los países de la Unión Europea.

El principio del «país de origen» está fundado sobre el tratamiento desigual de los trabajadores, dependiendo de la procedencia de la empresa empleadora y puede producir situaciones muy parecidas a la discriminación.

Esto violaría derechos colectivos, garantizados por el Tratado de la Comunidad Europea. La Directiva puede entrar en conflicto directo con otras Directivas de la Unión Europea en materia de salud y seguridad, protección en contra de la insolvencia y con estándares laborales sancionados por la Directiva sobre Contratación y Adquisición Publica y sobre reconocimiento de calificaciones profesionales.

Arrebatar derechos

Puede incluso poner trabas a que la UE reconozca convenios colectivos. La Directiva propuesta puede arrebatar a los Estados miembro de la UE los instrumentos necesarios para imponer sus leyes laborales y estándares de empleo. El poder de control de los Estados sobre estos estándares se vería todavía más mermado por la abolición del requisito de la declaración previa al establecimiento de la empresa en el país o de la obligación de mantener la documentación laboral y un representante legal de la misma en el país donde se presta el servicio. La Directiva propuesta no incluye una cláusula que impida a los Estados restringir la libertad de asociación, negociación, huelga o de cerrar convenios colectivos.

La Directiva propuesta no tiene en cuenta los aspectos sociales y laborales en una UE muy heterogénea de 25 miembros con grandes diferencias en protección social, alentando de hecho a las grandes empresas a beneficiarse de las asimetrías existentes en materia fiscal, sanitaria, laboral o medioambiental, mediante el establecimiento de sus sedes en los países con menor nivel de exigencias y protección para la posterior prestación de servicios en otros Estados.

Las empresas podrían atenerse a las reglas y normas del país de origen, lo que conduciría al «dumping» social y al inevitable deterioro laboral y salarial de los trabajadores, así como a la desprotección de los consumidores de los servicios en los lugares donde ofrezcan sus servicios.

Protestas y movilizaciones

Desde la presentación de la propuesta (enero 2004) se han formulado numerosas protestas y exigencias de retirada o revisión de la misma por parte de sindicatos (destacando la Confederación Sindical Europea y la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos y, en nuestro país, CCOO, UGT y CGT), organizaciones ciudadanas y altermundialistas (entre muchas otras, la red europea de ATTAC, que decidió en el último Foro Social Mundial de Porto Alegre llevar a cabo actos de protesta unitarios en Bruselas el 18 y 19 de marzo de 2005, incluyendo debates en la sede del Parlamento Europeo ).

También lo han hecho corporaciones locales (como el gobierno de la región de Bruselas capital), partidos (destacando el Partido Socialista Europeo y los Partidos Socialistas de Francia y Bélgica),e incluso autoridades políticas de los Estados (destacando el rechazo expresado por los Presidentes Chirac y Schröder, así como del Senado de Alemania ) y órganos consultivos de la propia UE (como el del Comité Económico y Social Europeo en sesión del 10 febrero 2005).

Lo que se ha pedido a la Comisión Europea es que si no retira esta propuesta, al menos la someta a una profunda revisión, con la supresión del principio de país de origen, la exclusión de los servicios públicos y la necesidad de contar previamente con una directiva marco que armonice la prestación de servicios de interés general (incluyendo los servicios sociales) en el ámbito de la UE, así como con la armonización de las reglamentaciones sectoriales relativas a autorizaciones y exigencias para el establecimiento de empresas y la libre circulación de servicios.

Es destacable que el único apoyo público a esta propuesta, procedente de instituciones privadas, ha sido una carta suscrita por 15 expertos, economistas y empresarios, pertenecientes a la semisecreta sociedad Monte Pelerin, fundada por el economista ultraliberal Friedich Von Hayek a finales de los 40, y que integra a economistas, políticos y empresarios ultraliberales, como Margaret Thatcher.

Como fruto de esta resistencia, la reciente Comisión de la UE ha considerado oportuno la revisión de esta propuesta, pero sin abandonar el principio de país de origen, al que considera de vital importancia para impulsar la liberalización de los servicios en el mercado interior, afirmando que esta Directiva se enmarca de lleno en los objetivos de la Cumbre de Lisboa de convertir a la UE en 2010 en » la economía basada en la industria del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo».

Claves

La directiva puede poner trabas a los convenios colectivos.

Se abre la puerta a restricciones en la libertad de asociación.

Favorece el ‘dumping’ social.

Alienta la desprotección de consumidores.

No contempla los aspectos sociales y laborales de una UE de 25 países.