En la rueda de prensa realizada en Barcelona, Jose Luis Ramírez, portavoz de Jueces para la Democracia (JpD) aseguraba que esta decisión es propia de un estado “democrático” miope. Aseguraba además tener la sensación de que “movilizarse en la calle debe ser disuadido”, cuando en realidad los poderes públicos tienen la obligación de proteger y promover el ejercicio de los derechos fundamentales.
En este sentido afirmaba el portavoz de JpD que la responsabilidad del Estado es adoptar todas las medidas necesarias para que quienes quieran manifestarse puedan hacerlo sin el temor a verse envueltos en alguna investigación judicial.
Jose Luis Ramírez criticaba de esta forma la medida que ha tomado el Ejecutivo por la cual suspende los días 3 y 4 de Mayo el tratado de Schengen que permite el transcurso libre de personas entre los países miembros de la UE que hayan suscrito dicho tratado. Este cierre fronterizo coincide con la cumbre que tendrá lugar esos mismos días en Barcelona del Banco Central Europeo. La medida pretende disminuir el impacto de las previsibles protestas que suscitará la presencia del organismo europeo en la capital catalana.
Este tipo de decisiones supone en definitiva el desaliento del ejercicio de derechos fundamentales. La hostilidad y rechazo hacia los manifestantes que se desprende del amplísimo despliegue policial (7000 policías), que ya ha sido calificado de faraónico por un sindicato de mossos, y del anormal cerrojazo a las fronteras no permite ejercer el derecho de manifestación en condiciones de libertad.
