No es difícil justificar por qué es el momento de reducir por ley el tiempo de trabajo en España. La jornada laboral máxima legal lleva siendo de 1826 horas anuales, 40 semanales, desde 1981. Es verdad que a través de la negociación colectiva la jornada media efectiva es de unas 38,3 semanales. Pero como toda media, esconde situaciones muy dispares entre unas empresas y otras, entre unos sectores y otros, que conviene corregir en aras de la igualdad.
En la actualidad, la demanda de tiempo para la vida personal o social, es muy compartida por amplias capas de la clase trabajadora. No es menos cierto que quien cuenta con un bajo salario, prioriza esta reivindicación salarial sobre cualquier otra. También que las prácticas fraudulentas o abusivas de las horas extras, o el uso espurio del contrato a tiempo parcial, puede hacer que, en la vivencia laboral concreta, el debate sobre la reducción de jornada quede opacado por esas realidades de explotación primaria que sufren tantas personas, en buena parte mujeres trabajadoras. No es menos cierto que la distribución del tiempo de trabajo es una disputa tan importante como el cómputo total de tal tiempo. De poco sirve tener una jornada más corta si la empresa decide unilateralmente la hora de entrada y salida, o qué conceptos cuentan como tiempo efectivo de trabajo.
La distribución del tiempo de trabajo es una disputa tan importante como el cómputo total de tal tiempo
Pero precisamente por todo esto, modificar el marco general de la jornada laboral, así como fortalecer los sistemas de control horario, son claves en este momento. Junto con la subida del SMI y la estabilización de la contratación tras la reforma laboral, deben configurar un marco que aborde una clave fundamental: fortalecer el poder organizado de la clase trabajadora.
Reducir el desempleo es otra variable fundamental. La evolución demográfica de España, más el potencial para nuestro país de la transformación de los modelos energéticos aplicados a la producción, pueden acercarnos al pleno empleo en los próximos años. Y esta es una condición muy relevante para luchar por una mejor distribución de la riqueza a través de los salarios. El discurso recurrente sobre las vacantes laborales, así como sobre los supuestos déficits formativos de la clase trabajadora (discurso falso, pues el nivel de cualificación suele estar por encima de los requerimientos de los empleos ofertados, al menos hasta ahora), son síntomas de que los sectores empresariales empiezan a ver las “orejas al lobo”. Tras décadas en los que las tasas de paro y la temporalidad eran elementos de disciplinamiento laboral bajo el paradigma de los bajos salarios como factor competitivo de España, vamos a vivir un momento en el que las políticas públicas pueden jugar un papel determinante en cómo se configura el modelo económico de nuestro país.
La potencialidad de las políticas industriales y sectoriales, un marco laboral más equilibrado ante los enormes riesgos que conlleva la digitalización utilizada como ariete contra el derecho laboral, o la planificación de los flujos migratorios, son solo tres ejemplos de los retos laborales de las políticas públicas.
El fortalecimiento del sindicalismo de clase en los centros de trabajo, y su papel multiescalar en los sectores productivos, y en la propia dinámica sociopolítica del país a través de las funciones constitucionales de la negociación colectiva y el diálogo social, son la clave fundamental.
La reducción de la jornada laboral tiene una justificación en sí misma, pero no debe desligarse de estas aproximaciones más amplias. El modelo laboral español se concibió como funcional a un modelo económico basado en la competencia en base a bajos salarios, sectores de bajo valor añadido y escasa industrialización. El reto es modificar esos patrones de crecimiento hacia una economía más sostenible en todos los aspectos, y una clase trabajadora con más poder de negociación.
Obtener consensos sociales y políticos ante estos retos, es deseable. Lo es porque suponen un cierto alineamiento de las prioridades de un país. Y lo es porque, en mi opinión, los fundamentos sobre los que se basarían esos consensos son necesariamente una enmienda de calado a la orientación neoliberal aplicada a la política económica y laboral durante décadas.
Pero precisamente por eso resulta tan difícil trabar esos consensos como estamos viendo en la negociación sobre la jornada laboral. La resistencia del neoliberalismo a reconocer su defunción operativa es evidente. Lo es porque, más que una ideología al uso, en países como España se concibió como una coartada retórica para justificar un modelo extractivo, muy del gusto de buena parte de la élite económica del país. Es por todo ello que nos hemos movilizado recientemente apelando a CEOE para resituar la mesa de negociación, y lo haremos próximamente para demandar de los distintos grupos políticos una posición inequívoca al respecto.
