Los resultados de las elecciones municipales y autonómicas (en 13 CC.AA.) han significado un importante revulsivo en el mapa político institucional del Estado.

Las consecuencias de todo orden de estas elecciones son evidentes. No sólo por su importancia en el ciclo electoral que terminará en las generales (previsiblemente en noviembre), sino sobre todo por la importancia que han tenido en sí mismas: las competencias de las CC.AA. relativas a servicios sociales son importantes y el enfoque que se les dé será determinante para el próximo período de 4 años.

La primera constatación postelectoral es que comentaristas y analistas políticos se han convertido al pactismo y sus ventajas democráticas. La envergadura de esta conversión es gigantesca, basta su comparación en las hemerotecas con lo publicado cuando el PP intentó cambiar la ley electoral para privilegiar a la lista más votada. Tanta unanimidad no puede ser casualidad y expresa bastante bien la corriente de fondo de las “nuevas” posiciones de los poderes económicos y mediáticos.

La segunda constatación es que los acuerdos para la obtención de las alcaldías o de los gobiernos autonómicos tienen prácticamente la envergadura y el detalle de auténticos pactos de gobierno. Son, si se quiere, pactos de pre-gobierno. Algunos de ellos como el de la Comunidad de Madrid entre PP y Ciudadanos con más de 70 medidas concretas.

Pero lo que antecede sitúa sólo el contexto político e institucional de la cuestión principal que quiero abordar.

Del Estado de Bienestar al asistencialismo

Hace algunos años, escribí en estas páginas un artículo donde intentaba mostrar la imposibilidad actual de las políticas de pacto social que, tras la crisis de 1929 y la II Guerra Mundial (consecuencia en gran medida de esa crisis) habían llevado a la construcción de un modelo de Estado de Bienestar y al auge político de la socialdemocracia. Muy sintéticamente, ni se dan las condiciones históricas ni el gran capital las necesita.

Pero esas políticas eran políticas de “derechos”: a un trabajo digno, a pensiones públicas, a protección para el desempleo, educación universal gratuita, sanidad pública de calidad, entre otras cosas. A cambio de no cuestionar la obtención de plusvalía, las políticas socialdemócratas pugnaban por una redistribución más justa del excedente.

Hoy, hay que empezar a inquietarse. Los pactos de investidura que han tratado sobre tantas cosas, han dejado muy en segundo plano la creación de empleo. Esto puede entenderse para los Ayuntamientos, con pocas competencias directas, aunque con posibilidades indirectas muy interesantes. Pero se entiende mucho menos en el caso de las Comunidades Autónomas.

En el orden político, tampoco parece que la modificación de las leyes electorales haya sido condición para el apoyo. No hace demasiado tiempo que era una condición irrenunciable.

Pero lo más significativo es que el espacio institucional se está cubriendo con los llamados Planes de Rescate Ciudadano. Nadie duda de que sea importante atender a las personas en situación difícil y de que hay que tomar medidas urgentes y enérgicas en esa dirección, pero eso no es una política de derechos y menos aún de transformación social.

En un artículo publicado en el número anterior de Mundo Obrero, titulado “Cronificación de la crisis y nueva política”, señalaba como factor crucial de la salida neoliberal de la crisis el intento de consolidar como crónicas las consecuencias de la crisis para los trabajadores y trabajadoras, por tanto sin solución desde el sistema, y de limitar la alternativa a medidas asistenciales. Pongo en guardia porque la consolidación de esa política asistencial está íntimamente ligada a la consolidación de la propia salida neoliberal de la crisis.

Conseguir que un Banco “ceda” 1.500 viviendas en un alquiler de 300€/mes para personas sin vivienda o en riesgo de desahucio no es lo mismo que garantizar por Ley el derecho constitucional a la vivienda, como hizo IU en Andalucía, o desarrollar un programa de construcción de vivienda en alquiler moderado.

Garantizar que los comedores escolares sigan abiertos en el verano para que los niños en situación de pobreza puedan tener, al menos, una comida sana y nutritiva al día, está bien. Pero la cuestión nodal es asegurar que se reduzca la pobreza con medidas estructurales, entre las que se encuentra el empleo digno. Lo otro ya lo hace la derecha con mayor o menor eficacia.

Renunciar a la remunicipalización de servicios públicos (cuestión importante del programa de IU) cuando estos además se prestan con una calidad deplorable, a cambio de una mejora que debería ser cumplida de oficio no presagia nada nuevo en el futuro.

Pongo estos ejemplos porque han tenido cierta trascendencia mediática e, insisto, no tanto por lo anunciado -a lo que hay que conceder un margen de tiempo- sino por lo renunciado.

Porque esto último tiene una importante trascendencia ideológica. Aceptar que un banco municipal no tiene sentido, es aceptar la ideología del adversario sin la menor crítica. París tiene “Le Crédit Municipal de Paris”, por ejemplo, y desde bastante antes que gobernaran los socialistas con apoyo comunista. Por otro lado, se ha comenzado a cultivar una supuesta neutralidad de la capacidad técnica de los expertos. Tendrán que reconocer que los técnicos que nos han traído a donde estamos tenían también una notable capacidad.

La democracia paliativa

El gran riesgo es que el neoliberalismo haga corresponder el intento de convertir en crónicas las consecuencias de la crisis con un formato de la representación institucional que no pueda ir más allá de las medidas destinadas a paliar esas consecuencias.

Las moquetas son muy gruesas en los pasillos del capital y se empieza a ver personas que votaban antes contra un informe porque no anunciaba el socialismo para el día siguiente y ahora se conforman con el asistencialismo modelo ONG.

Paliar las consecuencias dramáticas de la crisis sobre la vida de las personas, sí; reconquistar los derechos perdidos, también; pero sobre todo, acometer con decisión las medidas estructurales que hagan imposible la consolidación de la salida capitalista de la crisis.