Decenas de organizaciones políticas, sindicales y sociales han firmado un manifiesto ante la celebración el Día de Andalucía este 28 de febrero, que titulan ’28F Andalucía por la soberanía, lo público y la paz’, y han llamado al pueblo andaluz a asistir a una movilización que empezará a las 12 horas desde San Telmo en Sevilla. Ante una jornada donde lamentan que la celebración oficial «le dé la espalda a la Andalucía real», reclaman «poner el acento en la necesidad de la soberanía política para poder decidir nuestro futuro» para de esta forma afrontar «los problemas seculares que sufre el pueblo andaluz».
«Es hora de poner en valor nuestros servicios públicos que garantizan los derechos sociales», reclama ese texto que cuenta con el apoyo del Partido Comunista de Andalucía e Izquierda Unida y que describe a Andalucía como «subyugada en lo económico; subalterna en política; y expropiada en lo cultural».
En su diagnóstico de los problemas que aquejan a Andalucía, identifican «un modelo económico que condena a la clase trabajadora a la pobreza y la marginación», conclusión a la que suman «el desmantelamiento de servicios públicos esenciales como sanidad y educación». El retrato de Andalucía les lleva a afirmar que la región «es utilizada como vertedero de Europa», tesis a la que añaden otros males como «la turistización», «la acaparación de tierras», el extractivismo desmedido», una suma de problemas que les hace afirmar que «lastran e hipotecan nuestro futuro, destruyendo y arruinando nuestro entorno natural».
El manifiesto de la izquierda ante el 28F reclama el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria, junto con precios justos para la agricultura, tras poner de manifiesto «un injusto reparto de la propiedad», que se traduce en que «unos pocos privilegiados obtienen sumas millonarias en ayudas europeas», mientras que «la producción agrícola no obtiene precios justos mientras que gran parte del beneficio se lo llevan distribuidoras y grandes cadenas comerciales».
El texto, que reclama también «una nueva cultura del agua», recrimina al Gobierno andaluz «prácticas irracionales» como convertir agua en nieve artificial cuando prevé cortes en el suministro para la población; reclama al Gobierno de España la ruptura de relaciones con «el Estado criminal de Israel» y la adhesión a la iniciativa de Suráfrica ante la Corte Internacional de Justicia por cuanto expresan «preocupación» ante «el genocidio televisado en Palestina».
