El lunes por la noche me hubiera gustado ver el final de Crematorio, serie que –paradójicamente financiada por la Generalitat Valenciana- retrata de manera certera las redes de corrupción política y empresarial que han proliferado en nuestra tierra. Sin embargo, la realidad me obligó a estar en la calle, en otra trama policíaca que jamás hubiera imaginado más allá de la ficción: después de varios días de represión de las protestas estudiantiles, los antidisturbios habían sembrado el terror en el centro de Valencia arremetiendo con insusitada violencia y absoluta arbitrariedad contra manifestantes y viandantes. Parecía que se hubieran vuelto locos los policías y sus superiores políticos, pues estaban generando un grave problema de seguridad ciudadana donde sólo había una sana protesta social. ¿O es eso precisamente lo que pretendían y han conseguido, esconder el debate sobre los terribles recortes del gobierno valenciano debajo de un conflicto de orden público?

Desde luego, el asunto se le fue de las manos a la Delegada del Gobierno desde el primer día. El pasado miércoles unas pocas decenas de estudiantes del Instituto Lluís Vives cortaron la calle Xàtiva para protestar por los ataques a la educación pública y fueron reprimidos con dureza por la policía, que practicó la detención de un chico de 17 años. Al día siguiente, jueves, cayeron otros diez, entre ellos otro menor. Y el viernes, una quincena más. La mayoría pasaron más de 24 horas en el calabozo antes de prestar declaración ante el juez imputados por desórdenes públicos, resistencia a la autoridad o atentado. Algo increíble para quienes estuvimos en algún momento en las movilizaciones y conocemos a algunos de ellos, pero afortunadamente en este caso las imágenes las ha visto medio mundo: estudiantes blandiendo libros contra las porras de los policías, que pertrechados de casco y escudo resultaban milagrosamente heridos para justificar el parte de bajas en una batalla que sólo luchaban ellos. Los manifestantes respondían a los golpes con cánticos y consignas (“Què valents, que peguen als xiquets”, “Vergüenza me daría, ser policía”) antes de echar a correr para salvar el pellejo.

El lunes, a la misma hora que el personaje televisivo de Pepe Sancho trataba de solventar sus problemas con la justicia, más de veinte personas seguían detenidas en la comisaría de Zapadores. Hasta allí nos desplazamos el diputado de IU en el Congreso, Ricardo Sixto, y yo, avisados por familiares de menores que llevaban más de cinco horas incomunicados y, en algún caso, esposados contraviniendo la ley. Ningún responsable policial quiso informarnos, como representantes electos de la ciudadanía, del número de detenidos, de su estado de salud y de los cargos que se les imputaban. Ni tan siquiera atendieron a las familias de los mayores de edad –muchos de 18, 19 o 20 años- que pasaron toda la noche sin saber con certeza si los suyos estaban allí ni si estaban bien. Ni al padre que había visto en internet a su hijo con la nariz rota y la cara ensangrentada, ni a la hija que temía por la medicación de su padre epiléptico. “Es el procedimiento” y “circulen y abandonen la acera, que este es un lugar de tránsito” eran las respuestas de los policías que hacían guardia a la puerta de la comisaría.

No conseguimos hablar con ningún responsable policial pero pudimos conocer las historias de cada una de las familias a las que acompañamos en una vigilia de varias horas. Como la madre y las dos abuelas –una francesa, que debía dudar si estaba en la España de 2012 o en el Chile de 1973- que habían visto como la policía les arrebataba de las manos a una niña de 17 años que simplemente estaba parada en la acera esperando un semáforo en verde. Las imágenes pueden verse en YouTube y son realmente impactantes. ¿Habrán sido capaces de construir un atestado para justificar tamaña tropelía? Quienes hemos vivido en directo los abusos policiales en la “primavera valenciana” no podremos olvidarlo jamás. Ni queremos hacerlo, porque esta será también nuestra memoria histórica.

Tanto la derecha mediática como los gobiernos central y autonómico, ambos del PP, han tratado de desacreditar las protestas con las más variadas y surrealistas acusaciones (ABC llegó a publicar que los profesores prometían aprobados a quienes se sumaran a la revuelta), pero no han podido mostrar ni un solo vídeo, ni una sola foto, ni un solo testimonio de agresiones por parte de los estudiantes a la policía. Ni tan siquiera papeleras o marquesinas rotas en la zona de la calle Xàtiva. Tan sólo unos contenedores quemados en la avenida Blasco Ibáñez, muy lejos del instituto Lluís Vives, en una semana de protestas masivas y totalmente pacíficas. Unas movilizaciones que dejaron de registrar incidentes violentos, heridos y detenidos a partir del martes, cuando los antidisturbios fueron retirados de la calle. Una calle que ahora sólo ocupamos los indignados con los recortes sociales y la represión, con las mentiras oficiales y la corrupción. Una calle que no vamos a abandonar, porque “somos el pueblo, no el enemigo”.

Ignacio Blanco es Diputado autonómico de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV)

Diputado autonómico de Esquerra Unida del País Valencià