La necesidad de una primera valoración del Fallo del Tribunal Constitucional sin conocer la totalidad de la sentencia me lleva a plantear algunas consideraciones que podrían ser matizadas cuando ésta se haga pública, y que en todo caso serán complementadas por las resoluciones que el Partido apruebe en su momento.

Lo que es una realidad es que el fallo del Tribunal Constitucional sobre el Recurso presentado por el Partido Popular contra el Estatuto de Cataluña ha puesto sobre la mesa no sólo todas las contradicciones del llamado Estado de las Autonomías sino el déficit democrático que sufrimos en España, derivado, entre otros motivos, de un bipartidismo que falsea los resultados electorales y entrega a los dos partidos mayoritarios el derecho a veto a la hora de configurar las grandes instituciones del Estado.

En primer lugar, el fallo sitúa no sólo a Cataluña sino al conjunto del estado español ante la necesidad de comprobar si el Estado Federal «cabe» dentro de la Constitución de 1978. En este sentido, quienes defendimos que el Estatuto Catalán era plenamente Constitucional entendemos que la sentencia puede significar la constatación de la imposibilidad de buscar un «atajo» para modificar los Estatutos de Autonomía hasta configurar un Estado Federal sin plantear una Reforma Constitucional, dado que una modificación de la Constitución es imposible mientras exista el veto del Partido Popular.

Por esta circunstancia, más allá de analizar los artículos considerados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, lo realmente importante es comprobar si solamente con una modificación de la Constitución se puede avanzar hacia el federalismo en España, circunstancia que obligaría a replantearse muchas cosas. Por ello, no es raro que el PSOE haya salido rápidamente a considerar positivo el fallo del Tribunal y tapar así este debate que pondría en cuestión el llamado Pacto Constitucional, y no sólo por la cuestión monárquica como venimos planteado desde el PCE hace tiempo.

En segundo lugar, la tramitación del recurso del PP contra el Estatuto Catalán ha puesto de manifiesto las debilidades de un sistema democrático que soporta la vergüenza de mantener durante cuatro años la inseguridad para un Estatuto pendiente de saber si es o no es constitucional, junto a la deslegitimación que para una institución como el Tribunal Constitucional supone la prórroga, de dudosa legitimidad, de algunos de sus miembros causado por el bloqueo que el sistema bipartidista garantiza con el derecho a veto.

Reflexionemos sobre la gravedad que tiene mantener desprestigiado, por decir algo suave, al Tribunal que tiene encomendado la interpretación y desarrollo de la máxima norma legal del Estado. Es evidente que tanto el PSOE como el PP anteponen el mantenimiento del bipartidismo y de sus intereses a la propia credibilidad del Estado de Derecho.

Cuando tengamos acceso a la sentencia podremos hacer una interpretación completa y más detallada y podremos señalar con más detenimiento los limites que el Tribunal Constitucional pone al desarrollo del Autogobierno en Cataluña, y por extensión al de todo el Estado. Pero desde este primer momento se pone de manifiesto la necesidad de que las fuerzas que defendemos una España Federal definamos nuestra alternativa, planteemos con claridad lo que debe significar un proyecto en el que hacer compatibles las máximas cotas de autogobierno para cada Nación, Nacionalidad o Región de España con la solidaridad entre pueblos, con garantizar los mismo derechos sociales para todos los que vivimos o trabajamos en el territorio español, y concretar un proyecto común para todo el estado español. Este debate no puede significar la difuminacion de los límites entre quienes defendemos un Estado Federal Solidario y quienes plantean un nacionalismo insolidario, y a veces con tintes xenófobos de unos territorios hacia otros.

También debe servir para reflexionar sobre la necesidad de poner en cuestión un sistema que delega la interpretación de la máxima norma legal en un tribunal sujeto al veto de los dos partidos mayoritarios en función de un sistema bipartidista.

En lo concreto, nuestra crítica de la sentencia del TC debe contemplar la globalidad de nuestro planteamiento, desde la denuncia de un TC deslegitimado hasta que la sentencia pone en cuestión la posibilidad de avanzar hacia una España Federal con esta Constitución, por lo que se evidencia la justeza de nuestro planteamiento de que la alternativa de una República Federal es el mejor encaje para el desarrollo de la voluntad de autogobierno de los distintos pueblos del estado con un proyecto conjunto y solidario para España y que esto sólo es posible desde una profunda reforma de la Constitución tal y como venimos exigiendo.

En todo caso, desde el PCE tenemos que plantearnos la necesidad de definir nuestro proyecto de Estado, en todas sus dimensiones, y hacerlo precisamente en unos momentos en los que la salida de la crisis que plantea el Gobierno del PSOE está poniendo en cuestión la propia esencia de la democracia cuando vacía de contenido el papel de los Gobiernos y los Parlamentos negándoles la posibilidad de plantear una política económica propia al margen de los acuerdos del Fondo Monetario Internacional y de los Bancos Centrales que no tienen ningún control ciudadano. En esta situación la defensa de una democracia lo mas amplia y participativa posible entronca con la denuncia de unas instituciones deslegitimadas y de un bipartidismo diseñado para asegurar tanto al PP como al PSOE el derecho de veto sobre modificaciones sustanciales del ordenamiento jurídico y social actual.