Este martes se publicaba un artículo de Pablo Sempere en el periódico “Cinco Días” sobre las rentas del alquiler. En este reportaje se utilizan datos de la agencia tributaria para realizar una radiografía de los propietarios de la vivienda en alquiler. Tal como se produce a nivel general en el sistema capitalista, el alquiler se concentra cada vez en menos manos, en concreto las más ricas.
Tal como se apunta, del millón de personas que reciben una renta bruta anual superior a 60.000€, el 25% declara ingresos por el alquiler. Sin embargo, en el lado de menor renta vemos que de las personas con una renta inferior a 60.000 euros, solo el 8,6% declara rentas por alquiler. Lo que plantea la primera idea clara, el alquiler no está hecho para las rentas bajas. Tan es así que, el 35% de las personas con más de 600.000 euros de renta anual declara ingresos por alquileres frente al 0,3% de personas con menos recursos.
Para entender cuál es la tendencia, hacia que modelo de alquiler nos dirigimos, vemos cómo han cambiado las rentas en los últimos 10 años. A este respecto, lo primero que llama la atención es que el porcentaje de personas que declaran ser rentistas de la vivienda ha aumentado en todos los tramos excepto en el de 6.000 a 12.000. Sin duda, el incremento de los precios del alquiler acaba por lanzar a la población al rentismo a través de la vivienda. Sin embargo, es imperativo señalar que el negocio del alquiler es cosa del capital.
La agencia muestra que en 2021 en España se incrementó en 12.178 personas el número de personas con una renta bruta anual con más de 601.000 euros. Este dato implica un aumento del 163% respecto a 2012. Al igual que el grupo inmediatamente inferior (entre 150.000 y 601.000 de euros) que ha crecido en más de 123.000 personas, lo que implica un 104% de incremento.
El día después de publicarse está información el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha sacado un hilo de denuncia recordando el trabajo que realizan frente a los propietarios. Tras mucha negociación y debate, el 26 de mayo entraba en vigor la Ley de Vivienda aprobada en las Cortes Generales. Casi dos meses después de la aprobación, FACUA-Consumidores en Acción denuncia que 4 de cada 10 inmobiliarias analizadas incumplen la prohibición de cobrar honorarios o gastos de gestión a los inquilinos. Así lo revela el estudio que ha realizado la asociación sobre una muestra de 114 agencias repartidas en 11 capitales de provincia. Señalando Madrid y Palma de Mallorca como ciudades con mayor grado de incumplimiento.
De las inmobiliarias analizadas, 47 (el 41%) siguen informando a las personas que buscan piso de que, en caso de que firmen el contrato de arrendamiento, se les cobrará una cantidad en conceptos tales como «honorarios», «gastos de gestión» o «comisión».
Y todo ello pese a que desde finales de mayo, la entrada en vigor de la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda introdujo una modificación en el artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, que ahora incluye lo siguiente: «Los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador».
La asociación de consumidores ha recordado que “aquellos usuarios que se vean obligados a pagar este concepto para no perder la oportunidad de alquilar el piso, que pidan factura independiente por el concepto abonado, o que haga el abono por transferencia indicando el concepto” para, “una vez firmado el contrato de alquiler y habitando ya el piso, pueden dirigirse a la inmobiliaria para solicitar el reembolso de dicha cantidad”.
