La campaña consiste en la distribución de miles de trípticos en los centros escolares públicos, y en los que se informa a los padres y madres, profesorado y alumnado de sus derechos. También se realizarán charlas informativas en distintos centros escolares.

Estas organizaciones, que se unieron en 2002 ante el intento del anterior Gobierno de imponer la asignatura de religión a todo el alumnado, en la actualidad consideran que no han logrado sus objetivos, a causa de una cierta pasividad e indiferencia de los poderes públicos y al fundamentalismo con el que actúan algunos sectores de la iglesia católica.

Francisco Delgado, vicepresidente de la asociación Europa Laica, abogó porque la religión salga del horario lectivo obligatorio, para respetar los derechos de toda la comunidad educativa y para que no se interrumpa el normal funcionamiento de la organización de los centros educativos.

Delgado calificó como «secuestrado» al alumnado que no elige religión y que, sin embargo, tiene que permanecer en el centro educativo, y ha sostenido que «no podemos aceptar que se obligue a quienes no quieren recibir religión a estar separados de su clase y a adaptarse al horario y exigencias de quienes desean seguir imponiendo esas enseñanzas en el horario lectivo».

Loles Dolz, responsable de Educación de IU, manifestó que los acuerdos con el Vaticano son un «lastre» y una «losa» que impide avanzar en el desarrollo de un estado laico. Dolz afirmó que «no avanzar en 30 años después de la restauración democrática significa claramente un retroceso» y espera que la próxima legislatura sea la de la derogación de los acuerdos con el Estado Vaticano.

La responsable de Educación de IU considera que «hace falta instaurar la libertad de conciencia, lo que significa el respeto a las creencias y a las no creencias, frente a los dogmas y privilegios de la jerarquía de la Iglesia Católica». IU fundamenta su programa electoral en materia educativa «única y exclusivamente en extender y defender la escuela pública y laica».

Fernando Martín, miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), tras aclarar que esta campaña no pretende arremeter contra ninguna religión, informó sobre la evolución «imparable» del alumnado no matriculado en religión, y que asciende en la escuela pública, según estimaciones de estas organizaciones, en base a datos oficiales, a cerca del 70% en Bachillerato, al 60% en ESO y al 30% en Primaria.

Este representante de CEAPA sostuvo que es inconstitucional obligar a declarar, en documento público, sobre la religión o las creencias privadas, y esto es algo que sucede cuando un padre debe contestar a la hoja que el centro le presenta para saber si el alumno recibirá religión. Considera que, en todo caso, sería el padre o la madre que quiera quien pueda hacer llegar a la escuela el deseo de que su hijo asista a religión, sin que haya necesidad de preguntar al conjunto de familias.

Augusto Serrano, portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STES-i) considera que la asignatura de religión es un «adoctrinamiento puro y duro», por lo que no se puede calificar a quienes la imparten como «profesores», sino como «catequistas». Ha denunciado que muchas administraciones autonómicas están cometiendo «fraude de ley» al permitir a muchos impartir tutorías y suplencias cuando falta algún profesor, y disfrutando de los mismos derechos laborales que los demás, cuando sin embargo no han aprobado unas oposiciones como el resto del personal docente.

Juanjo López, secretario general del Sindicato de Estudiantes, recordó que la LOE establece para la ESO y Bachillerato la asignatura de religión y, como alternativas, la asignatura de historia de las religiones (que ha calificado de «religión bis») y «la debida atención educativa». Según López, esta tercera opción no se desarrollará en la mayoría de los centros educativos, y muchos padres no querrán que sus hijos queden desocupados en ese horario y matricularán a sus hijos en religión.