Pedro García, coordinador de IULV-CA en Córdoba es el delegado de urbanismo, gestión de residuos y limpieza Viaria y turismo, en el Ayuntamiento de Córdoba, además de coordinador del Área de Urbanismo, Infraestructuras y Medio Ambiente.
Mundo Obrero: Se cumple un año de las elecciones municipales del 24 de mayo de 2015. ¿Qué valoración haces del trabajo desarrollado en Córdoba durante este año?
Pedro García: Ha sido un año muy intenso de trabajo. Un año de decisiones muy importantes y urgentes que hemos tenido que afrontar para paralizar el modelo de ciudad que estaba imponiendo frente a la mayoría de la ciudadanía el gobierno municipal anterior del Partido Popular. La valoración que hacemos es muy positiva porque en pocos meses hemos cambiado el rumbo y hemos reorientado el Ayuntamiento hacia políticas claramente de izquierdas, destinadas a mejorar la vida de la mayoría de los cordobeses y cordobesas. No obstante, es necesario señalar que Córdoba tiene una larga tradición en gobiernos de izquierdas que nos ha allanado mucho el terreno. Es por ello que en Córdoba hace más de veinte años que adoptamos algunas medidas que recién ahora se empiezan a aplicar en los llamados “Ayuntamientos del cambio”, y que al Partido Popular no le ha resultado nada fácil poder desmontar en su último mandato.
M.O.: ¿Cuál es o ha sido el mayor reto al que os habéis enfrentado desde que asumisteis la gestión del ayuntamiento y cuál la mayor satisfacción?
P.G.: Hemos asumido varios retos importantes. El primero, nada más llegar, fue cumplir nuestro compromiso con la lucha de cientos de cordobeses y cordobesas de la Acampada Dignidad del antiguo colegio público Rey Heredia, que en octubre de 2013 fue ocupado por la ciudadanía -y desde entonces realiza una labor social y solidaria excepcional-, firmando la cesión del espacio para los colectivos, ciudadanos y ciudadanas del barrio y retirando los cargos que se les imputaban judicialmente a las personas por defender este espacio de lucha social. Otro reto fue paralizar todas las privatizaciones importantes que había comenzado el gobierno municipal anterior, fundamentalmente la del alumbrado público, cuya gestión la estaban llevando a cabo empresas vinculadas a la trama púnica. Asimismo, iniciamos retos desde el punto de vista urbanístico en defensa de lo público, recuperando espacios privatizados o recalificados para su privatización. Estamos ahora poniendo en marcha los estudios para iniciar un nuevo PGOU que recupere el ‘Derecho a la Ciudad’, apostando por un modelo verde, equilibrado e inclusivo.
M.O.: ¿Qué medidas importantes habéis puesto en marcha y cuál es la valoración, si la conocéis, de los vecinos?
P.G.: Lo primero que hicimos nada más llegar al gobierno municipal fue poner a la gente en el centro de nuestra acción política. De este modo pusimos en funcionamiento la Oficina en Defensa de la Vivienda y declaramos a Córdoba ‘Ciudad contra los desahucios’. La lucha por la defensa de la vivienda digna ha sido uno de los focos más importantes en los que hemos centrado nuestros esfuerzos en estos primeros meses. Asimismo, en el primer presupuesto municipal que hemos elaborado, aumentamos la partida de ayuda de emergencia en un millón de euros más, para que ningún ciudadano o ciudadana de Córdoba pase hambre, o le puedan cortar la luz o el agua en nuestra ciudad. En este sentido, cabe destacar que desde la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (EMACSA), hemos podido garantizar que todas las familias tengan un mínimo vital de agua de tres metros cúbicos por persona. En definitiva, el foco de nuestra acción política más inmediata está puesto en la emergencia social y el rescate ciudadano y de lo público. Aún es pronto para tener datos de la valoración de los vecinos, pero precisamente en este sentido es donde estamos estableciendo otro de nuestros ejes transversales de acción política como es la participación ciudadana, y que se convertirá en una seña de identidad de este gobierno. Para ello, estamos impulsando un nuevo modelo de participación mucho más directo y democrático. Queremos que la ciudadanía se involucre cada vez más y de forma más efectiva y es por ello que hemos inaugurado recientemente la Escuela de Participación Ciudadana. Otro gran proyecto de democracia presupuestaria es el que hemos llevado desde la Delegación de Infraestructuras y Medio Ambiente que hemos llamado “Mi barrio es Córdoba”, cuyo nombre responde precisamente a esa intención de integrar y equilibrar la ciudad. Con este proyecto pretendemos que la ciudadanía participe, debata y decida cuáles son las inversiones de mantenimiento más importantes para su barrio. Posteriormente, y tras un importante proceso participativo, es la ciudadanía la que decide dónde y cómo actuamos. Entendemos que las valoraciones de la ciudadanía y las decisiones que se tomen a partir de su participación organizada constituyen uno de los mayores fuertes con los que contará el Ayuntamiento de Córdoba.
Por último, y en la misma línea de participación ciudadana y evaluación constante que estamos llevando a cabo en este mandato como Grupo Municipal de Izquierda Unida, es que estamos constantemente en la calle con nuestros concejales y concejalas explicando en Asambleas de barrio abiertas cuál es nuestra acción en el gobierno municipal. Los resultados son muy positivos porque los vecinos y vecinas de cada barrio pueden sentir directamente la cercanía y la facilidad para preguntar, quejarse y sugerirle a nuestros ediles municipales todo aquello que les preocupa de nuestra ciudad, y además de forma continuada. El ejercicio democrático resulta así mucho más satisfactorio que vernos las caras una vez cada cuatro años cuando toca pedir el voto.
M.O.: ¿Cuáles son las próximas medidas que están en la agenda para esta legislatura?
P.G.: Ahora estamos estudiando todas las fórmulas y resquicios que nos permite la ley para la creación de empleo digno. Uno de los primeros pasos que estamos dando en este sentido es desde la empresa pública Saneamientos de Córdoba (SADECO), mediante la cual hemos abierto una bolsa de empleo público para cuatrocientas personas. Este es solo un ejemplo, ya que en nuestro equipo de gobierno entendemos que la lucha por el empleo digno y de calidad es algo por lo que debemos trabajar desde todas las áreas, y no solo desde lo público, sino también a través del fomento de la pequeña y mediana empresa, el comercio de cercanía y la producción local. En definitiva, queremos darle un fuerte importante impulso a la economía social y solidaria, como modelo económico y social alternativo al que quiere imponer la troika o el TTIP, favoreciendo a los grandes intereses transnacionales con el beneplácito de los gobiernos de casi toda Europa, incluido por supuesto el de nuestro país.
