La Sanidad Pública en el Estado Español atraviesa con toda seguridad su peor momento desde la creación del Sistema Nacional de Salud (SNS). El Sistema Público Sanitario español, que nació con los principios rectores de equidad, universalidad, igualdad, gratuidad en el momento del uso, propiedad y provisión públicas de medios y recursos, está sufriendo el mayor ataque por parte de las políticas de derechas, ahora desarrolladas por el Partido Popular en toda su extensión, pero ya antes iniciadas por los gobiernos del Partido Socialista Obrero Español.

Nuestro Sistema Público era así, porque había sido conquistado, no otorgado. Conquistado por años de lucha y movilización popular, hasta lograr las altas cotas que hicieron que la OMS, lo colocara en el año 2000 en la 7ª posición global en la comparativa de todos los países de las Naciones Unidas, muy por encima de países con aseguramientos sanitarios mixtos, o mayoritariamente privados, como los de Inglaterra, Alemania o los Estados Unidos de Norteamérica. Pero esto va a cambiar drásticamente.

Desde hace unos años, los diversos gobiernos autonómicos del PP y del PSOE o de CiU en Cataluña, han ido sentando las bases para la privatización total del SNS, por la vía de conciertos cada vez más frecuentes de derivación a entidades privadas, privatización de plantas hospitalarias completas, externalización de servicios de hostelería y seguridad, conversión de personal estatutario o funcionario en personal laboral, precarización progresiva de los puestos de trabajo, creación y concesión de hospitales con “nuevas formas de gestión” como la PFI, siglas de iniciativa de financiación privada, que entregan recursos e infraestructuras públicas a manos de mercaderes de la salud, como las políticas en este sentido especialmente desarrolladas por el gobierno de la Comunidad de Madrid.

Pero desde la última victoria del PP en las Elecciones Generales de noviembre de 2011, retiradas ya las caretas de la mínima responsabilidad el RD-Ley 16/2012 de 20 de abril promulgado y aprobado por el rodillo de la mayoría absoluta del PP y ahora rechazado no sin cierta dosis de hipocresía por el PSOE, partido que en muchas ocasiones ha hecho los cambios legislativos y presupuestarios que lo han hecho posible, la Sanidad Pública está herida de muerte.

Convertido en un documento restrictivo de derechos, y que tiene como objetivo principal ver a la Salud como un elemento de “derroche económico injustificable”, contiene perlas como la vinculación del derecho a la atención sanitaria al aseguramiento lo que abre una cierta indeterminación sobre la presencia de un aseguramiento distinto al régimen general de la Seguridad Social, así como saca a un estrato importante de la población española (jóvenes que no han cotizado, cada vez más gracias a la nueva reforma laboral, inmigrantes sin papeles…) de la cobertura sanitaria no urgente. Este hecho es en sí mismo factor suficiente como para considerarlo un retroceso de décadas en los derechos de acceso a la Salud de la población, especialmente, como siempre, a la más desfavorecida y sin recursos.

Por otro lado, se modifica la cartera de servicios, introduciendo copagos en el acceso a la sanidad y aumentando los de acceso a los medicamentos, con una falsa idea de progresividad al matizar “según renta”. Éste gobierno, que ha rechazado destapar el fraude fiscal, que se niega a recuperar el impuesto del Patrimonio, no tiene manera humana de poder hacer una división real por renta que no penalice a los enfermos crónicos y a las rentas más bajas. Una vez más, supone serias limitaciones en transporte sanitario no urgente imprescindible para muchos tratamientos (diálisis, oncológicos, etc) y una traba insalvable al acceso a estos tratamientos para muchas personas.

La propia Cartera de Servicios se va a ver reducida, además sin criterios unificados entre diferentes Comunidades autónomas, lo que abre la puerta al fin de la universalidad y de la equidad interterritorial. Un dramático ejemplo, la salida de financiación del aborto en la Sanidad Pública lo que, unido a la más que previsible vuelta al modelo de supuestos en detrimento del modelo de plazos para la ley del Aborto en ciernes, supone un nuevo paso atrás de décadas en los derechos de la mujer y del conjunto de la población.

Un nuevo medicamentazo, con exclusión de fármacos de uso común de la financiación pública, con lo que sus precios serán renegociados al alza. Además esto, unido al nuevo copago, penaliza a enfermos crónicos, que han visto recortadas sus pensiones y poder adquisitivo. Una vuelta de tuerca a las personas de menos recursos que duele más cuando vemos la alegría con la que el consejo de administración de la entidad estafadora Bankia exige 19.000 millones de euros al Estado para su recapitalización. A veces parece que los nuevos mercaderes-amos del Estado no sean conscientes de que realmente hay familias sin recursos, que viven con 800€ o menos al mes, pensionistas cuya pensión no alcanza a 600€ para los que estas medidas, tienen un impacto brutal.

En definitiva, con medidas ultraliberales, propias del capitalismo desatado del PP, xenófobas, que excluyen a miles de personas inmigrantes del sistema, elitistas y clasistas, que ampliaran la brecha existente generando una sanidad para ricos y otra para pobres, con medidas que acaban con los principios de universalidad o equidad del SNS, éste queda debilitado hasta hacerlo irreconocible.

Por todo ello, el Partido Comunista de España hace un llamamiento a la resistencia activa frente al derribo de una de nuestros más preciados logros, la Sanidad Pública. Hemos de colaborar en cuantos foros sean necesarios y existan para oponerse a la privatización de la Sanidad. Debemos participar allí donde la comunidad sanitaria se organiza para luchar por una Sanidad Pública universal y digna de ser la Sanidad de todo el pueblo.

Sin lucha, la Sanidad está perdida. Con lucha, la Sanidad y el futuro son nuestros.