Perú: la hora de la democracia

Tras la destitución forzada del presidente Pedro Castillo en Perú el pasado 7 de diciembre y la instauración de un gobierno ilegítimo, sin apoyo popular, presidido por la que hasta ese momento había sido la vicepresidenta del país, Dina Boluarte, la situación es límite fruto de la brutal represión que sufren quienes alzan su voz pidiendo elecciones y un proceso constituyente.

Ante la gravedad de la situación las instituciones europeas no pueden seguir mirando hacia otro lado, ni mantener los acuerdos comerciales que incluyen la venta de munición, utilizada para reprimir las protestas, y seguir obviando la criminalización y persecución sistemática de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, la estigmatización bajo acusaciones generalizadas de terrorismo, las detenciones arbitrarias y las torturas y malos tratos que están recibiendo quienes exigen que Perú pueda disfrutar de una democracia plena por primera vez en la historia.

A través de la misión de The Left en Perú, pudimos comprobar, in situ, tras diferentes encuentros con entidades locales, que las cifras del número de personas muertas y heridas son bastante más elevadas que las que arroja la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que las sitúa en 56 muertos, siendo las regiones con población indígena las que concentran el 80% de las muertes, mientras que representan solo el 13% de la población total del país, hecho que deja claro el carácter racista del uso abusivo y desproporcionado de la violencia por parte del ejecutivo liderado por Boluarte y que “los indígenas son el combustible del sistema productivo colonial”.

Las protestas ya han alcanzado la capital limeña a través de los delegados de las provincias enviados por comunidades de todo el país que hacen un enorme esfuerzo humano y material para que estos puedan desplazarse y mantenerse en Lima para defender sus reivindicaciones colectivas.

Y es que la unión es el gran motor de las protestas. Desde los sindicatos hasta los pueblos originarios, pasando por los estudiantes y organizaciones campesinas, todo el mundo tiene claro que hay que acabar con la Constitución fujimorista que rige todavía en el país. Una Constitución de absoluto corte neoliberal, caracterizada por una ambigüedad que hace que no sea posible un presidente con una mayoría legislativa. En los últimos seis años hemos sido testigos de la llegada al poder de presidentes elegidos con un porcentaje mínimo del voto. Esto hace que no exista una mayoría legislativa y, por lo tanto, sus posibilidades de gobernar son prácticamente nulas, otorgándole además al Parlamento la posibilidad de quitar presidentes. De ahí que esta Constitución sea la raíz de la decadencia de las instituciones peruanas, bajo la cual la corrupta oligarquía económica del país ha avalado un golpe de Estado a través del que se ha instaurado un gobierno de facto que cuenta con la desaprobación de la mayoría de la ciudadanía peruana que pide la salida de Boluarte y la disolución del Congreso.

El 80% de los muertos en la represión son de regiones con población indígena.

A pesar de que la oleada represiva se extiende hasta el hostigamiento y la detención de activistas y de defensores y defensoras de derechos humanos, nos encontramos con un pueblo que está dispuesto a hacer temblar los cimientos de un pasado autoritario, un pueblo dispuesto a ponerle fin a los privilegios de las élites económicas y políticas, nacionales y extranjeras, que campan a sus anchas,  blandiendo su espada colonial expoliando sus recursos naturales. Un pueblo que lucha por democratizar la economía y que habla de redistribución de la riqueza para acabar con la extrema pobreza que asola un país que tiene una extensión de 1.285.215 km², lo que convierte a Perú en el tercer estado de mayor extensión en América del Sur, después de Brasil y Argentina, situándose así entre los 20 países más extensos del planeta, con derechos territoriales sobre una superficie de 60 millones de hectáreas en la Antártida.

Fuimos testigos de la participación masiva en la gran marcha del 9 de febrero en Lima, convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y por el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), enmarcada dentro de una jornada de paro nacional que ha certificado que el cambio está en marcha, que la movilización social no se va a frenar por mucho que lo intente impedir un gobierno de facto que se encuentra contra las cuerdas y que es cuestionado por la mayoría de líderes de izquierda de la región y que las listas negras, las persecuciones, los señalamientos, las acusaciones falsas de violencia, de terruqueo (uso de acusaciones de terrorismo para deslegitimar el movimiento de protesta, práctica que utilizaba la dictadura fujimorista contra su oposición), son los gobiernos progresistas del Continente quienes marcan el camino a pesar de que la extrema derecha latinoamericana y parte de la europea, a través del Foro de Madrid, liderado por Santiago Abascal, intenten que la OEA, en su papel de ministerio de las colonias estadounidense, sea cómplice de las violaciones de derechos fundamentales llevadas a cabo por el gobierno de facto de Dina Boluarte.

Y es que a doscientos años de su independencia, los nadie, los excluidos en Perú, tienen claro que es hora de ser parte del país, porque ellos y ellas son la verdadera patria, que es hora de que Perú renazca de sus cenizas y apuntale los cimientos de una democracia secuestrada. Porque como escribió Galeano en las Venas abiertas de América Latina: “(…) Es América Latina, la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha trasmutado siempre en capital europeo o, más tarde, norteamericano, y como tal se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder. Todo: la tierra, sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los recursos naturales y los recursos humanos… Es mucha la podredumbre para arrojar al fondo del mar en el camino de la reconstrucción de América Latina. Los despojados, los humillados, los malditos tienen, ellos sí, en sus manos, la tarea. La causa nacional latinoamericana es, ante todo, una causa social: para que América Latina pueda nacer de nuevo, habrá que empezar por derribar a sus dueños, país por país. Se abren tiempos de rebelión y de cambio (…)” es hora de que las venas abiertas del Continente comiencen a cerrarse.