Actualmente no tienen sentido las universidades privadas

Las tres misiones fundamentales de las universidades, la enseñanza, la investigación y el servicio a la sociedad, sólo pueden alcanzarse con un modelo social no mercantil de universidad pública, con titularidad y gestión pública.
Universidad privada
Fuente: Kit / CC BY 2.0

Desde el año 2000 los campus privados han pasado de 16 a 46, mientras las universidades públicas eran y siguen siendo 50. En Madrid hay 14 centros privados y seis públicos. Pocos sectores dan tantos beneficios como la privatización de la Educación Superior. Un negocio siempre económico, y también ideológico, en manos de las universidades creadas por instituciones religiosas o ideológicas o por fondos buitres y empresas.

El Real Decreto del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), por el cual se modifica el Real Decreto 640/2021 de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, así como acreditación institucional de centros universitarios en España, es una medida socialdemócrata que no palía el negocio de chiringuitos privados que han sido impulsados, sobre todo por gobiernos conservadores, pero también socialdemócratas, por todo el territorio estatal. Es una performance que mantiene la estructura como está. No toca el núcleo esencial del problema: la existencia de universidades privadas.

Vemos cómo gobiernos conservadores, que parece que gobiernan más bien para las empresas a quienes benefician, han acelerado la creación de universidades-chiringuitos privados, como el de Baleares (PP) que ha otorgado privilegios administrativos, urbanísticos y políticos para aprobar la creación de la “universidad” San Pablo CEU de la Asociación Católica de Propagandistas (con sedes en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla). O el PP-Vox que aprueban una universidad privada de Extremadura sin completar la tramitación y con informes negativos. O las de Asturias (en Oviedo y Avilés), en una región gobernada por el PSOE. Generan así una competencia con las universidades públicas en carreras universitarias en las que no había más necesidad de egresados; el único afán es el beneficio de los accionistas de esas empresas. O, en el caso de las universidades-chiringuitos religiosos, el afán de adoctrinamiento ideológico que es el caldo de cultivo de la extrema derecha, pues están dirigidos por la jerarquía católica más integrista de toda Europa.

Las universidades-chiringuitos religiosos, están dirigidas por la jerarquía católica más integrista de toda Europa. Su adoctrinamiento ideológico es caldo de cultivo de la extrema derecha

Es un negocio espectacular. En solo 18 meses, tres centros privados han cambiado de titularidad en Madrid en operaciones de fondos buitre que acumulan varios miles de millones de euros: El fondo CVC ha vendido la Universidad Alfonso X el Sabio por el doble de lo que pagó hace solo 6 años. El fondo Permira ha vendido la Universidad Europea al fondo sueco EQT por tres veces lo que desembolsó en 2019. Miguel Arrufat, dueño de la privada Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) y de la Universidad Villanueva, ha vendido esta última a la Fundación Universitaria Villanueva.

Los ingresos del sector privado crecen a ritmo de un 68% cada año, alcanzando los 3.700 millones de euros en 2023, según el observatorio DBK. Los fondos entran, recortan, despiden, precarizan y revenden para obtener rentabilidades rápidas. Impulsando sobre todo los sectores más lucrativos: los másteres y especialmente los online.

En la Comunidad Autónoma de Madrid hay 14 centros privados y seis públicos. Porque pocos sectores dan tan alto nivel de beneficios como la privatización de la Educación Superior (una rentabilidad media del 9,4%). Desde el año 2000 los campus privados han pasado de 16 a 46, mientras las públicas eran 50 entonces y siguen siendo 50 hoy, porque no hay voluntad política para financiar ninguna pública más.

Pero el problema de fondo es que este RD es un lavado de cara que no soluciona el problema. Solo pone un parche. Porque el problema de fondo es que no es posible concebir la Educación Superior como negocio. Sea como negocio ideológico (universidades creadas por instituciones religiosas o ideológicas) ni como negocio económico (universidades creadas por empresas o fondos de capital riesgo). La Educación Superior, como la educación en general, es un derecho humano. Su organización, por tanto, no puede diseñarse desde una concepción mercantil y de obtención de beneficio económico o ideológico. Otra cosa distinta es que la ciencia, la investigación, los descubrimientos y los productos resultantes de esa Educación Superior puedan producir beneficios sociales, culturales, productivos, económicos, ideológicos y políticos a la sociedad.

