En un comunicado de la Secretaría de Movimientos Sociales del PCE publicado el viernes día 10 de febrero se informaba que el Congreso de los diputados había admitido a trámite la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) presentada por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de Barcelona y otras organizaciones catalanas.
El objetivo de dicha ILP sería conseguir el reconocimiento con carácter retroactivo de la dación en pago; la paralización de los deshacios y el alquiler social para que las familias desahuciadas puedan seguir viviendo en sus casas en régimen de alquiler a un precio que no supere el 30% de sus ingresos.
Para poner en marcha la ILP, según se informaba en el comunicado, se precisa disponer de un grupo suficiente de fedatarios/as, personas que “dan fe” de que las firmas que se recogen lo están conforme a los requisitos formalmente establecidos.
El comunicado recuerda que diariamente 180 familias son echadas a la calle en nuestro país y que las ejecuciones hipotecarias han ascendido a 155.000 en estos dos últimos años, es decir, 155.000 familias a las que han echado de sus viviendas.
Igualmente se recuerda que el desahucio es el paso previo a situaciones de exclusión social, pues encadena situaciones que desembocan en ello, pues la deuda con el banco persiste, se procede al embargo de nóminas, etc.