Nos encontramos con la conversión de la universidad en un nicho de negocio de empresas y corporaciones privadas y una investigación adaptada a la industria privada

Las tres misiones fundamentales de las universidades, la enseñanza, la investigación y el servicio a la sociedad, sólo pueden alcanzarse manteniendo y potenciando un modelo social no mercantil de universidad pública, de titularidad y gestión pública. Lamentablemente, frente a este modelo social de universidad, nos encontramos con la conversión de la educación superior en una simple mercancía y la universidad en una industria del conocimiento, nicho de negocio de empresas y corporaciones privadas que buscan el beneficio (sea económico o ideológico), una docencia universitaria que encaje con las exigencias de capital humano provenientes del sector privado y la investigación susceptible de ser comercializada de forma inmediata de cara a generar beneficios para la industria privada.

De la campaña ideológica de desprestigio al desmantelamiento

Para justificar este modelo mercantilista hemos venido asistiendo a una campaña ideológica sistemática de desprestigio de lo público frente a la exaltación de lo privado; de catastrofismo en el balance sobre la universidad pública; falseamiento de las cifras sobre el tamaño o el coste de nuestras universidades públicas; priorización exclusiva de la vertiente mercantil de la función de transferencia de conocimiento; ataque frontal a la autonomía universitaria pretendiendo que órganos de gobierno sean designados por autoridades o grupos de poder ajenos a la universidad; proliferación de universidades-chiringuitos privadas, prácticamente sin ningún control, en un contexto de estancamiento de la demanda de estudiantes y con una oferta de titulaciones ya cubierta por el sector público; etc.

Esta ofensiva contra la universidad pública ha ido subiendo de nivel en los últimos años. El ataque ha traspasado la barrera de la mercantilización y la descalificación para entrar directamente en el desmantelamiento (como en la Comunidad de Madrid y Andalucía), mediante aumento de tasas, supresión de financiación, subvenciones y becas, plantillas y personal, etc.

Es cierto que se hace necesario repensar los auténticos problemas de la universidad pública y hacerles frente: desde el ahogamiento financiero; la deriva mercantil por las presiones de los clientes/empresas (financiadores) privadas; la privatización del conocimiento; la normalización de la competencia para conseguir financiación para la investigación; el abandono de formación de ciudadanía crítica y políticamente comprometida; gobiernos poco participativos y democráticos, con injerencia del mundo empresarial; pérdida de autonomía universitaria; precariedad en las condiciones de trabajo …

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EL GRAN PROBLEMA ES CONCEBIR LA EDUCACIÓN SUPERIOR COMO NEGOCIO

Pero esto no es óbice para que haya voluntad política para que, de una vez por todas, se afronte el gran problema de la Educación Superior: concebirla como negocio. No se puede convertir en un negocio privado donde se forme, se investigue y se transfiera el conocimiento en función de criterios mercantiles, es decir, del modelo esencial propio del capitalismo. Y esto es lo que estamos haciendo con el impulso cada vez mayor de universidades privadas. Porque están modificando la finalidad y el sentido esencial de la Educación Superior. Y, lo que es peor, normalizando la apropiación del conocimiento y el saber al servicio del capital, y al propio capitalismo, que mercantiliza todo lo que toca.

En definitiva, seguir admitiendo la existencia de las universidades privadas supone asumir que el capitalismo, el lucro, la usura, las relaciones comerciales y la extracción de beneficio pueden regir la ciencia, el conocimiento y la formación propia de la educación superior. Algo que contradice abiertamente el sentido básico de la Educación Superior como un derecho esencial. Debemos cuestionar la asunción de estas supuestas “normalidades” que consolidan cada vez más un sistema anómalo que parece presentársenos como el único pensable y posible.

El síntoma es el crecimiento de las universidades privadas, la instalación del afán de lucro en el corazón de la Educación Superior. La enfermedad es el capitalismo.

(*) Catedrático de la Universidad de León

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